Desde 2016 han asesinado 883 líderes sociales; en 2021 van 130: Defensoría

La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre, es recibida en Colombia con un preocupante balance de hechos de violencia contra, precisamente, quienes defienden estas garantías en los territorios y ejercen liderazgos en sus comunidades.

(En contexto: En lo que va del año, cada 2,6 días asesinaron a un líder social)

Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, que reveló que en los 333 días transcurridos entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2021, 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país.

Esto significa que cada 2,6 días se presentó el homicidio de una de estas personas.

Aunque la cifra es menor comparada con los registros de años anteriores, para la entidad son muy graves estos hechos, así como preocupantes las acciones de los grupos armados ilegales contra esta población.

Durante todo 2020, los asesinatos de líderes y defensores llegaron a 182 casos, el pico más alto desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, lo que dejó en evidencia que ni siquiera las medidas de confinamiento para combatir la pandemia redujeron la violencia contra esta población.

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La evolución de estos homicidios ha sido variable, pasando de 133 casos en 2016 a 126 en 2017, 178 en 2018 y 134 en 2019. Así, desde 2016 hasta noviembre de 2021, el país alcanza las 883 muertes de líderes y defensores.

Estas cifras fueron reveladas este jueves por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Camargo detalló que el registro de la entidad señala que de los 130 casos que van en lo corrido de este año, 111 fueron contra hombres y 19 contra mujeres. De la misma forma, aseguró que el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales (31), indígenas (30), comunitarios (16), campesinos (14) y sindicales (7).

“Nuestro balance defensorial muestra que el 75 por ciento de los homicidios contra líderes sociales se presentó en ocho departamentos: Antioquia encabeza la lista con 22 casos, y le siguen Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5”, aseguró Camargo.

En cuanto a los municipios más afectados, Cali encabeza la lista con 7 homicidios, seguido de Argelia con y Tumaco con 4, Buenaventura, Cúcuta y Dabeiba con tres y Alto Baudó y Arauca con dos casos.

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Las cifras de la Defensoría también dan cuenta de que el arranque del año fue el periodo en el que más violencia se ejerció contra los líderes sociales. El mes que registra más homicidios es enero, con 19. Mayo, con 17, y octubre, con 14, fueron los otros meses con índices más alarmantes.

Camargo destacó que si bien hay una reducción frente al dato de 2020, el impacto que tiene sobre las comunidades cada uno de los homicidios es lamentable, y repudió estos hechos que, según la Defensoría, se dan principalmente por el accionar de los grupos armados ilegales.

Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, el grupo que registra la mayor cantidad de estas advertencias es el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con 127, seguido del ‘clan del Golfo’ (126 alertas tempranas). Sobre las facciones disidentes de las antiguas Farc hay registro de 114, mientras que el Ejército Popular de Liberación (Epl) registra 26, y otros grupos, 56.

“Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del Estado social de derecho”, agregó el defensor Carlos Camargo.

El balance de la entidad del Ministerio Público registra que los homicidios representan el 20 por ciento de todas las vulneraciones de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Entre esas vulneraciones, las amenazas son el principal riesgo para esta población, con el 73 por ciento de todos los reportes, que entre enero y septiembre de 2021 alcanzaron 549 conductas vulneratorias. Norte de Santander, Sucre y Magdalena son los departamentos en donde más se reportaron amenazas, con 86, 43 y 41 casos, respectivamente. Los tipos de liderazgos más afectados son comunitario (85), indígena (73) y servicios públicos (64).

Toda la información de la Defensoría fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias que permitan esclarecer cada uno de los casos.

El proyecto de ley 030 del 2021 del Senado, que busca adoptar medidas para la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra las personas defensoras de los derechos humanos, recibió concepto desfavorable del Consejo Superior de Política Criminal.

Se trata de una iniciativa presentada este año por los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, María José Pizarro, Antonio Sanguino, Guillermo García y Angélica Lozano, que está pendiente de ponencia de primer debate.

Aunque el Consejo de Política Criminal, adscrito al Ministerio de Justicia, reconoce la importancia que tiene la protección de la vida e integridad de esta población, argumentó que el proyecto de ley modifica dos artículos y crea uno, lo que “no corresponde a una política criminal racional”.

Entre esas modificaciones está la de conceder preacuerdos y principios de oportunidad solo cuando se demuestre que la conducta delictiva existió y el imputado es autor o partícipe. Además, el proyecto 030 propone incluir la garantía a las víctimas a los derechos a la verdad, justicia y la no repetición, lo cual, según el Consejo, “ya se satisface a través de la reparación integral que se encuentra prevista en la norma actual”.

De otro lado, el proyecto busca añadir un artículo que contempla beneficios para los victimarios de estas personas cuando hagan una colaboración eficaz con la justicia. “Es menester señalar que las reducciones punitivas de los condenados no son de competencia de la Fiscalía General de la Nación, sino que corresponden a aspectos propios del Código Penitenciario y Carcelario”, dijo el Consejo.

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“La iniciativa pretende modificar el artículo 327 de la Ley 906 de 2004; es equivocada, la reforma del artículo 348 de la Ley 906 de 2004 es innecesaria, y la inclusión del artículo 353A desconoce que ya existen beneficios por colaboración, un agravante a los delitos contemplados en los artículos 350 al 367B de la Ley 599 de 2000 sin la debida justificación y sustento argumentativo que soporten su conveniencia y razonabilidad”, señaló la entidad.