¿Los migrantes irregulares están votando en Estados Unidos? La mentira con la que Donald Trump agita el fantasma del fraude electoral

Como sucedió en el ciclo electoral del 2016 en Estados Unidos, y más aún en el del 2020, el Partido Republicano y su candidato a la presidencia (Donald Trump) ha comenzado a sembrar las semillas de un supuesto fraude electoral en caso de ser derrotados en las elecciones de noviembre próximo.

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Aunque hay varios frentes abiertos en esta dirección, uno de los ejes más recientes es que a cientos de miles de inmigrantes ilegales se les permitirá votar, lo cual favorecería a los demócratas, pues asumen que estos se inclinarían por la vicepresidenta Kamala Harris y sus candidatos al Congreso.

Basado en esa tesis, el partido ha contratado a un ejército de abogados y viene adelantando toda una serie de iniciativas a nivel estatal para "impedir" que los ilegales sufraguen.

La más actual de ellas es la que lanzó la semana pasada el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al exigir que se incluyera en la ley de presupuesto -que se requiere para mantener al gobierno funcionando- un proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja pero que se hundió en el Senado donde se prohibía el voto de cualquier no ciudadano en elecciones federales y pedía a los estados corroborar la ciudadanía de todos los votantes registrados.

Algo con mucho sentido, salvo porque se trata de una prohibición que ya existe en las leyes estadounidense. Adicionalmente, numerosos estudios que se han realizado a lo largo de la última década -oficiales y de universidades y centros de pensamientos- han demostrado que el voto de ilegales o personas no calificadas para votar es extremadamente marginal. O un mito, como lo pone el Democracy Docket, una institución que se dedica al monitoreo electoral.

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En las elecciones de 2016, como se recuerda, Trump triunfó al obtener más votos ante el Colegio Electoral, pero perdió el voto popular frente a Hillary Clinton por mas de 5 millones de votos.

Pero según Trump, esos 5 millones de sufragios eran de ilegales que votaron en su contra. Una vez en la Casa Blanca, creó una Comisión Especial para investigar el supuesto "fraude" en las elecciones. Pero, tras dos años de trabajo, la Comisión fue desmontada sin que hubiese podido encontrar prueba alguna.

Paralelamente, el Centro Brennan, también experto en elecciones, lanzó su propia pesquisa para validar o refutar los reclamos del expresidente.

El Centro revisó la votación en unas 47 jurisdicciones que representaban el 25 por ciento de la votación total, hallando solo 30 posibles votos de no ciudadanos que estaban siendo investigados -votar ilegalmente es fraude y acarrea severas sanciones-.

En otras palabras, el 0.0001 por ciento de la votación, cifra inconsecuente a la hora de determinar el resultado final y común en procesos electorales.

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"Los números que hallamos refuerzan lo que ha sido el consenso de expertos, académicos, funcionarios electorales y periodistas: que cualquier tipo de fraude en Estados Unidos, incluido el del voto de no ciudadanos, es algo muy marginal en nuestro sistema electoral", decía el Centro a manera de conclusión.

En el 2020, el Cato Institute, otro centro de pensamiento basado en Washington, publicó otro reporte en el que desmontó la misma tesis, que circulaba en ese entonces.

Según el Cato, si bien las elecciones de EE.UU. no son perfectas y no se puede descartar que se hayan presentado incidentes de votos ilegales, “no hay evidencia de que los no ciudadanos votaron en números suficientes como para alterar el resultado de las elecciones".

Otro estudio adelantado por la cadena CNN con expertos electorales alega que hay décadas de data e información disponible que demuestran que las leyes en vigor son muy eficientes a la hora de impedir este tipo de fraude.

"Es algo que no sucede casi nunca. Y cuando sucede es un problema mínimo que, en la mayoría de los casos, es producto de un error", dice David Becker, fundador del Centro para la Innovación Electoral, y que participó en esta investigación.

Incluso otro informe del conservador Heritage Foundation solo encontró 100 casos de fraude en 20 años de votaciones (2002 a 2020) y más de 1.000 millones de sufragios.

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Aún así, los republicanos sostienen que el problema es real y quieren llegar al fondo del asunto.

Johnson, al presentar el proyecto de ley, citó una encuesta hecha por un par de pequeñas universidades en el 2014 para evaluar el período electoral entre el 2008 y 2010.

Según los investigadores, hasta un 6 por ciento de los consultados señalaron haber votado ilegalmente. Pero la encuesta, apuntan los críticos, no estuvo basada en data y solo midió las respuestas anónimas de un pequeño grupo de personas en una comunidad específica.

Aún así, estos insisten en que un solo voto ilegal es un problema y quizá la evidencia disponible no permite medir un fenómeno más grande, teniendo en cuenta que hay más de 10 millones de personas viviendo ilegalmente en el país.

"Creo que podemos coincidir en que cada voto ilegal cancela un voto legal y por lo tanto así sea uno solo es problema para la democracia. Pero si tenemos en cuenta que hay millones de indocumentados entonces potencialmente podría ser una amenaza seria para la integridad de las elecciones", afirma Cleta Mitchell del Election Integrity Network, una organización que promueve esta causa y recluta activistas en su favor.

Según Mitchell, además, los esfuerzos que adelanten buscan restablecer la fe en el sistema electoral y no impide que los ciudadanos legítimos voten.

Para los demócratas, sin embargo, la motivación es otra. De entrada, alegan que si hay desconfianza en el sistema electoral es porque los republicanos se han encargado de sembrar dudas sin fundamentos para justificar las derrotas en el pasado.

Como sucedió durante las elecciones del 2020, cuando Trump fue derrotado por más de 8 millones de votos pero denunció un fraude masivo que fue negado por la autoridades electorales en todos los estados, sus propios funcionarios y en más de 60 demandas judiciales desechadas por falta de evidencia.

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"El mito de los votantes inmigrantes ilegales tiene múltiples propósitos para un Partido Republicano cada vez más desesperado. Les sirve para provocar más animosidad contra los inmigrantes y para disuadir a algunos inmigrantes legales a que se registren y voten. También les proporciona una excusa para rechazar la certificación de las elecciones, o, peor aún, anular votos bajo la sospecha de que fueron ilegales. Más grave, podría alimentar otra confrontación como la del 6 de enero de 2021, cuando una turba de trumpistas intentó frenar la certificación del triunfo de Biden tomándose el Capitolio y perpetuar la idea de que si pierden es porque les robaron las elecciones", afirma la analista política Jennifer Rubin en una columna en el Washington Post.

Según Rubin, una narrativa que debe ser combatida desde ya para evitar un descalabro mayúsculo el próximo 5 de noviembre.