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Faltan casi la mitad de recursos para reparar a víctimas en los próximos 10 años
Se presentó el noveno informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas.
Los entes de control presentaron el noveno informe de seguimiento a la ley de víctimas. Foto: Defensoría
Un balance negativo se presentó este lunes sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley1448 de 2011): los recursos destinados en los últimos 10 años, por 146 billones de pesos, han sido insuficientes para asistir a las más de 9 millones de víctimas, y los que se proyectan para los próximos 10 años, por 142 billones, tampoco van a alcanzar pues harían falta para el año 2031 al menos 301 billones para garantizar a las víctimas una reparación integral.
Así lo indicaron la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Mesa Nacional de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos durante la presentación del noveno informe de seguimiento a la Ley de Víctimas.
Por eso estas entidades le pidieron al Gobierno Nacional priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en todo el país, pues en los más de 10 años que lleva la Ley de Víctimas solo se ha indemnizado al 12 por ciento de la población, quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas; y en cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, pese a las inversiones de 19 mil millones de pesos en los últimos diez años, solo se ha logrado indemnizar a 12 por ciento de las comunidades indígenas y al 9 por ciento de las comunidades afrocolombianas.
Así mismo, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos afirmó que los 1.7 billones de pesos ejecutados en los últimos cinco años son insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos, y señaló que le preocupa que solo el uno por ciento del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas.
Esta comisión también puso de presente que aunque el presupuesto general para pueblos étnicos se incrementó entre 2020 y 2021 en 53 por ciento, el destinado específicamente a las víctimas de estas comunidades se redujo en 23 por ciento.
"Se requerirían aproximadamente $3,4 billones para la atención psicosocial, la indemnización colectiva, la implementación de los planes de reparación y el retorno y reubicación de víctimas étnicas", señaló.
Las recomendaciones para mejorar la implementación
Víctimas de desaparición forzada en una audiencia de la JEP realizada en Medellín en febrero de 2022. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO
Luego del balance, los entes de control, la Defensoría, la Mesa de Víctimas y la Comisión de Seguimiento a los decretos étnicos le hicieron algunas recomendaciones al Gobierno para avanzar en la reparación de las víctimas.
Entre las recomendaciones está aumentar la oferta de vivienda digna para las víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80 por ciento de ellas no tienen una vivienda digna y frente a proyectos de vivienda urbana desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural, un atraso de 21.599 sin terminar.
Así mismo, aunque hay avances en las acciones para implementar el Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado, también hay barreras porque las metas anuales planteadas en los indicadores del Gobierno "resultan insuficientes para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género", señalaron las entidades.
En cuanto a a salud, el informe señala que 107.779 mujeres víctimas, de un total de 4'528.287, han recibido atención psicosocial, y por ello enfatiza que se debe fortalecer la cobertura en salud de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
Así mismo, las entidades hicieron llamado a las autoridades territoriales para que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, pues persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos.