Así será el 'revolcón' en la Policía Nacional para mejorar vigilancia

Incorporar al menos 50.000 policías al servicio de vigilancia en las calles es la gran apuesta del presidente Iván Duque para reducir los delitos de alto impacto que afectan al ciudadano del común.

Para tal efecto, de manera paulatina, desaparecerán la Policía de Tránsito, los servicios de protección de personalidades y se sacarán de las oficinas a todos los uniformados de las áreas istrativas.

Estos son algunos de los puntos claves de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana -cuyo borrador conoció EL TIEMPO- que será presentada esta semana por el mandatario y que les entrega mayores responsabilidades, en especial presupuestales, a los alcaldes y gobernadores, quienes son los jefes de policía en sus jurisdicciones.

El objetivo de la nueva política es bajar los indicadores de delitos como el homicidio, el hurto, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar.

En cuanto a los movimientos en la Policía, el documento detalla que la dirección de Protección serán reorganizada progresivamente para que “el personal destinado a las labores de protección en esquemas de seguridad sean asignados a la vigilancia”.

Dichas funciones serían asumidas en su totalidad por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Así se lograría que al menos 10.000 policías –así como patrullas, equipos y motos– apoyen las tareas en la calle.

Igual situación se proyecta para los cerca de 15.000 policías que se encargan del manejo del tránsito en los municipios y departamentos. Ellos también pasarían a apoyar la vigilancia. De hecho, en el documento queda establecido que el control del tráfico en las entidades territoriales sería definido y contratado por las autoridades locales.

Además, cerca de 20.000 uniformados que laboran en oficinas, es decir, el personal istrativo, irían a reforzar el nuevo modelo de seguridad ciudadana. Ellos serían reemplazados por personal en uso de buen retiro del nivel ejecutivo (comisarios, intendentes) y patrulleros, quienes serían reincorporados. Los recursos para la contratación de estas personas saldrían de los presupuestos municipales y departamentales.

Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y experto en temas de seguridad, afirmó que las propuestas son eficaces y “que traerán muy buenos resultados”.

Sobre la reincorporación de personal en uso de buen retiro, aseguró que es “una salida viable, que se podría concretar a través de contratos de prestación de servicio. Las secretarías de Seguridad se pueden encargar del tema”.

Un exdirector de la Policía Nacional, quien pidió el anonimato, le dijo a este diario que las directrices de la nueva política están bien encaminadas a fortalecer la vigilancia, pero se declaró en desacuerdo con acabar el servicio de control del tránsito. “Es un error, porque es desatender uno de los mayores clamores de la ciudadanía, que tiene que ver con la movilidad, que está en crisis. Y mientras se hace la transición, es el ciudadano el que va a sufrir terriblemente”, explicó.

En la nueva estrategia también se contempla que los policías de vigilancia, los que están en las calles, sean capacitados en el uso de armas no letales, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta y así proteger de “mejor forma a los ciudadanos”. Las armas letales serían el último recurso.

Entre las armas de uso no letal, señala Mejía, se encuentra la Taser (de electrochoque), que han sido eficaces para controlar a personas que “están en estado de alteración” y que en muchas ocasiones están amenazando a otra persona con un arma blanca. “Con la Taser se puede reducir y esposar a la persona exaltada, y así proteger a quienes podrían estar en peligro. Es una buena iniciativa”, dijo el experto.

Un aspecto que no es nuevo pero que ha causado polémica es la proyección dentro de la nueva política de acabar con la presencia masiva de policías en los eventos públicos. En este sentido se busca que los organizadores “aseguren el servicio de seguridad contratando vigilancia y seguridad privada”.

“No se puede romper de tajo con la presencia de los uniformados, debe ser un servicio mixto, porque la autoridad debe estar a cargo de la Policía, es el primer respondiente ante cualquier eventualidad”, afirmó el exdirector de la Policía.

En la transformación de la Policía, que se centra en el modelo de vigilancia en la calle, se abre la posibilidad de que las empresas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada “articulen la prestación de sus servicios con la Policía Nacional (…) y la red de Participación Cívica”.

Ese trabajo en conjunto debe mejorar la capacidad de reacción al interconectar las cámaras de vigilancia y las comunicaciones para “lograr entornos seguros”.

