Radican proyecto de Ley que le da dientes a la Unidad de Restitución para resolver casos de tierras que no tienen disputa

A través del proyecto de Ley 273 que se acaba de radicar ante el Congreso, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) busca tener facultades jurídicas para resolver los casos de predios que no tienen disputa, es decir, sobre los que únicamente la víctima está reclamando.

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Según la Unidad, hay 21.528 solicitudes inscritas en el Registro de Tierras Despojadas (RTDAF), de las que al menos el 38 % corresponde a predios en los que no hay litigios, ni conflictos entre más partes, sino un único reclamante. Al tener la URT las facultades jurídicas para resolverlos, podría restituirlos por vía istrativa facilitando el trámite a las víctimas y acortando los tiempos de espera. Es decir, se descongestionarían el 40 % de los casos.

La radicación del proyecto se da en un momento clave en el que las mismas víctimas y entidades como la Contraloría cuestionan los resultados de la política de tierras y la Reforma Rural Integral, por su bajo cumplimiento en las metas propuestas. Según el ente de control, hasta enero de este año solo se ha cumplido con el 1 % y el 1,7 % en la compra y formalización de tierras, respectivamente, siendo el 2026 y 2028 el plazo fijado para su implementación.  

Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, le dio un espaldarazo al proyecto y aseguró que "en el marco del conflicto se despojaron ocho millones de hectáreas, pero los procesos de restitución han sido lentos. Hay que corregir el trámite para lograr agilidad y restituir por vía istrativa, por el bien de las víctimas". 

Otros congresistas tomaron la misma postura y apoyaron la propuesta central de esta norma. "Millones de hectáreas deberían ser entregadas a las víctimas antes de 2031, pero al ritmo que vamos ni en el 2060 lograríamos hacerlo. Si la URT pudiera restituir por vía istrativa, se aceleraría la restitución en uno o dos millones de hectáreas, en tiempo récord”, dijo el representante Alejandro Toro.

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En la radicación ante la Comisión Primera del Senado estuvo presente el director general de la URT, Giovani Yule, quien espera que su aprobación le permita a la entidad "avanzar de una manera más rápida en los procesos que no tienen mayores complicaciones jurídicas ni oposición, y garantizar una restitución integral de derechos la población desplazada". Unas facultades istrativas que a su vez permitirían reducir la congestión de los despachos.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia