Tras suspensión de oficina de ONU para DD. HH. en Caracas, activistas temen más abusos

El Gobierno de Venezuela anunció este jueves su decisión de suspender las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al considerar que ha "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo.

(Además: El informe que le entregará el Centro Democrático a la OEA sobre situación en Colombia)

El personal que allí labora, compuesto de 13 personas, tiene 72 horas para abandonar el país, informó en una conferencia de prensa el canciller Yván Gil.

(Puede leer: Venezuela: entra en vigor suspensión de licencia al oro tras reimposición de sanciones)

El anuncio lo hizo el canciller venezolano, Yvan Gil, quien manifestó que "esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".

Gil aclaró que la decisión se mantendrá "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas".

(Puede leer: ¿Cómo le fue a la producción petrolera en Venezuela tras el levantamiento de sanciones?)

Además de suspender las actividades de esta oficina técnica, el Gobierno venezolano señaló que hará una "revisión integral de los términos de cooperación" acordados con esta organización en los próximos 30 días.

Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina "ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución", prosigue el escrito.

Sin embargo, reiteró su "voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos".

(Además: Excarcelan a familiares de Rocío San Miguel, acusada de 'terrorismo' en Venezuela)

Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.

También obedece a recientes comentarios de la Oficina del Alto Comisionado que exigía la liberación de la activista Rocío San Miguel, detenida y encarcelada por estar supuestamente involucrada en una conspiración de magnicidio contra Nicolás Maduro.

San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada. Fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida, pero quedó en libertad condicional.

(Puede leer: ¿Quién es Rocío San Miguel y por qué fue detenida por el Gobierno de Maduro?)

La fiscalía la acusó de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", al vincularla "de manera directa" con un supuesto plan para asesinar a Maduro.

Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de "revelación de secretos políticos y militares".

Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados.

Estados Unidos y la Unión Europea, al igual que la oficina de derechos humanos de la ONU, expresaron "profunda preocupación" por el caso.

(Además: Video: María Corina Machado fue agredida y evacuada de un acto de campaña)

Tras el anuncio de este jueves, se han conocido algunas reacciones. La ONG Provea, que defiende los derechos humanos en Venezuela, expresó su rechazo a la decisión del gobierno en su cuenta de X.

"Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de #DDHH que se cometen a diario en el país", escribieron.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión en un comunicado y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia.

"Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir", indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.

"Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas", agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.

Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta Bachelet ocupaba esa posición.

Su labor principal consiste en "brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas" en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.

Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba "mucho por hacer".

Türk visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.

El comisionado se reunió, además, con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo, no obstante, que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.

Los informes técnicos sobre violación de derechos humanos le han hecho un “enorme daño político” al gobierno de Maduro, dice a EL TIEMPO el politólogo Daniel Arias, razón por la cual Caracas toma esta decisión.

“No es posible que la ONU rectifique esos documentos, por eso su personal se retirará del país”, insiste el también analista de procesos regionales.

Los roces con la ONU no son nuevos, aunque constantemente Maduro asegura que tiene buenas relaciones con su secretario, António Guterres.

Tras un encuentro virtual con la opositora venezolana María Corina Machado, representantes del partido Nuevo Liberalismo impulsarán una comisión de seguimiento en la Cámara de Representantes colombiana para hacer seguimiento a que se respeten en Venezuela las reglas democráticas. La idea fue propuesta por la senadora Julia Miranda Londoño. Para Machado, la idea ayuda a alertar de lo que ocurre en Venezuela y puede extenderse a Colombia. “Que el régimen entienda que su mejor opción es aceptar una transición política con garantías. Nos esperan días muy peligrosos y delicados, los necesitamos y sabemos que están aquí”, dijo Machado a los representantes colombianos encabezados por el exsenador Juan Manuel Galán.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS