Cuando se interpuso una demanda para bloquear la primera granja eólica marina importante de Estados Unidos frente a la costa de Massachusetts, pareció ser un enfrentamiento entre compañías pesqueras y otras que instalarían turbinas y cables submarinos.
Las compañías que objetaban los permisos federales para el proyecto Vineyard Wind eran de Massachusetts, Rhode Island y Nueva York. Pero el grupo que financiaba la demanda presentada el año pasado era Texas Public Policy Foundation, una organización sin fines de lucro respaldada por compañías de petróleo y gas y por donadores republicanos.
Con campañas de influencia, medidas legales y legislaciones modelo, el grupo promueve los combustibles fósiles e intenta demorar la transición de EE. UU. hacia la energía renovable.
En Arizona, la fundación hizo campaña para mantener abierta una central eléctrica que opera con carbón. En Colorado, hizo un llamado a favor de restricciones menos estrictas sobre la fracturación hidráulica, o fracking. Y en Texas, el grupo elaboró una ley para castigar a instituciones financieras que quieran reducir sus inversiones en proyectos de combustibles fósiles, una legislación adoptada por otros cuatro Estados.
El grupo también ha difundido desinformación sobre ciencia climática en videos, apariciones en Fox News y campañas en redes sociales.
“Cuando das un vistazo a su promoción de ideas, es consistentemente una elección falsa entre ser ambientalmente responsable y disfrutar de prosperidad económica”, dijo Jeff Clark, director ejecutivo de Advanced Power Alliance, un grupo comercial con sede en Texas para compañías de energía renovable. “Esta organización existe para defender a los combustibles fósiles de cualquier amenaza a su participación de mercado”.
James Leininger, quien ganó una fortuna vendiendo camas médicas, fundó Texas Public Policy Foundation en 1989 para promover escuelas públicas alternativas. A medida que evolucionó, el grupo acogió otras causas. Leininger financió la exitosa campaña de Rick Perry para la gubernatura de Texas en el 2000.
Cuando el Presidente Donald J. Trump nombró a Perry en el 2017 como Secretario de Energía, el grupo colocó a varios funcionarios en la istración.
Las donaciones al grupo aumentaron de 4.7 millones de dólares en el 2010 a 25.6 millones de dólares en el 2021. Documentos fiscales muestran que ha recibido dinero de compañías de combustibles fósiles que incluyen al gigante del carbón Peabody Energy, a Exxon Mobil y a Chevron. Muchos de los ejecutivos y del consejo de la fundación han trabajado para la industria del petróleo y el gas.
El año pasado, la fundación puso la mira en el proyecto Vineyard Wind, que consistirá de 84 turbinas ubicadas a 23 kilómetros frente a la costa.
Meghan Lapp de Seafreeze Shoreside, una mayorista de mariscos que se cuenta entre los demandantes, dijo que no había estado al tanto del trabajo de la fundación para disputar la ciencia climática pero que estaba dispuesta a pasarlo por alto.
“La industria de la pesca necesita a alguien que la represente”, indicó.
Desde que el Presidente Joseph R. Biden Jr. asumió su cargo al prometer convertir la acción climática en prioridad, la organización ha incrementado sus esfuerzos.
Al tiempo que los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes en enero, el grupo se perfila a recuperar influencia.
“Vamos a tener más impacto en Washington no sólo durante los próximos dos años, sino durante los próximos seis años”, dijo Jason Isaac, un ejecutivo en la fundación. “Es excelente”.
Por: DAVID GELLES
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