Los sistemas férreos son la gran apuesta del gobierno Petro. El Presidente ha manifestado su intención de convertir el tren en el nuevo ícono del transporte. Sus planes contemplan una conexión interoceánica, la obra Dorada-Chiriguaná –cuyos pliegos se publicaron recientemente–, trenes de cercanías y varios proyectos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Un proyecto férreo requiere expertos en las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento. No existe un solo proveedor integral que ofrezca todas las fases, por esta razón será difícil para las entidades públicas el seguimiento y, necesaria, su óptima articulación.
El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda tendrán que analizar con pinzas la coyuntura económica para seleccionar el mejor instrumento de contratación. Está claro que estructurar un proyecto bajo la modalidad de obra pública es muy diferente a gestar una alianza público-privada, especialmente en la financiación y la distribución de los riesgos.
Para ir sobre rieles, la legislación tendrá que facilitar las consultas previas y la compra de predios. El patrimonio arquitectónico y el arqueológico deberán tener mecanismos expeditos de protección. También será necesario tener entidades que articulen el traslado de redes y la integración de tarifas con los sistemas de existentes.
Mención especial merecen las licencias ambientales; el Ministerio de Ambiente –a través de la Anla– se está convirtiendo en un supraministerio, esto puede ser un verdadero problema para las demás carteras.
Es plausible la decisión de impulsar los sistemas férreos, Colombia reconoce las políticas de infraestructura como políticas de Estado que transcienden a los gobiernos de turno.
El país tiene que mejorar sus capacidades técnicas, hoy se limitan al transporte de carbón, metro de Medellín, los avances del metro de Bogotá y del Regiotram de Occidente.
A los desafíos propios de la industria férrea tendremos que sumarles los de carácter financiero. La inversión privada es necesaria. Sin embargo, la inflación, la volatilidad del tipo de cambio y el incremento de las tasas de interés opacan el optimismo oficial.
Algunos de los proyectos legislativos radicados en el Congreso de la República tendrán impacto en los modelos financieros, por ejemplo, la reforma laboral. En conclusión, estimar las tarifas del servicio y, seguramente, los subsidios será una tarea muy difícil.
Es plausible la decisión de impulsar los sistemas férreos, Colombia reconoce las políticas de infraestructura como políticas de Estado que transcienden a los gobiernos de turno. No obstante, habrá que analizar el impacto que tiene en la inversión promover un modelo económico proteccionista.
Todo parece indicar que la contratación de los proyectos se hará bajo la modalidad de obra pública. En consecuencia, la incertidumbre sobre el futuro del metro de Bogotá no ayuda. Es urgente cerrar el capítulo.
La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad invaluable para resolver parte de los vacíos. El Tren del Río en Medellín, el Tren del Caribe, el Regiotram del Norte, los trenes del Eje cafetero y del Valle del Cauca son compromisos regionales que el Gobierno tendrá que cumplir, la ANI y la Upit tendrán un papel protagónico.
El Ministerio de Transporte es el gran gestor y articulador de los sistemas. El impulso a los proyectos que se encuentran en ejecución, así como la tranquilidad que les inspire a contratistas y proveedores, será su mejor carta de presentación.
ANDRÉS CHÁVES