Mercenarios en Sudán: las muertes colombianas en guerras ajenas / Análisis

Desde Sudán, una de las naciones más golpeadas por las guerras, las epidemias y la miseria en África, llega la noticia de que al menos 22 exmilitares colombianos han muerto como mercenarios.

Allá, la última guerra intestina empezó en abril del 2023, pero a lo largo de décadas sus habitantes han sufrido todo tipo de violencias, desde sangrientas dictaduras hasta limpiezas étnicas. Y colombianos y mercenarios de muchos otros países están llegando a un nuevo mercado de la muerte en el que la disputa entre el poder se da principalmente entre las Fuerzas Armadas oficiales y las llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido, que hasta hace unos años eran el apoyo paramilitar de las primeras.

(En contexto: La sofisticada operación que permitió el ingreso de los 22 mercenarios colombianos que fueron asesinados en el desierto de Sudán).

En el trasfondo quedan hasta ahora unas 15.000 muertes causadas por el nuevo conflicto y un número acumulado de desplazados que tiene desde hace años a Sudán como epicentro de una de las mayores tragedias humanitarias en el mundo, con más de 10 millones de personas que tuvieron que huir de sus hogares.

Que llevamos años exportando mercenarios quedó perfectamente ejemplificado en julio del 2021, con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, por el que hay 18 ex del Ejército colombiano presos en la isla y en Estados Unidos. Pero situaciones como la de Sudán o la de Ucrania, donde las tropas rusas periódicamente muestran a sus presos colombianos en las peores condiciones, para tratar de desmoralizar a la legión extranjera que lucha contra la invasión a cambio de un sueldo y de promesas de ciudadanía europea, sí son señal de que el mercado se viene moviendo con mayor intensidad y menores escrúpulos en los últimos años.

(También: Los pendientes tras 8 años de firma de la paz / Análisis).

Escenario del conflicto armado más largo del hemisferio occidental, Colombia logró en los últimos 20 años consolidar unas Fuerzas Militares y una Policía que tienen renombre entre las más preparadas del mundo, como que fueron capaces de voltear el curso de una guerra que venían ganando las Farc, los ‘paras’ y los narcos que a la vez eran los financiadores y se lucraban, como lo siguen haciendo ahora, de ambos bandos.

Entrenados y reentrenados por los Estados Unidos, centenares de esos ‘comandos’ y pilotos –y también muchos soldados profesionales curtidos en los años de la guerra con las Farc– llegaron a la edad de retiro, sobre todo en la última década. Otros se fueron por su cuenta, tentados por ofertas económicas para prestar sus servicios en el extranjero o a empleadores privados.

Y lo que se puede decir en todos los casos es que el Estado, que los entrenó hasta convertir a muchos de ellos en máquinas mortales, no tiene el menor control sobre lo que hacen una vez se produce la baja.

Claramente, existe una deuda de toda la sociedad con esos miles de colombianos que llevaron con honor el uniforme y las armas de la Nación y que aún jóvenes salen pensionados, las más de las veces en condiciones económicas difíciles. La ley de los veteranos aprobada en el 2019 es un paso en el camino correcto para ir saldando esa deuda.

Pero el nivel de preparación para la guerra de esta población y los mercados que siempre están dispuestos a pagar por sus habilidades –siempre rondan los capos que quieren sus ejércitos personales– fuerza a que el Estado haga un seguimiento periódico a sus actividades, como pasa en Estados Unidos y otras naciones reconocidas por el alto entrenamiento de sus tropas.

(Además: La sesión que no se grabó y las órdenes que enredan al ministro Ricardo Bonilla en escándalo de la UNGRD).

No hacer nada frente a esta realidad mantiene abierto un peligroso boquete sobre la seguridad de los ciudadanos y del país y de eso deben ser conscientes todos los funcionarios, del Presidente para abajo, que periódicamente salen a lamentar las muertes colombianas en guerras ajenas.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET