Hacia un mejor diagnóstico de las causas de la violencia política en Colombia

Hace 37 años, en la Universidad de Oxford, le escuché decir a Luis Carlos Galán que en Colombia había más geografía que sociedad y más sociedad que Estado. Esta frase reafirmó en mí una conciencia que, quizá desde niño, había adquirido sobre la influencia de la geografía en nuestras vidas y, con el paso del tiempo, su interés se extendió a su impacto sobre la historia y en particular sobre la historia de nuestra violencia.

Es imposible olvidar la fascinación y el asombro que de niños sentíamos con los abruptos cambios de la topografía y el paisaje al viajar por tierra desde Pasto hasta Tumaco, sobre la costa Pacífica nariñense. Al dejar nuestra ciudad natal, subíamos primero hacia las estribaciones del volcán Galeras a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, para descender bruscamente por el cañón del río Guáitara y cruzarlo más de mil metros más abajo; luego subíamos a la helada meseta de Túquerres, a más de 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar.

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Tras dejar Túquerres, los páramos helados se convertían muy pronto en bosques de niebla, que hoy sabemos contienen la mayor biodiversidad de toda la tierra, y la temperatura y la humedad comenzaban a subir. A medida que descendíamos hacia el Pacífico, teníamos también la impresión de que, en alguna forma, viajábamos hacia un pasado quizá milenario, especialmente cuando, en medio de una gigantesca y espesa selva, alrededor del municipio de Ricaurte, veíamos en la lejanía los pequeños poblados de los indígenas cuaiqueres, hoy más conocidos como los awá, aislados de nuestra precaria modernidad y de cualquier indicio de Estado, viviendo un mundo de subsistencia y de creencias en el que mezclaban valores cristianos con duendes y seres de poderes sobrenaturales.

Después de 12 o 14 horas, en un trayecto que, con buena carretera no debería tomar más de cinco horas, llegábamos agotados a Tumaco, en donde encontrábamos un océano infinito y misterioso, con un calor agobiante y calles llenas del bullicio del currulao, la marimba, las tamboras y las maracas y una comida extrañísima que combinaba el arroz y el plátano con el sancocho de piangua, el charuco o una cazuela de reculambay.

Muchas décadas después, ya leídos los estudios clásicos sobre el desarrollo económico y social, puedo concluir que, aún hoy en día, no existe a nivel universal un acuerdo general entre los académicos acerca del impacto de la geografía en el desarrollo de los países. Con la superespecialización de las ciencias sociales, que con tanta razón criticó hace un siglo Ernst Cassirer, muchos científicos sociales, incluyendo varios ganadores del premio Nobel, se esfuerzan por demostrar que han encontrado la causa única, la bala de plata, que lo explica todo.

(Lo invitamos a consultar: Colombia es el país más letal para los líderes ambientales, con el 40 % del total de los homicidios conocidos en 2023).

La conclusión a la que he llegado es que los modelos teóricos y formales de la economía, la ciencia política o la sociología son muy útiles para explicar tendencias generales de las sociedades, pero deben ser complementados con la historia particular de cada país. Tenemos que conocer la cultura de cada sociedad y también es imperativo estudiar y entender su particular contexto físico y geográfico.

De acuerdo con un indicador elaborado en el Instituto de Desarrollo de la Universidad de Harvard, los colombianos vivimos en un área con uno de los índices geográficos más quebrados y abruptos, el tercero entre 156 países. Además de dicha rugosidad, que separa a pueblos y ciudades con tres grandes cadenas de montañas e infinidad de ríos y valles, los colombianos estamos localizados en diferentes pisos términos sobre el nivel del mar, los cuales, además de distanciar espacialmente aún más a la población, por estar situados en el trópico diferencian a los grupos humanos en otras dimensiones: su forma de vestir, dieta, valores y códigos culturales, como en el castellano que hablan y en sus sustratos de creencias –la adoración de vírgenes y santos y en una gran variedad de mitos y leyendas– además de la música que escuchan, cantan y bailan.

Otra importante característica de Colombia son sus amplias, complejas y móviles fronteras interiores, definidas por los bordes de los bosques y de las selvas, que marcan un límite informal, pero real, hasta donde llegan los precarios bienes públicos que provee el Estado, las instituciones de la sociedad civil y los bienes y servicios de la economía de mercado. Aún en la tercera década del siglo XXI, bosques y selvas profundas cubren casi la mitad del territorio de Colombia.

Sobre las causas de la violencia política existe una inmensa literatura académica a nivel internacional que, a grandes rasgos, explica las guerras civiles o la insurgencia armada ilegal con un enfoque conceptual que distingue entre los “motivos” y las “oportunidades” que pueden tener ciertos grupos sociales para embarcarse en la lucha armada.

Entre los “motivos” se encuentran factores como la pobreza, la desigualdad de ingresos y de riqueza, o la discriminación de ciertas comunidades, factores que los pueden incitar a la lucha armada si no existen o son precarias la democracia y las libertades básicas. Entre las “oportunidades” se encuentran factores que facilitan su accionar violento, como el a recursos financieros para adquirir armamento y pagar la nómina de sus , la apropiación de rentas de recursos naturales como el petróleo, la minería legal o la ilegal, el narcotráfico o la extorsión o el secuestro.

Otras oportunidades para la lucha armada ilegal están precisamente asociadas a las características del medio geográfico, como la rugosidad geográfica del territorio, la existencia de bosques y selvas, la ausencia o precariedad de vías de comunicación o cercanías a fronteras con otros países, factores que permiten a los grupos armados ilegales “golpear y correr” (hit and run) y pueden encarecer exponencialmente la prestación de bienes públicos por parte del Estado, como el control territorial, la seguridad y la justicia. Dichas oportunidades pueden efectivamente dificultar o impedir que el Estado cumpla su función esencial, la cual es, en la célebre definición de Max Weber, contar con el monopolio de la fuerza sobre todo un territorio.

Basados en esta amplia literatura, decidimos con Álvaro Pedraza, físico y magíster en economía de la Universidad de los Andes y Ph. D. en economía de la Universidad de Maryland, estudiar los determinantes de la violencia armada ilegal en Colombia.

A diferencia de otros estudios, que se han hecho a nivel país, nuestra investigación se realizó a nivel municipal, para lo cual armamos una base de datos durante 40 años de conflicto armado en Colombia. Quizá la contribución más importante de nuestro estudio es ser el primero que utiliza, a nivel de municipio, variables explicativas que capturan tanto los motivos como las oportunidades del accionar de los grupos ilegales.

Una descripción detallada del estudio se encuentra en el Documento de Trabajo N.º 107, de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes (Santiago Montenegro y Álvaro Pedraza, ‘The Contribution of Geographical Factors to the Intensity and Duration of Civil War: new evidence from Colombia’; junio de 2024).

Las conclusiones a las que llegamos son las siguientes: en primer lugar, en consistencia con la literatura académica internacional, encontramos que las causas de la violencia insurgente están más relacionadas con las oportunidades que tienen los grupos ilegales para ejercer la acción armada y no con los llamados motivos, como la pobreza, desigualdad o discriminación.

En segundo lugar, sobre la frecuencia y severidad de actos cometidos por grupos ilegales, encontramos que la actividad insurgente es más intensa en municipios con terrenos montañosos, con densos bosques, con limitado a vías fluviales y terrestres y en aquellos cercanos a las fronteras internacionales.

En tercer lugar, encontramos que la persistencia de la violencia es más prevalente en municipios con terreno accidentado, con infraestructura de transporte subdesarrollada y proximidad a países vecinos, especialmente Venezuela.

Las implicaciones de estos resultados para la política gubernamental son importantes. En primer lugar, si los llamados motivos no son relevantes para explicar la violencia armada, la política social tendiente a mejorar la distribución del ingreso o de la riqueza será ineficaz mientras no se eliminen las oportunidades que tienen los grupos armados ilegales para ejercer la violencia o, lo que es casi lo mismo, mientras no exista el Estado en esos territorios.

Los resultados de nuestro estudio implican que, mientras no exista seguridad, no existirán ni inversiones ni empresas que generen empleos formales que ayuden a mitigar la pobreza e inducir el desarrollo de los municipios. En otras palabras, la causalidad va del desarrollo económico al desarrollo social y no al revés.

En segundo lugar, Colombia debe persistir en la erradicación del narcotráfico y la minería ilegal, actividades que financian a los grupos armados ilegales. Es particularmente grave que, a partir de 2015, los cultivos ilícitos de la coca comenzaron a crecer exponencialmente, perdiéndose todo el esfuerzo que se logró durante la primera década del siglo, un fenómeno que ayuda a explicar por qué en 2024 un tercio del territorio esté controlado por grupos armados ilegales. Además de financiar la criminalidad, tenemos que insistir en que el narcotráfico destruye nuestra biodiversidad al tumbar el bosque húmedo tropical y contaminar los ríos y riachuelos con una variedad de químicos.

En tercer lugar, nuestro país requiere unas Fuerzas Armadas y de Policía que, efectivamente, garanticen el monopolio de la fuerza por parte del Estado a lo largo y ancho de todo el territorio. En este sentido, es igualmente preocupante que el número de del Ejército se haya reducido, no se haya realizado el mantenimiento a aviones, helicópteros y a otros activos de la Fuerza Pública y, quizá lo más grave, varios analistas argumentan que se ha maniatado a la Fuerza Pública para responder a los ataques y agresiones de los grupos armados ilegales.

En cuarto lugar, otra importante implicación de los resultados de nuestro estudio es que, mientras no se tengan en cuenta los incentivos reales que tienen los grupos armados ilegales para ejercer la violencia, serán ineficaces los programas de negociación de acuerdos de paz, o las amnistías, como lo han demostrado cinco décadas de negociaciones de paz que han resultado infructuosas. En ese sentido, no se puede olvidar que el Acuerdo de La Habana solo fue posible después de la estruendosa derrota militar de las Farc durante la primera década del presente siglo. Infortunadamente, después de firmado este acuerdo, por razones que jamás se han aclarado, las Fuerzas Armadas no coparon las zonas que desalojaron las Farc y tampoco se frenaron las crecientes siembras de coca y la producción de clorhidrato de cocaína.

Casi cuatro décadas después, las palabras de Luis Carlos Galán continúan explicando en gran medida la historia de nuestro país.

Necesitamos un Estado que tenga efectivamente el monopolio de la fuerza para que en todo el territorio florezcan la democracia, las libertades, la justicia, las empresas que generen empleos formales y una política social que llegue efectivamente a la gente más necesitada. Solo cuando el Estado y la sociedad primen a lo largo y ancho de toda nuestra accidentada geografía podremos garantizar un mejor futuro para nuestros hijos, nietos y todos los que vendrán después.

SANTIAGO MONTENEGRO (*)

Especial para EL TIEMPO

(*) Doctor en economía de la Universidad de Oxford, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y expresidente de Asofondos.