Los retos para el país en tiempos de reformas, elecciones y paz total

Este jueves, desde las 8 de la mañana, EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer presentan el foro 'El Estado de la Nación, los Retos de Colombia en Tiempos de Cambio', en el que a través de diferentes es se abordarán situaciones del contexto actual como las reformas que tramita el Gobierno, las elecciones que se avecinan, los retos en seguridad en la 'paz total', y la situación económica.

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El foro comenzó con las palabras del rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, quien mencionó la importancia de este tipo de conversaciones para la construcción de equidad en la sociedad, y para "co-construir entre todos la agenda que nuestro país necesita".

Seguidamente, Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, sostuvo que esta conversación sirve para fortalecer la democracia y para que muchos sectores y voces desde sectores políticos, públicos, sociales y académicos participen en crear diálogos y soluciones a los retos actuales.  

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Y el director de la Casa Editorial EL TIEMPO, Andrés Mompotes, destacó que una ciudadanía informada y consciente de los debates del país que son importantes para su futuro será vital para un escenario que fomente la libre circulación de las ideas.

"Poder contar con las diferentes visiones y orígenes es fundamental para construir un escenario de diálogo, escucha, de diferentes interpretaciones de la realidad en especial en momentos de discusión de entornos económicos, nacionales, de las reformas que están llegando al Congreso...  aportar desde el periodismo y desde las experiencias y conocimiento de los invitados  será fundamental para construir la idea de Nación bajo un ejercicio de conversación democrática", concluyó Mompotes.

En el primer se discutió sobre la reforma a la salud y las reformas en temas judiciales.

Al respecto Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, señaló que es indudable que una reforma a la salud es necesaria, porque los sistemas de salud no son perfectos y hay que ajustarlos, pero cuestionó las propuestas que sobre esto ha revelado el Gobierno.

“Esta mal llamada reforma es una transformación profunda del sistema de salud colombiano que tiene que ser hecha en consenso con los actores del sistema de salud y este proyecto no ha sido concertado con los expertos”, señaló.

Así mismo, dijo que aunque faltan algunos estudios del Ministerio de Hacienda, esta sería una reforma que costaría unos 53 billones de pesos, más del doble de lo que se recaudaría con la reforma tributaria, “eso tiene implicaciones muy serias porque puede ser una saludo a la bandera si no tiene cómo financiarse”. 

Por su parte Laura García, decana de la Facultad de Jurisprudencia, habló de la reforma de humanización de las cárceles, que contempla la eliminación de algunos delitos, y sostuvo que no en todos los que se propone despenalizar está la gran congestión judicial del país.

Pero sostuvo que es muy valioso un proyecto para humanizar el sistema carcelario, que hoy tiene condiciones “infrahumanas” para los presos, y señaló que la sociedad colombiana es muy punitivista.

Así mismo, se refirió al proyecto de sometimiento de bandas criminales, y dijo que este tema deja muchas preguntas como “qué están pensando las bandas que quieran unirse, qué piensa darles el gobierno a las bandas, y qué espera la sociedad colombiana frente a estos grupos que se han lucrado del narcotráfico, la minería…”. Añadió que un punto álgido será cómo se logrará la justicia restaurativa y cómo se va a reparar a las víctimas.

Por último, García cuestionó que por ahora no se ha visto de parte del Gobierno una intención de una una reforma estructural a la justicia, que enfrenta barreras económicas, tecnológicas, entre otras, y añadió que como facultades de derecho y desde la academia, “nos encantaría que la reforma tuviera un énfasis en la ética del ejercicio de la profesión”.

En el  foro se adelantó un sobre seguridad y paz total con presencia del exministro de Defensa Diego Molano, la senadora Claro López, Martha Amaya directora de proyectos de América Latina IFIT y el experto en seguridad ciudadana Hugo Acero.

La senadora López inició su intervención señalando que hubo una incapacidad del Estado para ocupar los espacios que dejaron las Farc tras el proceso de paz y que el gobierno del presidente Gustavo Petro está intentando enfrentar esa situación y hacer cambios a la lucha contra el narcotráfico que financia las actividades ilegales.

