Nueva versión del premio que reconoce la labor de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia

Este miércoles, 11 de septiembre, se celebrará la versión número 13 del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, que reconoce la labor de hombres, mujeres, procesos, organizaciones y ONGS que trabajan en defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

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La entrega del premio, otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia, se hará en el auditorio del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá.

Los galardones que se entregarán son el de Defensor o defensora del año, Experiencia o proceso colectivo del año y Reconocimiento a toda una vida.

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Este premio busca respaldar el trabajo de la defensa de los derechos humanos “como un mecanismo de incidencia, posicionamiento y visibilidad del aporte que hacen las y los defensores en la construcción de la paz y la democracia de nuestro país”, señalaron los organizadores.

Según se informó, el premio cuenta con un jurado calificador independiente, conformado por personas reconocidas en el campo de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y pertenecientes a la academia, la cooperación internacional, las Iglesias, la prensa, el ámbito de la investigación y de las ciencias sociales.

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María Eugenia Mosquera Riascos: Lleva más de tres décadas defendiendo los derechos humanos, construyendo iniciativas de paz y acompañando procesos comunitarios en todo el país. Se ha enfocado en brindar capacidades en derechos humanos, género y diversidad sexual, en el fortalecimiento de mecanismos propios de protección, la incidencia en acciones de los territorios, la biodiversidad y legalización de tierras.

Pablo Cala: Filósofo y defensor de derechos humanos. Desde 1996 se ha dedicado a luchar para encontrar a las víctimas de desaparición forzada. Sus principales acciones las realiza en la Fundación Hasta Encontrarlos desde donde impulsa la búsqueda y ubicación de personas que han sufrido este flagelo.

Guido Albán Rivera Chikangana: Líder campesino de Cauca, especializado en la defensa de los derechos humanos, de los diálogos de paz y la implementación de los acuerdos con los actores armados. Gracias a su trabajo, la Zona de Reserva Campesina de La Tuna, en el municipio de Santa Rosa, fue reconocida como ejemplo de construcción de paz.

En la modalidad Nivel proceso social comunitario:

Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura: Movimiento ciudadano de expresión de rechazo al abandono estatal y a la violencia que han padecido los habitantes de la ciudad-puerto del departamento de Valle del Cauca.

Asociación de Afectados por la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO): Nace en 2009 para defender los derechos de las comunidades afectadas por la inundación de tierras tras la construcción de la represa de El Quimbo en Huila.

Asociación Madres por la Vida: Dedicada a la defensa integral de los derechos humanos en Buenaventura. Focalizan sus esfuerzos en el respaldo a las víctimas de desplazamiento forzado, la búsqueda de justicia para los familiares de desaparecidos y la atención a las víctimas de violencia sexual.

Corporación Humanitaria Reencuentros (CHR): Organización conformada por firmantes del Acuerdo de Paz. Desde 2017 contribuyen a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La organización ha logrado documentar 1.128 nuevos casos para la acción humanitaria.

Socio Jurídico Colectivo Orlando Fals Borda: Brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y forense a víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, así como a organizaciones de base y víctimas del racismo. Desde su fundación en 2009 acompaña a más de 1.600 familias.

Fundación Forjando Futuros: Contribuyen a la construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales para el desarrollo económico, social, cultural y político de los colombianos, dentro de un marco pacífico y democrático, donde se respeten los derechos humanos y se promueva la igualdad de género, especialmente por las víctimas del conflicto armado a quienes representa y asesoran.

Eduardo Carreño Wilches: Abogado, defensor de los derechos humanos, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Martha Elizabeth Soto Gallo: Ha luchado por la memoria histórica y la denuncia de los crímenes de Estado. Desde 1985, inició la búsqueda de su hermano desaparecido y desde allí se vinculó con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades). En 2005 cofundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Padre Jesús Albeiro Parra Solís: Sacerdote de la Diócesis de Quibdó desde 1988 y director ejecutivo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) desde 2018. Su trabajo se ha enfocado en la reivindicación de los derechos humanos de la población negra, indígena y mestiza del departamento de Chocó y del Pacífico colombiano.