En el documento se establece que la reestructuración de la Policía será gradual y progresiva, y que ante la falta de personal “se construirá un modelo matemático y actuarial” que permitirá estimar el número óptimo de incorporación con una proyección de 20 años, el número óptimo de ascensos en todos los grados y el costo de un conjunto de ideas para ajustar la jerarquía institucional.

En el documento se prioriza la profesionalización del “servicio de la Policía de Vigilancia”.

Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central, se declaró partidario de esta nueva política y destacó que en Colombia hay política para acabar con las redes criminales, como el ‘clan del Golfo’, pero no para enfrentar los problemas de la ciudadanía.

“Para ello es fundamental la profesionalización de la vigilancia, ese punto lo hemos aplaudido”, señaló Nieto, quien propone que la misma sea sobre cinco pilares: “La resolución de conflictos y de crisis, sumado a una orientación a los servicios del Estado que guíe al ciudadano en los requerimientos en una Personería o Defensoría”.

Los otros puntos hacen referencia a que el uniformado sea actualizado constantemente sobre el territorio que tiene a cargo y que terminen con los traslados (rotación) seguidos, porque se pierde el o logrado con la comunidad y el conocimiento adquirido sobre la problemática en el lugar.

El Gobierno buscará una adición presupuestal para financiar una prima de servicio especial, como un incentivo que se les otorgará a los uniformados después de tres años de servicio en vigilancia.

La estrategia también plantea que los comandantes de estación y sus policías tendrán estímulos para que se queden en esta especialidad y no busquen traslado a otras direcciones de la institución. Esto tiene como objetivo que la vigilancia logre un mayor reconocimiento institucional, o sea, interno, y de la misma comunidad.

En la nueva política de seguridad ciudadana se establece que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) será fortalecido para garantizar que se cumpla el artículo 37 de la Constitución Nacional, por el cual se viabiliza el derecho a reunirse o “manifestarse pública y pacíficamente”.

“Con el propósito de garantizar dicho derecho fundamental, la doctrina del Esmad será objeto de fortalecimiento de acuerdo con la jurisprudencia constitucional”, dice el documento donde está plasmada la nueva política de seguridad ciudadana.

El apoyo al escuadrón antidisturbios, unidad que viene siendo objeto de cuestionamientos, hace parte de la política del Gobierno y así lo ha dejado claro el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha reiterado en los debates de control político sobre el tema en el Congreso que “algunos se han dado a la tarea de mostrar al Esmad como un grupo de bárbaros y asesinos, insultando, además, a un grupo de servidores públicos que no merecen ese calificativo, porque son abnegados”.

Trujillo ha destacado que “125 países tienen grupos antidisturbios y antimotines, es decir, tienen institucionalidad para hacerle frente a la violencia, al vandalismo y a la criminalidad”.

En el documento se establece que el Ministerio de la Defensa, con el acompañamiento de la cartera del Interior, por intermedio de la Policía “llevará a cabo una actualización de las mejores prácticas del Esmad (...), con el fin de recopilar las experiencias que han sido objeto de valoración por parte de los jueces”. 

Este análisis, que surge de las lecciones aprendidas por la institución, incluye una revisión de los protocolos de las operaciones. Esta iniciativa no plantea incrementar el número de uniformados en dicho escuadrón.

En la nueva política de seguridad ciudadana, los alcaldes y gobernadores tendrán la tarea de incorporar la tecnología con el servicio de policía y facilitar la capacitación de los uniformados en los sistemas de videovigilancia, por ejemplo, en el manejo del software de reconocimiento facial, que permitiría la identificación y judicialización del delincuente y el reconocimiento de placas de vehículos.

Además, se plantea que los sistemas de vigilancia deben “estar integrados a la recolección, tratamiento y análisis de datos de la Policía Nacional”, para lograr una disminución en los tiempos de respuesta.

Los drones serán una herramienta fundamental en la vigilancia de las ciudades. Por eso se propone dotar a las estaciones de policía con estos aparatos, que estarán sincronizados con las patrullas, sin llegar a vulnerar la privacidad de los ciudadanos.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

REDACCIÓN JUSTICIA

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