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Defensoría defendió ante la Corte el decreto de conmoción interior, pero solicitó control y audiencia pública

Desde hace tres semanas, la Corte inició el estudio del estado de excepción y los decretos emitidos en este marco.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, en una visita en el Catatumbo Foto: Catatumbo

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Sara Valentina Quevedo Delgado

REDACTORA A05.03.2025 12:37 Actualizado: 05.03.2025 14:45

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Un mes largo después de firmado el decreto de conmoción interior, la magistrada Paola Meneses alista la ponencia con la que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidirá si tumba o deja en firme esta figura de excepción. Durante una audiencia sobre la constitucionalidad de la norma, la Defensoría del Pueblo defendió su viabilidad, pero pidió un control riguroso y una audiencia pública para medir su impacto.

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Esta medida, empleada por el presidente Gustavo Petro para hacer frente a la peor crisis de orden público registrada en el Catatumbo, contó con el respaldo de la Defensoría, que afirmó que eran necesarias acciones extraordinarias en el ámbito humanitario para abordar la situación.

Desplazados del Catatumbo en el estadio General Santander de Cúcuta Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

Sin embargo, el aval de la entidad ante la Corte (que no tiene carácter vinculante) no fue una carta blanca. Solicitó una "revisión rigurosa de la necesidad de las medidas adoptadas en los decretos emitidos en el marco de esta figura, así como una audiencia pública en el territorio para escuchar a las comunidades afectadas".

En el concepto, la Defensoría aseguró que el decreto cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, pero pidió un análisis sobre la necesidad y los alcances de esta medida que debe utilizarse solo cuando las herramientas ordinarias del Estado han sido insuficientes para contener la crisis.

El Ministerio Público, que estuvo presente en el Catatumbo desde el momento en que estalló la emergencia debido a la escalada de los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc, reafirmó la gravedad de la situación. Sin embargo, instó al Gobierno a demostrar que las herramientas constitucionales y legales ordinarias se quedaron cortas para atenderla.

Defensoría del Pueblo advirtió que se consumaron los graves hechos alertados desde 2020 en el Catatumbo. — Defensoría advirtió que se consumaron los graves hechos alertados desde 2020 en la región. Foto:César Melgarejo/ EL TIEMPO

En la otra orilla, la Defensoría le pidió a la Corte confirmar si el Estado agotó todas las medidas antes de recurrir a la figura de excepción y poner la lupa sobre los decretos emitidos bajo este contexto para asegurar que sean proporcionales a las causas que desataron la crisis y no incurran en abusos o extralimitaciones.

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"La historia del país ha demostrado que los estados de excepción pueden generar impactos profundos en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, la Defensoría hace un llamado a que cualquier medida derivada de esta declaratoria sea objeto de una evaluación minuciosa, garantizando que no se convierta en un mecanismo de restricción desproporcionada de derechos",

Por último, solicitó una audiencia pública en el proceso de revisión del decreto para 'desburocratizar' el trámite y que las comunidades afectadas, expertos en derechos humanos y organismos de la sociedad civil puedan compartir su punto de vista sobre la situación en la región para confirmar la pertinencia de la conmoción interior.

Donaciones Barranquilla Catatumbo — Entrega de ayuda humanitaria tras la crisis de orden público en Norte de Santander. Foto:Prensa Alcaldía de Barranquilla

"La Defensoría insiste en que la respuesta del Estado no puede limitarse a una acción de carácter militar o de seguridad pública. Se requiere una intervención estatal integral que garantice", precisó la entidad.

Las aguas están divididas en la opinión pública, donde gremios como la Andi han pedido a la Corte tumbar la norma. Por su parte, el Gobierno ha expedido una decena de decretos y puesto en marcha tres nuevos impuestos con la meta de recaudar $3 billones de pesos para inyectar capital a los proyectos sociales que busca implementar en la región. Entre estos, el pago por erradicar, que fue debatido en el último consejo de ministros televisado, el pasado 3 de marzo.

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En caso de que la Corte Constitucional declare la norma inexequible, siguiendo la tendencia que ha tenido este tribunal con las medidas de excepción adoptadas por gobiernos anteriores, los decretos emitidos hasta el momento también quedarían sin efecto.

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Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacción Justicia

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