Perú y México chocan por asilo a familia del expresidente Pedro Castillo

Perú y México protagonizan hoy una crisis diplomática sin precedentes en su historia. Todo por cuenta del expresidente peruano Pedro Castillo, y el porvenir, según expertos, no es favorable para las relaciones bilaterales de ambos países.

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Perú concedió este martes un permiso para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse en asilo a México, pero declaró "persona non grata" al embajador de ese país, Pablo Monroy, y le pidió irse de su territorio en un plazo máximo de 72 horas, al considerar que su gobierno se inmiscuyó en asuntos internos.

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México, por lo pronto, descartó romper relaciones diplomáticas con Perú. La cancillería mexicana "ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

No obstante, según dijo la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, la decisión de Lima respondió a "las reiteradas expresiones" de México "sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos".

La cancillería, sin embargo, le otorgó salvoconductos a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores de edad para que puedan viajar a México como asilados, porque así lo disponen las convenciones internacionales.

Así, Paredes abandonó en la madrugada de este miércoles Perú con destino al país azteca. Según imágenes difundidas por medios locales, la ex primera dama peruana partió de madrugada con destino al aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a Lima, donde fue increpada por diversos pasajeros que también acudían a tomar un vuelo y la llamaron "sinvergüenza".

Monroy estará hasta este miércoles en la embajada de Lima, según López Obrador.

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El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este martes que "concedió asilo diplomático" a la familia del destituido expresidente peruano y dijo que ellos ya se encontraban en su embajada en Lima.

La cancillería peruana resaltó que en su país "no existe persecución política", y recordó que Paredes es investigada por la fiscalía por presunta corrupción en un caso que involucra a su esposo. Advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición, si la justicia lo dispone.

Por su parte, el canciller mexicano consideró en Twitter que la decisión peruana es "infundada y reprobable". "La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", agregó Ebrard. Su despacho ordenó el regreso de su embajador y, en un comunicado, la cancillería mexicana dijo que "cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores".

A cargo de su misión diplomática quedó la primera secretaria de la embajada, Karla Ornelas.

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Este episodio marca un punto crítico entre Perú y México.

Los lazos entre ambos países empezaron a resquebrajarse cuando a fines de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por Castillo, arremetiendo contra los intentos del Congreso de destituirlo del cargo. Pero se agravaron luego del 7 de diciembre pasado, cuando Castillo quiso disolver el Congreso peruano y gobernar por decreto.

Tras ser destituido por el Congreso, Castillo fue detenido cuando quería refugiarse precisamente en la embajada de México.

Días después, Colombia, México, Bolivia y Argentina expresaran su apoyo a Castillo, pese al fallido golpe de Estado. Esto llevó al Perú incluso a llamar a consulta a sus embajadores en esos países y a pedir a la comunidad internacional que se respeten las decisiones internas que está tomando "para resguardar la institucionalidad democrática". 

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Sin embargo, el mandatario mexicano rechazó la destitución de Castillo, a quien aún considera como el presidente de Perú y evadió responder de forma directa si reconoce a la nueva mandataria, Dina Boluarte, nombrada por el Congreso.

El diario El Universal, de México, habló con dos internacionalistas al respecto. Ellas calificaron como lógica y normal la decisión de Perú de expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy por la injerencia e intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la política interna del país andino y su defensa de Pedro Castillo, quien es investigado, entre otras cosas, por el delito de rebelión.

Las expertas consideran que el presidente mexicano está desdeñando la llamada Doctrina Estrada y lo que marca la Constitución en materia de política exterior y, en cambio, ha optado por figuras de su invención como las llamadas “pausas” en las relaciones.

Para las internacionalistas consultadas, esto es grave porque México estaría perdiendo prestigio y credibilidad a nivel internacional al dejar de lado su principio de neutralidad y no intervención, todo en aras de defender a una persona. 

La internacionalista y académica del Tecnológico de Monterrey, Arlene Ramírez Uresti, dijo que la expulsión de Monroy "es la consecuencia lógica ante la clara injerencia del gobierno mexicano" y dijo que la decisión de Perú "es la reacción natural conforme al derecho internacional".

