Reconocidas instituciones de la comunidad internacional —incluido el Consejo de Seguridad de la ONU y el Parlamento Europeo, tanto como Institutos del Pensamiento académico y de la CIDH—, han identificado el valioso e histórico trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un proceso serio, ético y de relevantes características técnicas y humanistas.
En particular, han destacado la rigurosa construcción que un importante grupo de investigadores (en diálogo con más de 30 mil víctimas, actores y contextos de la guerra) ha permitido avanzar en el esclarecimiento de nuestras conflictividades violentas y referenciar las categorías, los conceptos y temas centrales del conflicto sociopolítico colombiano.
Sin duda, se trata de una labor ardua, llena de desafíos, construida y orientada con elementos de investigación científica, apropiadas metodologías sociológicas con investigaciones de campo y mística democrática a fin de garantizar la legitimidad y pluralidad del proceso de esclarecimiento de la verdad que condujo a la selección de valiosos materiales que sirvieron a sus procesadores para “verificar, contrastar y profundizar” la información.
Entre otros elementos, la Comisión de la Verdad ha puesto a disposición del público cerca de 15.000 documentos desclasificados de los Estados Unidos. Además de la exploración a fondo de otros informes (más de mil) elaborados por instituciones de la sociedad civil y la indagación en numerosas fuentes secundarias en archivos bibliográficos, fondos documentales (CMH y regionales) y reproducciones transmedias.
Se trata de la colección más grande y actualizada de documentos desclasificados relacionados con el conflicto armado colombiano, en cuya exploración y selección participaron investigadores de nuestra paradigmática Universidad Nacional como Mariana Delgado Barón y César Osorio Sánchez, junto con profesionales de la Comisión de la Verdad.
La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses, permite observar que las responsabilidades van más allá de quienes empuñaron las armas.
Dicha clasificación cubre un itinerario histórico que va desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán hasta la identificación de tareas de la contrainsurgencia y la seguridad interna; Chiquita Brands y sus vínculos con el paramilitarismo, las Convivir; las AUC; la Escuela de las Américas; el desplazamiento forzado y los “falsos positivos”; las FARC-EP; el ELN; el EPL; el M-19; compañías militares de seguridad privadas; las masacres y los múltiples procesos de limpieza social, y la multicriminalidad.
Son evidencias de los graves crímenes cometidos y fuente de memoria social para la reconstrucción de la memoria histórica, todo dentro de un proceso de verificación estadístico y analítico que permitió establecer el relacionamiento temprano entre de la Fuerza Pública con el paramilitarismo y de este con el narcotráfico.
A fin de promover la apropiación social del proceso de esclarecimiento de la verdad, de reconocimiento de responsabilidades, de promoción de la convivencia y de no repetición de la aciaga historia de nuestra confrontación de más de medio siglo, a través del diálogo social y la participación democrática, la Comisión de la Verdad ha hecho múltiples presentaciones pedagógicas y entregas simbólicas en auditorios del país y la comunidad internacional, espacios que han concluido en conversatorios y debates constructivos sobre la apropiada utilización de los documentos para narrar la historia de nuestras violencias.
De ese conocimiento acumulado, ha emergido la evidencia de que “el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados ni solamente a una guerra de ideologías”. La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses, permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que este representa van más allá de quienes empuñaron las armas, y que se extiende como una responsabilidad ética y política a sectores políticos de todas las ideologías.
Por tales razones la nominación, en buena hora propuesta por la ministra de la Cultura, Patricia Ariza, para que el Trabajo de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación merece el apoyo de todos los colombianos.
ALPHER ROJAS C.