Violencia en el paraíso: Uruguay, Chile y Costa Rica dejaron de ser oasis de paz

Un agente de Interpol asesinado a balazos por dos sicarios en motocicleta. Un preso que acababa de recuperar su libertad, asesinado junto a su esposa por criminales motorizados. Dos ministros, muy cercanos al presidente, destituidos por su responsabilidad en la entrega de un pasaporte a un megabuscado narcotraficante.

Episodios como los anteriores se han vuelto trágicamente usuales en varios países de América Latina, pero estos son distintos: el primero ocurrió en Curridabat, Costa Rica; el segundo, a 5.326 kilómetros de distancia, en el estacionamiento de la cárcel de El Manzano, en Concepción, Chile; y el tercero en Montevideo, Uruguay.

Los casos coinciden en que se trata de crimen organizado, en países donde este tipo de hechos no era frecuente. Y es que este año está marcando un antes y un después para Costa Rica, Chile y Uruguay. Un despertar a una realidad ya presente, pero insuficientemente sopesada en su real dimensión.

En el caso de Costa Rica, las cifras dan cuenta de una crisis evidente: los homicidios aumentaron un 42 % de un año para otro (a noviembre). Y de las 836 personas asesinadas en lo que va de 2023, 682 murieron por ataques a bala.

En Costa Rica se ha vuelto usual un 'modus operandi' clásico: el de dos sicarios en moto que descargan sus armas contra una víctima para luego huir del lugar, como le sucedió al agente destacado en Interpol asesinado a principios de octubre mientras estaba en su carro en medio de un operativo (en ese ataque otro agente resultó herido).

En una nota a AFP, el ministro de Seguridad Pública (Interior) costarricense, Mario Zamora, dijo que el crimen organizado en ese país es un “cáncer que no fue detectado a tiempo”, por lo que hay que controlarlo para “evitar que haga metástasis”.

Gustavo Araya, politólogo de la Universidad de Costa Rica, sostiene que sin ninguna duda los crímenes se han vuelto más violentos debido al narcotráfico, en el contexto además de un gobierno que, según Araya, ha tenido una política “floja” ante este delito. “Se ha demostrado con datos que cada año hay una disminución real de la cantidad de droga decomisada”, relata.

Araya agrega que además el gobierno tuvo una especie de negación ante el problema, hasta este año en que hubo cambios en las autoridades de seguridad. Para Araya, “hubo una laxitud sospechosa”. El politólogo también apunta al artículo del diario El Universal de México, que publicó que el gobierno de Rodrigo Chaves habría pactado con bandas narcos, para bajar el índice de homicidios, tal como en algún momento lo hizo el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele.

Gastón López salió en la madrugada del 27 de octubre de la cárcel de Concepción, en el sur de Chile, y caminó hacia el estacionamiento donde lo esperaba su esposa. Apenas había dado sus primeros pasos como hombre libre, cuando desde una moto a gran velocidad les dispararon. Ambos fallecieron. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes lo asesinaron, pero se sospecha que en la cárcel se peleó con un alto narcotraficante venezolano.

Cuatro semanas después, un hombre que esperaba en el estacionamiento de la cárcel Santiago 1, de la capital chilena, fue quemado dentro de su carro.

“Son causas vinculadas básicamente a la criminalidad organizada nacional, que tiene que ver con ajuste de cuentas por rencillas anteriores, pero también por vínculos con el narcotráfico”, dijo el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, Héctor Barros Vásquez.

A esto se suman tres cuerpos descuartizados encontrados en varias ciudades, mientras han copado la atención pública los secuestros y la comprobada presencia del ‘Tren de Aragua’ –organización criminal venezolana, con presencia en varios países de Latinoamérica–, sobre todo en el norte (zona de tránsito para la cocaína que sale desde Bolivia).

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En Chile los homicidios subieron en cinco años de 845 (2018) a 1.322 (2022), según el ‘Primer informe nacional de homicidios consumados’, y son justamente las regiones del norte de Chile las que presentan las mayores tasas de homicidios por habitante.

Sin embargo, el Gobierno ha ido mutando su opinión sobre el tema.

El mismo presidente Gabriel Boric salió a fines de noviembre a reconocer el aumento de los delitos violentos y a hacer una autocrítica por las trabas que puso su sector cuando era oposición. “La seguridad pública es la preocupación central en nuestro país y así lo sabemos en el Gobierno, y estamos en una situación compleja”, dijo en un encuentro con la Cámara Nacional de Comercio.

