El viacrucis para encontrar a un hijo desaparecido: avances y retos de la Ley de mujeres buscadoras

Pasaron 22 años de calvario para que Blanca Nubia, indígena del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, se reencontrara con su hijo. Tiene fresco en su memoria aquel 2 de diciembre de 2001, día en que lo despidió cuando salió de su casa rumbo a una finca cafetera donde trabajaba. Fue la última vez que lo vio con vida.

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Jhoban de Jesús Cañas tenía 16 años cuando desapareció. A falta de respuestas de las autoridades encargadas de traerlo de vuelta, su madre emprendió un camino de espinas que concluiría 22 años después, cuando le entregaron un cofre con sus restos.

Blanca Nubia hizo el trabajo sola. Al principio, guiada por rumores que señalaban un lugar donde presuntamente Jhoban habría sido enterrado sin identificar: el cementerio El Cármen, en Riosucio. Le decían que había sido asesinado y presentado como baja en combate por el Ejército, en un patrón criminal que el país conoce como 'falsos positivos'. 

Con esa información, acudió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para corroborar la versión. Pese a tener indicios, la incertidumbre se alargó por más de dos décadas. Durante la segunda de cuatro intervenciones realizadas en el Cementerio El Carmen por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entre el 27 y el 31 de marzo, Jhoban fue encontrado. En esas fechas, fueron exhumados los cuerpos de 46 personas, posibles víctimas de desaparición forzada, de los resguardos emberás San Lorenzo y Cañamomo Lomaprieta, de donde salió para nunca volver el hijo de Blanca Nubia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tiene hasta el momento 31.000 solicitudes de búsqueda, detrás de las cuales hay en su mayoría mujeres. Madres, esposas e hijas de las víctimas que emprendieron este camino que no siempre confluye en respuestas. 

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Para facilitar su tarea —que, en primera instancia, debería ser adelantada por las autoridades, que, debido al universo de búsqueda (124.734 víctimas), a veces se quedan cortas—, el pasado 4 de abril fue aprobada en el Congreso la Ley de Mujeres Buscadoras. Una norma que les otorga reconocimiento y las considera sujetos de especial protección, debido a las múltiples barreras que enfrentan, incluso amenazas a su vida.

Tras ocho meses de su implementación, cuatro Ministerios, Medicina Legal, la Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y las entidades hijas de los acuerdos de paz, como la Unidad de Búsqueda y la JEP, se dieron cita para hacer un balance.

La audiencia fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en el marco de la medida cautelar nacional ordenada por dicha sección, con el fin de garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.

“Aunque la Ley 2364 de 2024 es un gran paso, su éxito depende de una implementación eficaz. Esto incluye garantizar recursos suficientes, fortalecer las capacidades institucionales y promover una verdadera articulación entre el gobierno y las organizaciones de víctimas”, dijo en el encuentro el magistrado Raúl Sánchez.

Los avances apuntan a las mesas intersectoriales, entre estos los comités técnicos del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), que han definido matrices para el seguimiento y cumplimiento de las disposiciones legales. También herramientas como el SIRDEC, de Medicina Legal, que permite a los familiares consultar el estado de los procesos de búsqueda e identificación.

Uno de los programas que más flores recibió fue el de Búsqueda Inversa, una estrategia liderada por la UBPD con la que se pretende buscar a los familiares de las víctimas que han sido encontradas, identificadas, pero que no han sido reclamadas.

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Por su parte, las barreras que se identificaron tienen que ver con la asignación presupuestal. “Desde la Procuraduría consideramos necesario que el Gobierno Nacional defina una entidad que asuma el diálogo con el Departamento Nacional de Planeación para valorar la pertinencia de un documento Conpes y, con el Ministerio de Hacienda se logre definir e incluir una disponibilidad presupuestal que apalanque las acciones que involucren a las mujeres buscadoras”, dijo Diana Yolima Niño, delegada de la entidad. 

Asimismo, los riesgos latentes de seguridad. En la Unidad Nacional de Protección, actualmente no existe un marcador específico en sus instrumentos de evaluación que permita identificar a las mujeres buscadoras como una categoría diferenciada dentro de las poblaciones priorizadas.

"Alto Comisionado (Otty Patiño), en sus competenciasno se ve un gran trabajo. Estas mujeres han manifestado que están siendo amenazadas por el Estado Mayor Central. Necesitamos acciones concretas", alertó el magistrado Sánchez. 

También le pidió al Ministerio de Salud adelantar la reestructuración del Programa de Atención Psicosocial Integral a las víctimas. "¿Cuáles son los estándares mínimos para ajustar los protocolos y guías que involucren a las mujeres buscadoras?", cuestionó. 

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La JEP ha ordenado 23 medidas cautelares de protección para diversos lugares, incluidos cementerios. "Estas medidas abarcan más de 80 sitios donde se presume la existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Como resultado, se han realizado intervenciones forenses que han permitido llevar a cabo 1.350 exhumaciones, identificar a más de 161 personas y entregar dignamente a 87 cuerpos a sus familias", informó la Sección.

SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia