Las razones que llevaron al estado de excepción en Ecuador

A escasos cinco meses de haber asumido la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso ha tenido que declarar un estado de excepción “por la grave conmoción interna”, cambiar a su ministro de Defensa y sacar a los militares a las calles para frenar la ola de violencia en ese país.

Son días difíciles para el Ecuador. Violencia urbana, uso territorial de carteles del narcotráfico, incremento del consumo de estupefacientes, microtráfico, corrupción, problemas de gobernabilidad, inestabilidad institucional y la denuncia de los papeles de Pandora, que involucran al mandatario, son parte de la crisis que tiene convulsionado al país.

“Juntos hemos salvado vidas de las amenazas de la pandemia”, dijo Lasso al señalar que ante el incremento de la inseguridad, que ha afectado gravemente los derechos de la ciudadanía, “nos corresponde salvar vidas de las garras de la delincuencia”.

El estado de excepción, que fue declarado en la noche del lunes y busca controlar esa inseguridad y restablecer la paz, aplicará en todo el territorio nacional por 60 días.

Según el dirigente indígena, Leonidas Iza, con el estado de excepción se busca frenar la movilización social programada para el próximo martes.

De acuerdo con un análisis de violencia y delincuencia realizado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, al que tuvo EL TIEMPO, la violencia y los homicidios se han incrementado en un 105 por ciento en lo que va del año. Y el 82 por ciento de este registro está relacionado con el narcotráfico y el microtráfico. En total, 1.409 muertes violentas forman parte de esta estadística.

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Luis Antonio Fernández, un comerciante del suburbio de Guayaquil, ciudad costera con el índice más alto de violencia y sicariato, dijo sentirse más seguro al ver la presencia de infantes de marina que este martes salieron a la urbe para controlar que los s del transporte público no portaran armas.

Las Fuerzas Armadas también se desplegaron en diferentes ciudades del país. Con la presencia de carteles colombianos y mexicanos, que han contaminado grupos delincuenciales locales, el crimen organizado ha ganado espacio convirtiendo a Ecuador en un centro de acopio y distribución de drogas.

En lo que va del año, se registra la incautación de más de 140 toneladas de estupefacientes. “Ecuador es un país bisagra por donde atraviesa el 37,5 por ciento de la producción cocalera de Colombia”, explica el analista Mario Pazmiño, excoronel del Ejército y especialista en seguridad.

Este empoderamiento delincuencial se dirige desde las cárceles, donde en los últimos meses se han registrado motines mortales por la lucha del poder y control del territorio en las calles.

Estos argumentos también son esgrimidos por el presidente Lasso para justificar que “las Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles” durante las 24 horas para hacer patrullajes de control de armas, requisas de drogas y control del microtráfico.

Para eso también se blindará a los uniformados mediante la creación de una unidad legal para la defensa de los de la Fuerza Pública que combatan la delincuencia y sean demandados por cumplir su deber. “La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía”, resaltó Lasso.

Adicionalmente, el presidente ofreció el indulto para los efectivos de la Fuerza Pública que hayan sido “condenados injustamente por haber cumplido con su labor”. Según el mandatario, este respaldo promoverá que los agentes del orden actúen “sin temor en momentos” si se requiere el uso progresivo de la fuerza.

Si bien Pazmiño está de acuerdo con el respaldo legal y apoyo a los uniformados, considera que la militarización de las calles no solucionará la situación porque es una “medida parche que no resuelve un problema estructural de la inseguridad”.

En su criterio, se requiere la generación de políticas públicas de seguridad fuertes e integrales; una legislación adecuada sobre migración y consumo de estupefacientes; acciones de interdicción de las avionetas del narcotráfico, y la conformación de una fuerza de tarea conjunta que genere una dinámica de combate frontal contra el narcotráfico, principalmente en las provincias del litoral ecuatoriano, principales vías de tráfico de droga

ANA LUCÍA ROMÁN 

Para EL TIEMPO 

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