Venezuela: EE. UU. lanza ultimátum para cumplir acuerdos de Barbados o habrá sanciones

La Casa Blanca advirtió este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro que tiene de límite hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados en Barbados con la oposición antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre sanciones.

"Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril", dijo en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Venezuela, tras la "profundamente preocupante" decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación de la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.

La exdiputada, sobre la que pesa una inhabilidad de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año y en cualquier otro proceso comicial hasta 2036, arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35 % de los votos.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., aseguró el sábado que la sentencia del Supremo venezolano "es inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones competitivas". 

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Después de que el Gobierno y la oposición venezolana alcanzaron en Barbados unos acuerdos sobre las elecciones presidenciales de 2024, Estados Unidos anunció en octubre el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas.

La istración de Joe Biden advirtió, sin embargo, que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente seis meses y que podía reconsiderar la decisión.

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Entre las condiciones que puso entonces EE. UU. para no reactivar las sanciones había la liberación de varios presos estadounidenses en Venezuela, algo que ocurrió el mes pasado, pero también la habilitación de Machado.

El levantamiento temporal de varias sanciones de Estados Unidos al petróleo y el gas venezolano termina en abril. Por lo que Kirby instó a los dirigentes venezolanos "a tomar las decisiones correctas" antes de abril.

Kirby afirmó además que, en los acuerdos, el Gobierno de Maduro "hizo algunos compromisos sobre partidos políticos de oposición, sobre elecciones libres y justas y lo que todo eso significaba, y no han tomado esas acciones".

El gobierno de Maduro ya respondió a la posibilidad de regreso de sanciones. Este lunes, el jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, advirtió que su país responderá con severidad si Estados Unidos reanuda o aplica nuevas sanciones contra la nación caribeña.

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"Estamos muy atentos a las acciones que tomen (en Washington) en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz, a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales (...) Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica", aseguró en rueda de prensa.

Rodríguez también llamó este lunes al Gobierno estadounidense a no inmiscuirse en los "asuntos que solo les competen a los venezolanos".

"No aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Apelamos a unas relaciones de respeto mutuo entre los Estados y los Gobiernos. (...) A estas alturas, ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia", expresó el oficialista.

La opositora venezolana María Corina Machado, por su parte, descartó este lunes abandonar su candidatura presidencial tras el fallo judicial que la hace inelegible en los comicios previstos para este año.

"Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto", dijo Machado ante seguidores, tres días después de la sentencia, que tachó de "decisión grotesca".

"Yo recibí el mandato de casi tres millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Represento a esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí", sentenció, descartando al mismo tiempo designar a un sustituto.

La candidata de la principal coalición opositora también pidió una "negociación distinta" con el Gobierno en la que "se cumpla la palabra" y el pueblo "esté en esa mesa" representado.

En este sentido, la opositora, quien calificó como un acto de "delincuencia judicial" la sentencia del Supremo, aseguró que la respuesta "no está en los tribunales", sino en "una verdadera negociación".

Asimismo, aseguró haber dado al Gobierno "la oportunidad de cumplir su palabra" del acuerdo de Barbados, suscrito en octubre pasado entre el chavismo y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pero, "una vez más, ellos incumplen los compromisos asumidos" y "violan lo acordado".

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales.

Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.

Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos.

Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.

El TSJ revisó la sanción de Machado dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.

Así, tras más de un mes de interponer el recurso, la Sala Político istrativa del TSJ validó los argumentos de la Contraloría para sancionar a la política liberal de 56 años por ser "partícipe de la trama de corrupción", vinculada al dirigente Juan Guaidó, reconocido como presidente por Estados Unidos entre 2019 y 2023 con manejo de recursos bloqueados en el exterior.

Machado, que niega las acusaciones, sostiene que "nunca" fue notificada del acto istrativo y por tanto nunca pudo defenderse.

La decisión generó un fuerte rechazo internacional. La Unión Europea, por ejemplo, se mostró este lunes "muy preocupada" por la decisión de la máxima corte, que también ratificó una inhbilitación contra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

"Las decisiones destinadas a impedir que de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales no pueden sino socavar la democracia y el Estado de Derecho", indicó en un comunicado.

La Organización de Estados Americano (OEA), por su parte, señaló este domingo que la ratificación de la inhabilitación de la candidata "liquida" la "posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela". 

"Las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes", dijo la OEA.

Tras el fallo de la justicia el viernes, la delegación opositora en la mesa de negociación exigió el sábado que la decisión fuera revertida, y adelantó que denunciaría la situación ante Noruega, así como ante gobiernos involucrados en el proceso de diálogo.

El chavismo, entre tanto, considera el fallo como "cosa juzgada" y pasó la página sobre Machado. "Hubo un mecanismo de manera voluntaria, quienes quisieron recurrir recurrieron y además se comprometieron a respetar el resultado. Eso es pasado, bien pasado ya", recalcó Jorge Rodríguez, que tachó a la oposición de "profundamente arrogante" al creer que "un apellido puede sustituir a la Constitución".

El abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafalli, explicó a la AFP que Machado podría "intentar una acción de amparo constitucional contra esa decisión que se produjo o demandar la nulidad de el acto istrativo".

"Pero esto es un problema político, no es un problema jurídico. Si no hay un poder judicial independiente, autónomo (...) nunca vas a tener una respuesta favorable", aseguró.

EFE y AFP