En 2024 van 18 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre riesgos a los derechos humanos

La defensa de los derechos de la población civil y las alertas tempranas que ayudan a prevenir sus vulneraciones son temas que hicieron parte del foro sobre el Panorama Nacional de los derechos humanos en Colombia, realizado ayer por la Defensoría del Pueblo y EL TIEMPO.

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Entre los invitados a discutir sobre estos asuntos estuvo el defensor Julio Luis Balanta Mina, quien empezó por recalcar que sus funcionarios han identificado varios riesgos por los que pasan distintos departamentos, debido a factores como la recomposición de grupos armados ilegales que se tomaron territorios controlados por las antiguas Farc.

Balanta llamó la atención sobre la relevancia que tienen las alertas tempranas que emiten, en las cuales documentan cuáles son los padecimientos de la gente -como desplazamiento forzado y extorsiones-, los eventuales responsables y las principales autoridades a solucionarlos.

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Frente a estos fenómenos el Defensor hizo un balance de qué se ha hecho en lo corrido del año. "En 2024, la Defensoría del Pueblo ha emitido 18 alertas tempranas focalizadas para 19 departamentos, 98 municipios y 15 áreas no municipalizadas. Esta tiene el objeto de ser una herramienta de prevención en busca de advertir sobre posibles hechos vulneratorios, el fin es prevenir su materialización e impulsar la acción efectiva del Estado mediante la adopción de medidas preventivas para atender los factores de riesgo advertidos".

Según él, Colombia no pasa por un buen momento en materia de derechos humanos, y por eso hizo hincapié en que las alertas tempranas no deben quedarse en el aire, enfatizando en que entre autoridades del orden nacional y local deben buscarse alternativas.

Al debate se sumaron los exdefensores del Pueblo Carlos Camargo Assis, Jorge Córdoba Triviño y Vólmar Pérez, quienes hicieron un recorrido de las diferentes etapas por las que ha pasado la Defensoría del Pueblo a la hora de escuchar reclamos de la ciudadanía, que si bien a lo largo de la historia han tenido vulneraciones y actores similares, en cada periodo han variado algunas circunstancias. Es así como Córboba manifestó que después de 1991 con la creación de la Defensoría se comenzó a hablar de esta entidad como la revestida de una magistratura moral que le permitió tener mayor incidencia que otras autoridades u organizaciones sociales.

Durante ese periodo (1992 a 1996) el exdefensor dijo que afrontaron varias crisis, en las que el paramilitarismo, el narcotráfico y las actuaciones irregulares de de las Fuerzas Militares cobraron un reto fundamental. Por su parte, el exdefensor Pérez indicó que en la época en la que asumió el cargo (en 2003) se presentó una escalada del conflicto armado en el que la población quedó en medio.

Mientras que Camargo Assis, que viene de renunciar al puesto hace unas semanas, subrayó la urgencia de que las alertas tempranas sean atendidas por las autoridades, pues según sus cuentas en los últimos años solamente el 1 por ciento de recomendaciones se acogieron a totalidad, el 57 por ciento de manera parcial y el 96 por ciento de forma baja.

Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, afirmó que "el Gobierno no siente alivio al señalar que una situación es crónica, lo que pasa es que uno no puede ser miope cuando intenta dar solución a un problema que es estructural y que viene de años, y comprar el cuento de que es un problema reciente. Es falso. El conflicto armado ha cambiado de tintes pero se ha mantenido".

El funcionario del Ejecutivo cerró su intervención con que uno de los puntos del acuerdo nacional que liderará el ministro Juan Fernando Cristo es el de un nuevo ordenamiento territorial, en el que los recursos no se queden en el centro del país, sino que se distribuya en varias regiones.

La efectividad e incidencia que tienen las alertas tempranas fue otro tema a tocar, ya que para Jaime Córdoba hace falta un análisis más profundo del contenido de tales reportes. En ese sentido, el exdefensor explicó que una herramienta para dotar de más 'dientes' a la Defensoría -y así se cumplan sus advertencias- puede ser enlistar en su informe anual a los funcionarios del Estado que se muestren renuentes a los llamados, entre los que puede ir desde un presidente de la República hasta un funcionario sin tantas responsabilidades.

Y el exdefensor Pérez planteó el debate de si las alertas tempranas deben gozar de confidencialidad para que no se le anticipe al actor armado ilegal que se está detrás de ellos.

En cuanto a los retos que tendrá quien llegue como nuevo defensor del Pueblo -de una terna que envía el presidente Gustavo Petro a la Cámara-, Carlos Camargo concluyó que hay temas como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]