Durante las últimas décadas, las campañas electorales en Colombia han estado atravesadas por hechos de violencia a manos de los grupos armados ilegales. Y aunque se esperaba que esa situación mejorara tras la negociación de paz con las Farc –una de las estructuras responsables de las afectaciones–, los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) dan cuenta de que ocurrió lo contrario.
Durante marzo y diciembre del 2017, los 8 primeros meses del calendario preelectoral de los últimos comicios a Presidencia y Congreso, la MOE registró 155 agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales.
En contraste, en ese mismo periodo del 2021 se registraron 347 hechos violentos, lo que significa un aumento del 124 por ciento.
De hecho, varias organizaciones y centros de estudio han advertido de una particularidad de estos comicios que podría elevar el número de agresiones: que este año sí serán elegidos los representantes de las circunscripciones transitorias especiales de paz en los 167 municipios más afectados por la guerra.
La MOE alertó de que en 97 de esas poblaciones (58 por ciento) hay riesgos electorales, y advirtió que en 43 hay un “riesgo extremo” tanto por factores de violencia como indicativos de fraude electoral.
Las regiones más vulnerables son Nariño, Cauca, Valle, Antioquia y Chocó, que son, a su vez, departamentos con un alto porcentaje de los homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de organizaciones étnicas, campesinas, de mujeres o de víctimas. Precisamente a estos sectores pertenecen varios de los 403 candidatos a estas 16 curules especiales.
Y contra ellos las agresiones no son nuevas. El informe de violencia preelectoral de la MOE evidenció que en septiembre de 2021, que coincidió con la expedición del calendario electoral de las curules de paz y las primeras candidaturas, hubo un incremento de los hechos de violencia frente al mes anterior.
Ante estas situaciones, las organizaciones han insistido en redoblar la coordinación de las instituciones del Estado, que permita garantizar las condiciones de seguridad para unos comicios que serán claves para la inclusión política en el país.
Le puede interesar: