Boris Johnson lanza arsenal diplomático para evitar moción en Reino Unido

Con un gobierno semiparalizado y sin capacidad de ejecutar políticas estratégicas, el primer ministro británico, Boris Johnson, trata de asirse al poder en medio de dos investigaciones, una interna y otra policial, en el escándalo más grande de su gestión, conocido como el ‘Partygate’, que lo tiene con un pie afuera del poder.

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El 10 de Downing Street, la oficina y residencia del el carismático y desenfrenado gobernante conservador, pasó a ser una especie de escena de crimen, en momentos en que la poderosa Scotland Yard (la policía británica) está conduciendo una investigación policial sobre las violaciones de las reglas de confinamiento durante la pandemia, que habría cometido el propio primer ministro y otros funcionarios.

“Downing Street está hecho un caos, nada se puede hacer”, reveló a EL TIEMPO un funcionario que pidió guardar su identidad, al comentar las investigaciones que se adelantan y que tienen a los empleados istrativos nerviosos, cuyos nombres podrían salir a la luz y recibir sanciones, que van desde multas hasta perder sus puestos de trabajo.

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La tensión tiene que ver no solo con el esperado reporte de la alta funcionaria de la oficina del gabinete, Sue Gray, sino con la investigación policial abierta esta semana en la propia sede de gobierno, donde los detectives policiales han estado revisando cuentas de correo oficiales, imágenes de circuito cerrado de televisión y mensajes de WhatsApp para recabar pruebas incriminatorias en los despachos oficiales del quinto país más poderoso del mundo.

En el reporte istrativo se recogen las infracciones cometidas por Johnson y otros empleados públicos con fiestas en Downing Street realizadas entre los años 2020 y 2021, cuando regían en el Reino Unido estrictas leyes que prohibían reuniones de más de dos personas en lugares cerrados, so pena de multas de hasta 10.000 libras esterlinas (53 millones de pesos colombianos).

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El frenazo de la publicación del informe interno se lo dio la jefe del New Scotland Yard, la comisionada policial Cressida Dick, quien reconoció el viernes que se identificaron “serios indicios de infracciones penales” y que se había comunicado con Gray para pedirle que hiciera mínimas referencias a sus hallazgos internos, ante el temor de que pudiera afectar la investigación criminal que se adelanta en Downing Street.

La comandante Catherine Roper, que supervisa la investigación, agregó que la oficina del gabinete, bajo la cual Sue Gray está llevando a cabo su investigación, había entregado “material” relevante al ente policial, incluyendo pruebas contundentes, como declaraciones de testigos, fotografías o mensajes de texto sobre los hechos investigados.

El Scotland Yard también reveló que en los próximos días comenzará a enviar cartas a los funcionarios de Downing Street sospechosos de infringir las normas de confinamiento, y mencionados en el expediente de pruebas de Sue Gray, cuya copia está en manos de los investigadores policiales.

De hecho, quienes violaron las leyes de la pandemia asistiendo a fiestas gubernamentales tendrán que proporcionar una “excusa razonable” o serán multados. Se especula que el propio Johnson y sus asesores más cercanos están entre quienes recibirán las notificaciones policiales.

El retraso en la divulgación del informe Gray y la investigación policial han sido interpretados por algunos analistas como “un respiro para Johnson”, quien estaría ganando tiempo, mientras crecen llamados para que renuncie al cargo, tanto desde los partidos de oposición como desde su propia tolda conservadora.

“Boris sabe que sus días están contados, pero dará la batalla hasta el último momento y el retraso en la divulgación del informe de Gray y la investigación policial le dan un aire que necesita en este momento”, dijo Christopher Field, un veterano periodista.

Mientras tanto, se dice que Johnson se la ha pasado los últimos días tratando de salvarse el pellejo, y haciendo lobby para reconquistar a los rebeldes de su partido conservador que piden su renuncia, en medio de la peor caída del apoyo de los británicos al Gobierno al 23 por ciento en comparación con el opositor partido Laborista, que está en un 56 por ciento.

“El primer ministro está prometiendo cielo y tierra a los rebeldes conservadores para evitar el voto de censura en el Parlamento”, comentó Laura Kuenssberg, la editora política de la BBC, al recordar que ya hay al menos una docena de cartas pidiendo la moción en el llamado comité 1922, que es el ente regulador del partido conservador en el Parlamento. Se necesitan 54 cartas de ese tipo para oficialmente retar el liderazgo de Boris Johnson y su eventual salida del poder.

Cuando ya se creía que el enojo parlamentario contra el primer ministro británico había menguado, salieron a relucir revelaciones en las que se asegura que Johnson les habría mentido a los de la Cámara de los Comunes en el Parlamento sobre alegatos de que el propio primer ministro había autorizado la evacuación de mascotas de un refugio de animales en Kabul, dejando en el terreno a cientos de afganos aliados, mientras que los militares talibanes se tomaban el poder en Afganistán tras 20 años de control de Occidente.

Tras la grave crisis de retirada afgana, se denunció que el primer ministro británico había autorizado un avión militar para sacar perros de un refugio que funcionaba en Kabul, mientras se quedaron varadas y en peligro de represalia taliban miles de personas de ese país, que trabajaban cooperando con la embajada británica.

En su momento, Johnson había negado tal autorización, pero esta semana se revelaron una serie de correos electrónicos oficiales del despacho de Exteriores del momento, que daban cuenta de la orden del primer ministro de realizar la evacuación de las mascotas.

La oposición, liderada por el laborista Keir Starmer, acusó a Johnson de “mentir”, renovando los pedidos de que renuncie al cargo. Algunos advierten que Johnson está “atado de manos” en temas sensibles, que podrían directamente afectar los bolsillos británicos.

Según economistas, un punto muy delicado para resolver tiene que ver con los efectos de la peor inflación en décadas que vive el Reino Unido, que podría estar al cierre del 2021 en un 7 por ciento, muy por encima del 2 por ciento, que se había propuesto el Banco de Inglaterra, el emisor británico.

El equipo de Gobierno tendrá que decidir entre ceder a presiones políticas o aplicar medidas fiscales para balancear las cuentas tras la crisis de la pandemia que tiene las arcas con el endeudamiento neto del sector público en 96,1 % del PIB en el Reino Unido, el más alto desde principios de la década de 1960.

Para amortiguar el efecto inflacionario, hay llamados desde su propio partido a que eche para atrás un plan de aumento del 1,25 % al impuesto al seguro social, golpeado durante la pandemia. Dicha medida les costará a los trabajadores 255 libras esterlinas adicionales al año.

De hecho, voceros oficiales aseguran que, en la agenda de la semana que se avecina, Johnson intentará volver a centrarse en el trabajo diario, que incluirá una serie de anuncios de política interna sobre el posbrexit y la llamada “nivelación”, que se refiere a medidas para apoyar a las regiones más pobres del Reino Unido.

MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Para EL TIEMPO

LONDRES

En Twitter: @mavicristancho

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