Esto dista mucho de lo que opinaba hace solo un mes, cuando criticó públicamente a los diarios por centrarse en lo negativo: “Cuando leo los titulares de los diarios, la verdad leo poco los diarios a estas alturas, es impresionante el afán por preferir las malas (noticias)”, dijo en octubre en un encuentro con empresarios.

En Uruguay, el caso de Sebastián Marset puso en evidencia la fragilidad del Estado ante la influencia del crimen organizado y el peligro de que las instituciones terminen infectadas.

Dos ministros, el canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior, Luis Heber, debieron renunciar tras revelarse que el Gobierno intentó ocultar mensajes de WhatsApp que demostraban que la cancillería le había entregado un pasaporte al reconocido narcotraficante cuando este fue detenido en los Emiratos Árabes. Ese documento le permitió salir del país asiático y eludir a la justicia.

Este año su caso surgió en las noticias cuando en Bolivia las autoridades intentaron atrapar a Marset en un operativo del cual logró escabullirse. En ese país era dueño y jugador en un equipo de fútbol de Santa Cruz de la Sierra. En una entrevista desde la clandestinidad con una periodista uruguaya, Marset sostuvo que pudo eludir a la policía porque le avisó un oficial de alto cargo del país altiplánico.

El caso Marset ha puesto en la agenda pública el aumento del narcotráfico en ese país. Las cifras justifican esa preocupación. Por ejemplo, las incautaciones de cocaína en el aeropuerto de Carrasco, el principal del país, se multiplicaron por seis respecto a 2022, y la hidrovía Paraná-Paraguay y el puerto de Montevideo han sido sindicados incluso por un presidente extranjero, Gustavo Petro, como una de las principales rutas de salida de la cocaína hacia Europa.

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Para Daniel Rico, director de C-Análisis y consultor en análisis de riesgo y prevención de economías ilegales, el narcotráfico ya se había expandido a diversos países de Latinoamérica “de manera invisible respecto a la criminalidad, pero sí visible en cuanto a la cooptación de agentes públicos, de vinculación con empresas privadas, de decisiones de política pública, etc.”.

Rico relata que, por ejemplo, hace unos 12 años se conocieron unos documentos de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) “en los que se explicaba que Ecuador era la Disneylandia del narcotráfico y que el cartel de Cali tenía más empresas allá que en la misma Colombia”.

El experto explica que lo mismo pasa actualmente en otros países de la región que aún no tienen explosiones de violencia, como Ecuador actualmente (donde incluso fue asesinado un candidato presidencial este año).

Las expresiones de violencia del crimen organizado, según Rico, “están muy determinadas por la capacidad disociativa que tengan los Estados o incluso los acuerdos que tengan con las bandas, cuando encontramos estas expresiones de violencia es porque se han roto los acuerdos entre la misma criminalidad o con el Estado y hay una competencia con nuevos actores”. Y en esa competencia puede haber una nueva lucha también por capturar agentes estatales o políticos locales. Ya hay casos en Chile, por ejemplo, de carabineros (los policías considerados los menos corruptos de Latinoamérica) que trabajaban para narcotraficantes.

Esto mina la democracia de distintas maneras, comenzando por la fe pública. Y puede propiciar la llegada de autoritarismos que prometen mano dura.

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En el caso de Chile, por ejemplo, el Partido Republicano, de derecha, obtuvo una contundente victoria en el plebiscito de este año para elegir los consejeros encargados de redactar la segunda propuesta de nueva Constitución. Su discurso se centró en la mano dura contra los migrantes irregulares, a los que acusan por el aumento de la criminalidad. José Antonio Kast, considerado el principal adalid de esa tendencia, lidera las encuestas de popularidad y se perfila como favorito para las próximas presidenciales.

En Costa Rica, el politólogo Gustavo Araya sostiene que aún es pronto para saber si el escenario actual influirá en que aparezcan populistas de megacárceles y mano dura. Pero considera que en su país ya hay un daño al sistema de pesos y contrapesos. “Hay varias puertas que se han abierto desde la autocracia populista”, manifiesta.

Araya también sostiene que hay que poner atención a algo en su país, común en Latinoamérica y que genera el ambiente ideal para el crimen organizado: la desigualdad. “Ese es nuestro telón de fondo”, asegura.

CRISTIAN ASCENCIO (*) 

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