Revólveres, escopetas, pistolas y fusiles hacen parte del arsenal arrebatado a la delincuencia que en los últimos cinco años ha pasado al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas (DCCAE), entidad de las Fuerzas Militares encargada de la disposición final de esos elementos.
De acuerdo con la DCCAE, entre 2017 y 2021 llegaron a su poder 132.644 armas de todo tipo, luego de que estas surtieron un proceso de verificación con las autoridades y hay una resolución de la Fiscalía ordenando la disposición final del armamento.
El coronel Hoover Ríos, comandante de la DCCAE, explicó que el departamento es el que regula el control de armas y explosivos en el país, en el sentido de la expedición de permisos.
Pero no es esta entidad la que hace los decomisos del armamento que incumple las normas, sino que el departamento recibe las armas cuando ya fueron incautadas por la Policía o alguna fuerza de las Fuerzas Militares. Luego del decomiso por parte de las autoridades, viene un proceso istrativo que incluye una autorización de la Fiscalía de que sí se puede proceder a la destrucción de las armas que no vuelven a salir al mercado.
“Se busca garantizar que esas armas no vuelvan a estar vinculadas a hechos delincuenciales y se procede a su fundición (...); hay un programa que se llama ‘Transformando armas en esperanza’ y entonces esas armas que pasan a fundición sirven como material de construcción para viviendas para la población mas vulnerable del país”, dijo el oficial en diálogo con EL TIEMPO.
Las resoluciones y los actos istrativos del caso son importantes para que no se repitan episodios como el de 2013, cuando fiscales ordenaron fundir el arma con la que asesinaron al entonces candidato presidencial Carlos Pizarro, en 1990, pese a que ese caso sigue en investigación.
Semestralmente se funden unas 15.000 armas, de acuerdo con el coronel Ríos, quien añadió que las armas más frecuentes en pasar a manos del Estado son revólveres, con aproximadamente 42.000 que llegaron entre 2017 y 2021; le siguen las escopetas hechizas (unas 15.000), pistolas (16.874) e incluso fusiles (5.700).
Además, 1.200 carabinas, 1.237 subametralladoras y varios lanzagranadas.
“Se acordó hacer fundiciones semestralmente para mantener en funcionamiento ese proceso”, dijo el coronel Ríos.
Indicó que los comandos de Policía de Bucaramanga, Medellin, Cali y Bogotá son los que más solicitan adelantar trámites para entregar armas y proceder a su destrucción. “Cuando se hacen las solicitudes se pone en marcha el plan de descongestión, previa autorización de la Fiscalía, y se empiezan a recibir las amas para avanzar en la fundición”, añadió el uniformado.
En abril de 2019 se hizo una de las fundiciones más grandes. Durante tres días se adelantaron labores en los hornos de la siderúrgica de la Empresa Gerdau Diaco, ubicada en Tuta (Boyacá) para destruir 25.557 armas, entre las cuales había 11.694 revólveres, 3.344 escopetas hechizas, 4.817 pistolas, 2.889 trabucos, 808 escopetas originales, 875 fusiles, 382 escopetas, 230 carabinas, 197 subametralladoras, 23 lanzagranadas y 34 morteros.