Las visiones encontradas que generó el informe de la Comisión de la Verdad

El informe con las recomendaciones y conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre el origen, actores y consecuencias del conflicto, así como las cosas que podrían cambiar para evitar seguir en la violencia, han generado visiones distintas.

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De un lado, varias víctimas han alegado sentirse excluidas del trabajo e informe de la Comisión, pero del otro, el padre Francisco de Roux, quien la preside, aboga por una reflexión social generalizada de los horrores de la guerra y a que se itan las responsabilidades necesarias. 

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Las principales críticas que han surgido al informe han sido de víctimas integrantes de la Fuerza Pública, que consideran que fueron excluidas y que es un relato parcializado en detrimento de las instituciones que integraron.

El general (r) de la Policía Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 11 años, tras la toma a Mitú en 1998, lo dijo así: “Sabíamos que íbamos a quedar excluidos de representación. Aquí no se han interesado en esclarecer la verdad, sino que se está sindicando al Estado de ser el responsable, pero a quienes intervinieron en las actividades terroristas se les ha dejado de lado o las verdades son muy fragmentarias”.

Mendieta no solo cuestionó que las recomendaciones incluyeran reformas estructurales del Estado, sino que alegó que faltaron verdades por esclarecer en relación con el narcotráfico y los apoyos que la guerrilla recibió.

El hoy coronel del Ejército Raimundo Malagón, rescatado en la ‘Operación Jaque’ luego de 10 años de secuestro por las Farc, señaló que el informe es una investigación seria, pero que se queda corto con la defensa de la institucionalidad, del Estado y las Fuerzas Militares.

“Es descriptiva sobre las víctimas, pero le hace falta ahondar más. Yo fui entrevistado y narré las experiencias sufridas; sin embargo, hay muchas víctimas de la Fuerza Pública que no son tenidas en cuenta”, dijo. Malagón estimó que algunas recomendaciones son parcializadas y que no sería adecuada ninguna reforma que debilite jurídicamente las instituciones del Estado.

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A su turno, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), Jhon Marulanda, dijo que el informe “tiene un marcado sesgo ideológico y termina culpando al Estado, el Gobierno y las Fuerzas Militares por la violencia, cuando tenía que responsabilizar a los verdaderos autores de la debacle del país”.

Así mismo, 52 asociaciones de uniformados de la reserva y pensionados de la Fuerza Pública dijeron en un comunicado que les preocupan algunas de las recomendaciones del informe y que en “los procesos que se siguieron por la Comisión no se tuvieron en cuenta todas las voces, lo cual significa una falta de equilibrio en los resultados (...) es necesario recordar que los múltiples informes entregados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron ignorados”.

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El exgobernador de Meta Alan Jara dijo que espera conocer los otros capítulos del informe y aunque entiende que es imposible que salgan los relatos de todos, sí “quisiera que se conozcan las condiciones infrahumanas en las que permanecimos secuestrados. Lo que quiero como víctima es que se reconozca todo lo que pasó para que no vuelva a pasar”.

Uno de los cuestionamientos más duró llegó del ministro de Defensa, Diego Molano, quien dijo que a la Fuerza Pública no se le puede responsabilizar de la violencia que afectó al país.

“No puede ser que el Estado, las Fuerzas Militares, la Policía, y el resto de colombianos, trabajadores, campesinos, estudiantes, madres cabeza de hogar, empresarios, que trabajan en la legalidad, sean los responsables de la violencia histórica en Colombia. A ellos se les respeta, ira y honra”.

Habló también el expresidente Álvaro Uribe, quien en sus redes sociales dijo: “Comisión de la Verdad: nació de desconocer un plebiscito; su informe absuelve terroristas que determinaron el nacimiento de otros; su sesgo contra las FF. AA. y sectores productivos aumenta la fractura entre colombianos. Necesario cotejar con aporte a la verdad de Mindefensa”.

Tras la publicación del informe final, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, hizo un llamado a la reconciliación e invitó a un diálogo, ya que las cosas están sobre la mesa, para entender los dolorosos hallazgos que sobre la guerra hizo la entidad.

“Ahí están los 50.000 secuestrados, ahí están las familias de los 450.000 y más muertos, ahí están los militares sin piernas y ciegos y los policías sin brazos, ahí están las mamás que buscan a 110.000 desaparecidos. ¿Eso quién lo discute? El punto es por qué nos metimos en esto y qué hacemos desde todos los lados para que esto no siga”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.

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De Roux insistió en que se escucharon a más de 30.000 víctimas en testimonios individuales y encuentros colectivos en todo el país, y resaltó que recibieron más de 1.000 informes, que se escucharon a los expresidentes vivos, a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y que se reunieron más de 67 veces con integrantes de las Fuerzas Militares “para contribuir a la verdad desde las distintas instancias de la Fuerza Pública”.

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Y les responde a quienes cuestionan su imparcialidad que ninguno de los 11 comisionados es militante de un partido, que ellos fueron elegidos por un comité independiente y que su intención fue comprender la verdad de este conflicto. “Por supuesto, hay gente que nos dice: ‘es que no nos escucharon suficientemente’. Pero es que cuando hay más de 9 millones de víctimas... Pero no tengo conciencia de haber excluido a nadie que hubiera querido llegar a la Comisión”.

Su mensaje es claro: “Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos está atrapada en un ‘modo guerra’ en el que no podemos concebir que los demás piensen distinto. Hasta hacerlos enemigos y posibilitar que algunos fueran convertidos en humo en las chimeneas del horno crematorio de Juan Frío; el que los soldados devinieran trofeos de caza para la guerrilla y encontráramos en bolsas de basura despojos de políticos abaleados; que nos acostumbráramos a las muertes suspendidas del secuestro y a recoger los cadáveres de líderes incómodos”.

El llamado que propone también va dirigido a aceptar “responsabilidades éticas y políticas con sinceridad de corazón. ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales de su decisión? ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?”.

De Roux también llamó a analizar con serenidad la victimización del país, honrar a las víctimas y a implementar el acuerdo de paz: “Que paremos la guerra de todos los lados y la paremos ya, y que con mucha fuerza el Estado tome la conducción de la paz. Al Eln le decimos: ‘encontremos caminos de diálogo. Hay que encontrarnos en una mesa’ ”.

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