SIP pide eliminar proyecto de ley que penaliza las críticas a funcionarios

La organización calificó la iniciativa legislativa como un ataque a la libertad de prensa.

Congreso de la República de Colombia. Foto: César Melgarejo / ELTIEMPO

PERIODISTA05.12.2021 10:15 Actualizado: 06.12.2021 00:00

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos.

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Se trata de una iniciativa anticorrupción que hace trámite en el Congreso y aunque su objetivo es reforzar las normas contra ese fenómeno, incluye un artículo contra quienes denuncien a funcionarios o exfuncionarios públicos.

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La SIP pidió su eliminación por considerar que representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".

El Legislativo abordará este lunes el proyecto de ley que propone penas de cinco a 10 años de prisión y un multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Además contempla la cancelación de la personaría jurídica de las instituciones de donde provengan las críticas que se consideren injuria o calumnia.

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Es una herramienta para callar a medios y periodistas

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa".

Canahuati, quien además es CEO de Opsa, de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido: "es una herramienta para callar a medios y periodistas", expuso.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, indicó: "Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas".

Jornet, quien es el director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: "Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia".

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En la actualidad, y luego de largas campañas de la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre los que mantienen ese tipo de sanciones están Cuba y Venezuela.

Canahuati y Jornet expresaron que el proyecto de ley en Colombia es una nueva ley mordaza. "Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente", manifestaron.

Y concluyeron: "Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actúe en consecuencia y elimine estas protecciones especiales".

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