Las advertencias de Defensoría por rezagos en implementación del acuerdo de paz

Retrasos en la clarificación de tierras, en el cumplimiento de las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros, hacen parte del Tercer Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano, publicado por la Defensoría del Pueblo y que corresponde al segundo semestre del 2022.

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El informe analizó punto por punto los avances y retrasos en la implementación e hizo algunas recomendaciones al respecto. En términos generales, la Defensoría sostuvo que el seguimiento a la implementación describe un fenómeno de ralentización entre julio y diciembre de 2022, pero también permite apreciar los avances en diferentes compromisos.

De entrada, el defensor Carlos Camargo sostuvo que, aunque estamos en una etapa de transición, “es imperativo que los mensajes enviados se traduzcan en acciones afirmativas, pues los indicadores del plan marco de implementación distan de registrar avances significativos, en oposición a los propósitos y la buena voluntad declarada por el nuevo Gobierno. Solo en la medida en que se cumpla lo pactado en el Acuerdo Final podremos hablar de Paz Total”.

En el punto 1, de Reforma Rural Integral, el informe llama la atención sobre los atrasos en el Fondo de Tierras, “pues a la fecha no existe claridad del total de hectáreas que reposan en el fondo de tierras, ni mucho menos la información sobre los sujetos de ordenamiento que se han visto beneficiados con la titulación de estos predios”.

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Añade que tampoco se identifican las fuentes de las que provienen dichos bienes inmuebles rurales, ni mucho menos la situación física y jurídica de los mismos, y aunque la Defensoría evidenció que hay 38.544 procesos istrativos agrarios que involucran 3’905.678 hectáreas, solo el 1,3 por ciento cuenta con resolución final. “Ello supone un retraso significativo en términos de clarificación y recuperación de tierras de la Nación para fines de provisión del Fondo de Tierras, lo que a su vez repercute en procesos de adjudicación de tierras para población campesina y pueblos étnicos”.

Aunque se destacó la intervención de la ministra de Agricultura Cecilia López para la compra de tierras, con Fedegán, “la Defensoría del Pueblo no observa procedimientos claros, orientados al cumplimiento y financiamiento de la meta de adquisición de las tres millones de hectáreas. Así mismo, se requiere esclarecer si el cumplimiento de esta meta anunciada, superaría el compromiso definido en el Acuerdo Final, en relación con el ingreso al Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas para fines de adjudicación”.

También se señala que de las 32.808 iniciativas contenidas en los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que instrumentalizan los PDET en la práctica, a octubre de 2022 solo 13.206 tenían una ruta de implementación activa, que aunque representa el 40,25 por ciento de avance, tener esa ruta activa no implica “la ejecución de proyectos ni la culminación de los mismos, por lo que se hace necesario identificar el avance real en término de implementación las iniciativas formuladas”, sostiene el documento.

Así mismo, se cuestionó que hasta ahora se han adoptado solo 15 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para la RRI, y señala que “la dilación en la adopción de todos y cada uno de los Planes dificulta la articulación entre ellos y no permite ofrecer soluciones integrales a las comunidades rurales para crear condiciones de vida digna”.

El defensor Camargo declaró que “no son suficientes los anuncios, con menor razón si son aprovechados o entendidos de mala manera y convertidos en mecanismo de presión para lograr decisiones inmediatas, como en el caso de las ocupaciones ilegales de tierras”.

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En cuanto al punto 2, sobre participación política, el documento resalta, entre otras cosas, la expedición del Estatuto de la Oposición pero señala la necesidad de atender las múltiples actividades que de él se desprenden, orientadas al otorgamiento de las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política, por ejemplo, estudios que permitan trazar lineamientos y acciones que faciliten la definición de medidas de seguridad en el contexto de participación en política.

Sin embargo pone de presentes las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que siguen presentes para personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, organizaciones y colectivos, “como resultado de este contexto de riesgo, la Defensoría del Pueblo advierte que entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, se registraron 215 homicidios a líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional; de los cuales más del 80%, se registraron en municipios previamente advertidos por la Defensoría del Pueblo”.

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Sobre el punto 3 de fin del conflicto el informe dice que según datos de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), al 31 de octubre de 2022 de los 14.035 excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 12.729 estaban en proceso de reincorporación.

También se señaló que desde abril de 2021 se constituyó el patrimonio autónomo para istrar el inventario de los bienes de las ex-Farc pero tanto el Gobierno como la Contraloría han denunciado manejos indebidos en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), “del billón de pesos relacionados en las actas de entrega por parte de las extintas FARC-EP, únicamente se constituyó un Patrimonio Autónomo en la vigencia 2021 por $43.000 millones, correspondientes a efectivo, caletas, dólares, semovientes, muebles y enseres y medios de transporte” sostiene el informe citando a la Contraloría.

Además, se critican los “precarios avances” en adjudicación de bienes fiscales en istración de la SAE a favor de excombatientes para que desarrollen sus proyectos productivos.

Dentro de las principales dificultades que inciden en su destinación efectiva, se destaca el incumplimiento de los requisitos legales por parte de la población en reincorporación; la vocación del suelo de los predios que no cumple con las condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos productivos; predios con interés de los colectivos pero que ya tienen destinación para población campesina; predios sin saneamiento predial o con ocupaciones irregulares.

Por esto, la Defensoría recomendó a la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Reincorporación y Normalización avanzar en una estrategia conjunta con el Colectivo Comunes, “a fin de establecer un plan de trabajo para cada uno de los AETCR que a la fecha están pendiente de avanzar en el proceso de compra de predios para fines de adjudicación de tierras”.

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En cuanto al punto 4, que es sobre drogas, el informe recoge que para diciembre de 2022 el 89 por ciento de las familias beneficiarias del programa de sustitución de cultivos habían recibido la totalidad de los pagos de Asistencia Alimentaria inmediata, 94 por ciento estaban recibiendo servicio de asistencia técnica integral, 86% recibían proyectos de auto sostenimiento y seguridad alimentaria huertas caseras y 81% habían recibido proyectos productivos de ciclo corto y 2,41% proyectos productivos de ciclo largo.

“Se evidencia un alto rezago en la finalización de estos componentes, ello si se tiene en cuenta que el plazo previsto para la implementación de los componentes eran los dos primeros años del programa de sustitución. A ello se suma el poco avance que tras cinco años registra la puesta en marcha de proyectos productivos de ciclo largo”, manifestó la Defensoría.

Frente al punto 5, de víctimas señalan que desde la Defensoría se ha insistido en que los planes de reparación colectiva se articulen con otros instrumentos de planeación territorial “y que recoja de manera efectiva la voz de las comunidades, además de que permitan la reparación y transformación de las realidades de las comunidades más afectadas por el conflicto armado”.

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Añade que en las bases de formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo el gobierno ha recogido las recomendaciones del ministerio público en el marco de su estrategia para la implementación del acuerdo de paz.

Frente a todo el informe, la Defensoría destaca que el nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, aunque destacó que ha habido voluntad para la implementación.

“El Acuerdo Final debe integrarse al espíritu de la Paz Total, y asumir el cumplimiento del primero como un elemento fundamental para ser creíbles en el segundo. El incumplimiento del Acuerdo Final le quitaría posibilidades persuasivas a los argumentos de la Paz Total en la medida en que los grupos negociadores estarán monitoreando el cumplimiento de esas obligaciones para evaluar la capacidad del Estado de cumplir sus compromisos”, concluyó Camargo.

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