Explicó, además, que la expulsión de embajadores es una forma de manifestar que existen diferencias ideológicas importantes entre dos países que no se pueden resolver a través del diálogo y la diplomacia.

Eso sí, según cita El Universal, Ramírez Uresti advierte que si el gobierno mexicano insiste en dar asilo a la familia del expresidente Castillo, "seguramente el gobierno peruano seguirá en los pasos de la ruptura de las relaciones diplomáticas".

Y aunque aclaró que la expulsión de Monroy "no significa el cierre de la embajada", explicó que "hay que estar atento si el gobierno peruano pide la salida de los funcionarios de segundo y tercer nivel de la embajada. Si eso ocurre, quedaría inoperable la sede diplomática en Perú y habría un cierre inmediato".

Ramírez Uresti argumentó que más allá de la amistad del presidente López Obrador con Castillo, para México las relaciones con Perú son importantes, pues hay varias iniciativas bilaterales que han fortalecido el comercio, el turismo y otras áreas que son estratégicas para ambos países.

"El problema es que se pone por encima la amistad o cercanía de una persona que los intereses de dos países", mencionó.

Por su parte, Guadalupe Peña, internacionalista y académica de la Universidad La Salle, coincidió en que la expulsión inmediata del embajador mexicano de Perú. "No es algo extraño, era de esperarse la reacción del gobierno peruano".

Peña aseguró que el discurso de López Obrador no solo va en contra de la Doctrina Estrada sino de todos los principios de política exterior que están en el artículo 89 fracción décima de la Constitución mexicana, lo cual es muy grave porque desconoce el marco legal que deben regir las relaciones de México con otros países, todo con el afán de defender a sus aliados políticos.

La doctrina Estrada es una 'norma de oro' que orientó la política exterior de México durante la mayor parte del siglo XX. Esta fue promulgada en 1930 y estableció los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia mexicana.

Esa práctica, que fue consagrada en la Constitución mexicana, tuvo un alto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando México trabajó para convencer a otros países de la región de que abandonaran el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero con la llegada al poder de López Obrador a finales de diciembre de 2018 la doctrina tuvo un corto resurgimiento.

A inicios de 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, recibió un amplio apoyo internacional. De inmediato, le expresó su apoyo el gobierno de Estados Unidos y tampoco tardó en reconocerlo como jefe del Estado el llamado Grupo de Lima, aunque hubo un gran ausente: México.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en ese entonces que seguía reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente de Venezuela. El presidente había retomado así la regla de no intervención que reza en la doctrina Estrada.

Ahora, con su apoyo a Perú, López Obrador parece haber dado un giro en la aplicación de esta doctrina.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha expresado su apoyo a Pedro Castillo. En días pasados, aseguró que "hoy por hoy hay una crisis" en Perú, donde hay "un presidente elegido popularmente preso", lo que calificó como "exabrupto".

Al ser preguntado sobre si reconoce a Dina Boluarte como presidenta, Petro evitó contestar y señaló que aún no ha conversado con el nuevo Gobierno. 

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú entregó a la embajada de Colombia una nota diplomática en la que transmite "el profundo malestar" del gobierno de Boluarte por  esas declaraciones, al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país.

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Para expertos, esto abrió las puertas de una frase de tensión ascendente en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú. 

"Es evidente que el presidente Gustavo Petro está cometiendo errores profundos que pueden ser perjudiciales", dijo Óscar Palma, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario.

Sin embargo, aclara que, de momento, "es muy temprano para saber qué puede suceder en las relaciones entre Colombia y Perú. Todavía está por verse, qué va a suceder en Perú, cómo se estabiliza la situación política allí, si está Presidenta va a estar allí de manera duradera o simplemente va a ser de transición por algunos meses". 

Eso sí, Palma recalcó que "sería saludable y estratégico tener mucha prudencia, mucha más de la que se ha tenido hasta ahora en las declaraciones que hace el gobierno colombiano sobre la situación en Perú".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redacción Internacional

*Con información de AFP, EFE, El Universal (México) / GDA