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'Alias don Berna no ha dado información sobre crimen de Eduardo Umaña'
Juristas internacionales le dijeron a Justicia y Paz que esto afecta el derecho a la verdad.
El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, 'Don Berna'. Foto: Archivo particular
En manos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antioquia se encuentra definir si excluye o no de ese proceso al exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como ‘Don Berna’, quien, si bien ha aceptado la comisión de múltiples crímenes por la línea de mando, según la Fiscalía, no ha dado información ni participado en audiencias.
Al proceso llegó un escrito elaborado por un grupo de reconocidas asociaciones internacionales de juristas que reclamaron la falta de información de ‘Don Berna’ en el caso específico del crimen del reconocido abogado Eduardo Umaña Mendoza, perpetrado el 18 de abril de 1998 en Bogotá por sicarios que se hicieron pasar por reporteros.
La Comisión Internacional de Juristas, el instituto Robert F. Kennedy Human Rights, la Asociación Americana de Juristas, entre otros, dijeron que se debe garantizar el derecho a la verdad
Los perpetradores eran parte de la banda La Terraza que en ese momento lideraba ‘Don Berna’, quien ejecutó la orden dada por Carlos Castaño, jefe y creador de las Autodefensas, para acabar con la vida del reconocido defensor de derechos humanos que había destapado crímenes de inteligencia militar.
El 31 de agosto de 2020, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento en contra ‘Don Berna’ por este caso que fue declarado como de lesa humanidad en 2016.
La Comisión Internacional de Juristas, el instituto Robert F. Kennedy Human Rights, la Asociación Americana de Juristas y el Observatorio Internacional de la Abogacía le dijeron al Tribunal que es necesario garantizar el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas.
Es importante que se establezca que la falta de información proporcionada por el procesado va en contravía del cumplimiento del derecho a la verdad y las garantías judiciales
“En el caso que el honorable Tribunal lleva sobre la ejecución del reconocido defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, es importante que se establezca que la falta de información proporcionada por el procesado va en contravía del cumplimiento del derecho a la verdad y las garantías judiciales”, indicaron en escrito de 15 páginas conocido por EL TIEMPO.
Las organizaciones expusieron como la jurisprudencia internacional ha sido constante en señalar que el derecho a la verdad, por sus características, se encuentra estrechamente vinculado con el a la justicia por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. E indicaron que estos también aplican para procesos de justicia transicional como este.
“Si bien la creación de instrumentos para esclarecer las circunstancias en que hechos violatorios a los derechos humanos tuvieron lugar contribuyen en buena medida al derecho a la verdad, estos no pueden sustituir a la acción de la justicia para la identificación, juicio y sanción de los responsables de los mismos, tareas estas que, por sus características, corresponden a la justicia penal”, indicaron.
Diego Murillo, alias Don Berna, paramilitar extraditado en audiencia en los Estados Unidos Foto:Archivo particular
En ese sentido, las organizaciones recordaron del deber que tiene el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de responsables de crímenes de lesa humanidad.
“Se trata de graves violaciones de derechos humanos de carácter imprescriptible, no susceptibles de amnistía, cuya falta de debido esclarecimiento puede generar la responsabilidad internacional del Estado y habilitar la jurisdicción universal a fin de establecer la responsabilidad penal individual de los implicados”, explicaron.
Los juristas internacionales recordaron que el derecho internacional impone la obligación de castigar con penas apropiadas y proporcionales a la gravedad de los hechos “a las personas declaradas culpables de graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, como la ocurrida en el caso de Eduardo Umaña”.
“La imposición de sanciones irrisorias, en desprecio del principio de proporcionalidad de las penas, constituye una forma reconocida de impunidad de facto por el derecho internacional y una vulneración de la obligación de castigar las graves violaciones a los derechos humanos con penas apropiadas. Incluso, en procesos de justicia transicional, órganos de protección internacional han considerado que los Estados deben respetar y garantizar el principio de proporcionalidad de las penas”, expresaron.
El 11 de agosto la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antoquia dará a conocer su decisión sobre la solicitud de exclusión que presentó la Fiscalía y que apoyaron algunas, pero no todas, organizaciones que defienden a las víctimas del exparamilitar.
Diego Fernando Murillo Bejarano fue jefe de La Terraza y comandante de los bloques Pacífico, Calima y Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además, fue nombrado por Carlos Castaño en 2002 como ‘inspector general’ de esta organización, hizo parte de su estado mayor y luego lideró el Bloque Central Bolívar. Se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003.