El exministro de Defensa Diego Molano cuestionó que en el gobierno Petro  "se metió en la misma bolsa" a todos los grupos ilegales del país dando los mismos beneficios a las redes que generan una amenaza para el país y a las pequeñas organizaciones con poder local.

Consideró que al debilitamiento de la Fuerza Pública se suma que "no hay reglas claras" para el sometimiento de las redes criminales y el cese al fuego, lo que a su juicio, está enviando mensajes equivocados a la comunidad y promoviendo la violencia.

Enfatizó que se requiere fijar unos requisitos puntuales para saber qué grupos pueden recibir beneficios y cuáles son esos beneficios puntuales que pueden obtener.

Martha Amaya directora de proyectos de América Latina IFIT señaló que el país enfrenta importantes retos que requieren mayor claridad, esto al no tener una línea puntual en temas de políticas de seguridad y narcotráfico.

Indicó que por ejemplo la ley de sometimiento es un marco jurídico que aún debe ser examinado para aclarar quienes pueden entrar allí y qué tipo de beneficios pueden lograr. Indicó que hay una zona gris que sebe ser examinada. Igualmente señaló que hay indicios sobre la política antidrogas del gobierno pero que  esta no se conoce en su totalidad.

El analista Hugo Acero destacó temas como la reducción del homicidio pero manifestó preocupación sobre delitos como la extorsión, las amenazas y el 'gota a gota' que afectan la percepción de seguridad ciudadana.

Sostuvo que la política de seguridad está en construcción en medio de una criminalidad muy fuerte que se mantiene activa. Planteó que se requiere no solo una reforma a la Policía, sino a los Ministerios de Defensa, de Justicia y del Interior. "Son reformas grandes, no pequeñas y eso paraliza sus actividades", dijo Acero.

Indicó que hay unas propuestas interesantes en temas de seguridad humana que requieren desarrollos y claridades.

La senadora López reconoció que son muy grandes los retos de la 'paz total' pero que las utopías tienen un objetivo es agrandar las posibilidades de lo que se puede hacer.

En ese sentido indicó que el tema de las drogas ha crecido de forma alarmante y se requieren medidas igualmente complejas que van más allá de las competencias de cada país. Insistió que se debe dar la oportunidad a nuevas propuestas y nuevas formas de enfrentar la ilegalidad y buscar la paz.

El exministro Molano dijo que no se puede abrir la puerta a dar beneficios a las personas que cometieron delitos y que ya tuvieron oportunidades anteriores para abandonar esas actividades.

Insistió que se están enviando mensajes equivocados premiando a personas que pasaron el límite de la ley en el marco del paro y a otros como los integrantes del 'Clan del Golfo' que son "delincuentes sin ninguna ideología política".

Sostuvo que antes de dar pasos a acuerdos se deben hacer exigencias como la entrega de los menores de edad, de los secuestrados y el fin de las actividades ilegales de los grupos que quieren recibir beneficios.

Martha Amaya indicó que se deben establecer cuales son los intensivos a los grupos ilegales y cuales son los roles de instituciones como la Policía pues se observa confusión en temas de lucha contra el narcotráfico y poca claridad frente a las reglas de juego para el cese al fuego. Sostuvo que se debe aprender de lo que se logró en los procesos de paz que ya se han realizado en el país.

Finalmente Acero sostuvo que las rentas ilegales como el narcotráfico y la minería criminal seguirán activas aunque se pueda sacar del mapa a algunas de las organizaciones al margen de la ley.

"No tenemos política antidrogas, pero así la tuviéramos, esas rentas seguirían allí", dijo Acero tras insistir en que se requiere una política de seguridad para poder enfrentar a esas redes que seguirán activas.

Insistió que si se logra acabar con los ejércitos de las redes ilegales se puede avanzar con mayor eficiencia para golpear las mafias que quedarán como crimen organizado.

"Se van a desmovilizar las cabezas y los capos, pero las estructuras para abajo seguirán porque los negocios siguen allí con su alta rentabilidad", indicó.  

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