Pedro Sánchez, ante el reto de sortear un mandato que genera fractura en España

Pese a que las encuestas y el resultado de las pasadas elecciones municipales españolas apuntaban hace escasos meses a que se acababa su tiempo en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez consiguió ser investido este jueves de nuevo como presidente del Gobierno de España, gracias al apoyo que le dieron los partidos independentistas catalanes tras prometerles una ley de amnistía.

Ahora, Sánchez, líder del Partido Socialista (Psoe), afrontará una legislatura agitada y cargada de retos por las divisiones que provoca este pacto.

Después de dos días de tenso debate parlamentario, sobre todo el de este miércoles en su primer cara a cara en el Congreso español con el principal líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (del Partido Popular –PP–), Sánchez alcanzó los 179 votos previstos, tres más que la mayoría absoluta establecida (176).

Todo esto ocurre después de semanas de intensas negociaciones políticas. Y si bien el PP ganó las elecciones generales de julio, Núñez Feijóo no obtuvo el respaldo suficiente de los diputados del Congreso para convertirse en presidente, ya que el régimen constitucional español contempla el modelo parlamentario que permite al Congreso votar y decidir quién será el jefe de Gobierno.

Esto le abrió la puerta a Sánchez, segundo en las votaciones, para buscar alianzas y sumar los votos suficientes para revalidar el cargo.

“Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y este preciso momento no ha sido fácil para todos, como tampoco lo ha sido para mí”, itió Sánchez dirigiéndose a sus diputados socialistas.

En definitiva, el candidato recibió el apoyo de su Partido Socialista (121 diputados) del partido de izquierda Sumar (31), de las formaciones independentistas catalanas Juntos por Cataluña (7) e Izquierda Republicana de Cataluña (7), del Partido Nacionalista Vasco (PNV, 5), del independentista vasco Bildu (6), y de la única diputada de Coalición Canaria.

Precisamente, el apoyo de los siete diputados de Juntos por Cataluña de Carles Puigdemont fue el que más se le resistió a Sánchez y se consiguió con la promesa de amnistiar a los independentistas catalanes implicados en las protestas y la tentativa secesionista de 2017, un tema altamente criticado en España y que ya provoca manifestaciones en las calles.

La oposición le acusó de entregar las riendas del gobierno a un “prófugo” –Puigdemont se instaló en Bélgica en 2017, eludiendo a la justicia española– y le avisó de que será cautivo de las demandas del independentismo.

Rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, esta amnistía llevó el domingo a cientos de miles de personas a salir a la calle en respuesta a una convocatoria del PP. Además, para este sábado está prevista en Madrid una nueva manifestación, en la que participarán dirigentes del PP y del partido Vox.

Asimismo, desde hace días hay concentraciones diarias de la derecha ante la sede del Partido Socialista en Madrid, que regularmente acaban en disturbios. El miércoles por la noche, 15 personas más fueron detenidas por alterar el orden público y enfrentarse a la policía, según la Delegación del Gobierno en Madrid. Incluso, antes de la audiencia en el Congreso de este jueves, a un diputado del Psoe le lanzaron un huevo cuando entraba al hemiciclo.

Además de sortear su compromiso de amnistiar a los catalanes que tendrá la oposición de buena parte del Parlamento –incluso en ciertos sectores del Psoe–, Sánchez también se embarcó en otra serie de propuestas para este nuevo mandato y que generan dudas sobre si habrá o no un respaldo suficiente de los legisladores.

Sánchez se comprometió con sus socios de Sumar a aumentar el impuesto a la renta a las personas con ingresos más altos y rebajar la duración legal de la semana laboral de 40 a 37,5 horas en 2025, pero sin alterar los salarios de los trabajadores. También anunció un nuevo aumento del salario mínimo, que ya subió un 50 por ciento desde que llegó al poder hace cinco años.

Y, además de la amnistía para los independentistas catalanes, Sánchez quiere impulsar un nuevo modelo de financiación que refuerce la autonomía de las regiones españolas. Este compromiso político delicado se traducirá en la anulación de una parte de la deuda de las regiones con el Estado central, empezando por 15.000 millones de euros (16.300 de dólares) de la deuda del gobierno catalán.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe