Cinco ETCR más serían trasladados por riesgos de seguridad por violencia en las regiones, según la directora de la ARN

A la salida forzada que tuvieron que hacer los excombatientes que vivían en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación (AETCR) de Miravalle, Caquetá, a mediados de este año, por cuenta de la violencia de las disidencias, se sumarían en los próximos meses otros cinco AETCR que también están amenazados por el conflicto, según comentó la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) Alejandra Miller, durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Con esto, se llegaría a un total de 10 AETCR que por cuenta de la violencia habrían tenido que reubicarse, es decir, casi la mitad (41,6 por ciento) de los 24 AETCR que están en distintas zonas del país.

La audiencia, realizada este 3 de septiembre, la citaron los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP para hablar sobre las medidas adoptadas para proteger a los firmantes de paz y sus familias.

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En el marco de su exposición, la directora de la ARN habló del futuro de los cinco espacios en Antioquia, Cauca, Putumayo y Meta que ya están en proceso de reubicación por el alto riesgo en el que están.

Estos espacios, además, hacen parte del grupo de aproximadamente “9 ETCR que no tienen tierra y deben ser trasladados en el marco de la compra de tierra para hacer proyectos productivos y vivienda”, comentó Miller.

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Los cinco AETCR que serían trasladados en los próximos meses por temas de seguridad son el de Carrizal, en Remedios, Antioquia; ‘El Cerral’ o ‘La Elvira’, en Buenos Aires, Cauca; Monterredondo, en Miranda, Cauca; ‘La Pradera’ o ‘La Carmelita’, en Puerto Asís, Putumayo; y ‘Simón Trinidad’, en Mesetas, Meta.

Para algunos de estos ya están en marcha procesos con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para buscar nuevos predios, en uno de ellos ya hay un proceso de compra (‘La Elvira’) y en otro (Carrizal) está pendiente la entrega del predio que ya se compró.

Sumados a los espacios en los que por temas de seguridad no pueden permanecer los firmantes, ante la JEP Alejandra Miller se refirió así mismo a otros seis AETCR que también tienen alto riesgo de seguridad pero tienen una vocación de permanencia.

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“Son ETCR que a pesar de las dificultades de violencia y situaciones de seguridad territorial, la gente ha decidido quedarse ahí porque ya son dueños del predio o porque ya tienen avances en la construcción de vivienda”, dijo la directora de la ARN.

Ante la JEP, la directora de la ARN también enfatizó en las necesidades de vivienda de los firmantes de paz y dijo que la Agencia no tiene competencia para construir casas, algo que está en manos del Ministerio de Vivienda, que a la fecha solo ha arrancado con las soluciones de vivienda en cuatro AETCR de los 24 que existen en total.

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“Sabemos que son procedimientos que son lentos, dispendiosos, demorados. Mientras tanto la Agencia para la Reincorporación encontró que podíamos trabajar sobre alojamientos temporales”, dijo Miller, quien adelantó que la Agencia ya está próxima a hacer licitaciones para la construcción de varios alojamientos temporales en distintos AETCR.

A mediados de 2024 el AETCR de Miravalle, Caquetá, tuvo que ser trasladado debido a la presión de disidencias de las Farc que generaban un riesgo inminente para los excombatientes reincorporados. Este espacio tuvo que ser reubicado en El Doncello, Caquetá, en un predio en alquiler temporal mientras se pueden comprar otros predios para su estadía.

También en 2023 se reubicó el espacio ‘Georgina Ortiz’, que estaba en Vista Hermosa, Meta y que ahora está en San Juan de Arama, en el mismo departamento.

A estos se suman los AETCR de Ituango, Antioquia, que tuvo que moverse en 2020 hacia Mutatá, en el mismo departamento; así como el de Yarí, que estaba en La Macarena, Meta y en 2021 tuvo que reubicarse en El Doncello, en Caquetá.

Hermides Linares, uno de los firmantes de paz que estaba en el AETCR de Miravalle, en Caquetá, el último en ser reubicado por motivos de seguridad, señaló que esta situación que estan enfrentando estos espacios se había advertido hacía mucho tiempo pero no se tomaron las medidas necesarias para prevenir que tuvieran que desplazarse. 

“Empezar de cero es muy difícil y muy triste, tener que abandonar estos espacios representa un retroceso porque no hay garantías para decir que vamos a trasladarnos y a mover de una vez todos los proyectos productivos, a tener solucionado el tema de vivienda", comentó. 

Añadió que independientemente del ETCR que sea, tener que desplazarlos implica un retroceso en los procesos de reincorporación de excombatientes: "Esto es un retroceso, que sea o no un fracaso depende de las habilidades del Estado de cómo nos podemos reorganizar, para esto tiene que haber la voluntad política”.

Ante la JEP, Miller también habló sobre cómo se viene trabajando de manera integral desde distintos frentes para una reincorporación digna y con seguridad, y presentó las estrategias de acompañamiento a firmantes que han desplegado, por ejemplo, frente a los asesinatos de firmantes de paz.

Esa estrategia tiene cuatro fases: identificación de los sujetos de atención, procesos de búsqueda, acompañamiento y seguimiento.

“La Agencia tiene un protocolo de acompañamiento inmediato y un acompañamiento a largo plazo. En esto encontramos un vacío, en el largo plazo se tenía que hacer un trabajo más profundo”, sostuvo.

Por ejemplo, citó que hacía falta un acompañamiento más profundo para las viudas y los hijos de los firmantes de paz asesinados, por lo cual desde su llegada a la Agencia se comenzó a actualizar la estrategia de acompañamiento a largo plazo, que incluye un acompañamiento psicosocial, familiar, de manejo del duelo, espacios de diálogo, un enfoque de empoderamiento, un componente jurídico, y en general, un acompañamiento comunitario, económico que lleva también al fortalecimiento de liderazgos y capacidades.

“En estos momentos hay 183 personas viudas a quienes se les está consignando la renta básica, y estamos haciendo un proceso de atención a 203 familias de firmantes asesinados”, dijo Miller.

La directora de la ARN agregó que habrá inversiones por el orden de 1.200 millones de pesos para gastos funerarios de aquellos firmantes de paz víctimas de homicidio.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia