Amnistía Internacional llama al gobierno Petro a proteger a líderes y defensores

Con el informe 'Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa', Amnistía Internacional se pronunció frente a las afectaciones que han sufrido defensores en el país. 

Estas no han sido atendidas en los últimos cinco años, pues de acuerdo a la organización no ha sido suficiente la respuesta del Estado ante los graves riesgos que enfrentan las personas que ejercen cualquier tipo de liderazgo en derechos humanos.

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Ana Piquer, directora para América de Amnistía Internacional, resaltó al respecto que han "observado que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país".

En ese orden de ideas, se le solicitó a las autoridades que trabajen en un esquema de protección colectiva para abordar las causas estructurales de las afectaciones, haciendo hincapié en que cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder, dijo que esta situación cambiaría a mediano y largo plazo.

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"A pesar de ese cambio de rumbo, Amnistía Internacional pudo verificar que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos continuó durante su mandato, tanto en términos de cifras generales como respecto de varios de los casos documentados en el informe", dice el reporte.

El informe 'Esperanza bajo riesgo' compiló cinco casos en los que se atacó y amenazó a defensores de derechos humanos en cuatro regiones del país. Una es de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan), la cual defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de Barrancabermeja. En el reporte aparece que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.

Otra es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que trabaja en la misma región por la defensa de los derechos humanos, pero esa misión se ha visto atravesada por desplazamientos forzados a los que se han expuesto a sus integrantes. 

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También aparece la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa). "El objetivo de la organización, conformada por familias campesinas, es gestionar la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. Jani Silva y otras integrantes de Adispa han sido atacadas y amenazadas en innumerables ocasiones durante los últimos cinco años, especialmente por su trabajo de conservación del medio ambiente y vigilancia de la biodiversidad y el agua en el territorio", dice el informe de Amnistía.

A estas organizaciones se suma la comunidad indígena de Aseimpome y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que promueve los derechos asociados a la tierra del campesinado que habita en el Catatumbo.

“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas las personas defensoras y sus comunidades, especialmente en los casos de aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas medidas deben buscar la completa mitigación de las causas generadoras de la violencia a partir de un enfoque integral e interseccional”, concluyó Ana Piquer.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49