Paciencia con la transición

No es infundado el temor que siente la ciudadanía ante los anuncios de la descarbonización económica. Es evidente que tendremos tantas transiciones energéticas como sectores se involucren. Las particularidades de cada industria, las diferencias de los mercados y las exigencias logísticas harán que el trabajo del Gobierno sea enorme en materia regulatoria y de articulación interinstitucional.

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El país cuenta con aciertos en políticas ambientales que guiarán la maduración de las nuevas y casos en donde habrá que corregir. Por ejemplo, le corresponderá al gobierno Petro revisar la resolución 762 de julio del presente año. La norma expedida por el gobierno Duque se excede al condicionar la fabricación y venta de vehículos a la incorporación de los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD, por su sigla en inglés). Esta decisión, que rige a partir de enero del 2023, puede comprometer el 50 % de la oferta de vehículos nuevos.

La resolución tiene una evidente colisión de competencias entre las carteras de Transporte y Ambiente. La homologación de automotores y sus reglamentos técnicos son una responsabilidad del Mintransporte. La resolución es una reforma estructural que impone obligaciones a la ciudadanía, carece de un adecuado debate público y presupuestal. Además, crea nuevos controles en vía, asigna tareas a los centros de diagnóstico automotor, a la Policía Nacional y al Ideam.

Algo similar pasa en el ámbito territorial, la reciente publicación del borrador de la resolución de Etiquetado Vehicular Ambiental deja múltiples preguntas y muchas dudas sobre la articulación del orden nacional con el territorial.

El Ministerio de Transporte necesita una dirección de movilidad sostenible y urbana que oriente a las autoridades municipales. Una regulación restrictiva, improvisada y sin concertación afectará los derechos fundamentales de las personas, comprometerá el abastecimiento de las ciudades y pondrá en riesgo el comercio exterior.

Es fundamental que todos entendamos que el factor crítico de la transición, por definición, es el tiempo. El ejemplo que mejor ilustra esta afirmación es la política de estímulos para la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos. En el año 2017 se expidieron las normas con los beneficios y tan solo hasta el 2021, cuatro años después, los fabricantes y distribuidores ofrecieron su nuevo portafolio. No obstante, los resultados son marginales y las cifras no son representativas todavía. Después de un lustro, tan solo el 2 % de los vehículos circulan con motores de bajas emisiones. Hay que persistir.

Necesitamos promover la reposición del parque automotor, estimular la inversión de fabricantes e importadores para mejorar la oferta tecnológica y mantener la contribución del sector automotor a la economía (cerca del 17 % del PIB).

Colombia tiene uno de los indicadores de motorización más bajos de los países Ocde, por cada mil habitantes hay 127 carros. Estamos por debajo de México, Chile y lejos de Países Bajos –este último, el paradigma de la movilidad en bicicleta–. Según el gremio Andemos, el país representa el 0,2 % del mercado automotor mundial, indicador que nos deja con muy poca capacidad de negociación.

Por fortuna, las señales del Gobierno son claras. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la necesidad de contar con nuevos marcos normativos, promover el ascenso tecnológico, fortalecer la infraestructura de electrificación e impulsar la movilidad activa.

El país tiene en los Objetivos de Desarrollo Sostenible un instrumento para armonizar sus reformas con los cambios que lidera la comunidad internacional. Convocar al empresariado, articular las instituciones y replicar las mejores prácticas puede facilitar el proceso. La transición es un asunto de tiempo, inversión y prudencia.

ANDRÉS CHÁVES

* Exviceministro de Transporte