Deterioro fiscal estructural

La esperanza que se tuvo, en 2023, sobre aprovechamiento del mayor recaudo (+2 % del PIB) para estabilizar las finanzas públicas de Colombia se ha desvanecido rápidamente. En aquel entonces se proyectaba que la reducción del déficit fiscal a 5,3 % del PIB continuaría por debajo del 4,3 % y que el balance primario (antes del pago de intereses) por fin pasaría al plano positivo. De esta manera, se pensaba que la relación deuda bruta/PIB se iría reduciendo del 65 % a cerca del 60 % al finalizar la istración Petro.

Pero no, el cierre fiscal del 2024 ha confirmado el gran desastre fiscal que ha causado una istración que se obnubiló gravando a las grandes empresas al 35-38 %, entorpeciendo las perspectivas minero-energéticas, y que ha continuado gastando muy por encima de las metas que se había fijado en materia de estabilización fiscal.

Hoy Petro todavía culpa de su incompetencia a un Duque que tuvo que enfrentar la grave crisis macrofiscal por causa de la pandemia de covid-19. La situación requería haber mantenido el gasto público primario en el 17 % del PIB, observado en 2022, y no en el 19 %, que se ha continuado repitiendo en 2023-2025. El populismo izquierdista se montó en un ritmo de gasto de +2 % del PIB, pensando que el sector privado productivo aguantaba todo tipo de impuestos. Pero al desplomarse el recaudo del 16,7 % del PIB en 2023 al 14,5 % en 2024, se han desnudado los daños sobre la actividad económica, y de allí que la relación inversión/PIB haya continuado cayendo del 20 % a solo el 17 % bajo la incompetente istración Petro.

Sin mayor remordimiento fiscal, el ministro Guevara (alabado por su neokeynesianismo progasto) se ha escudado en “eventos de una sola vez”, en vez de recapacitar sobre los daños estructurales que han montado sobre la actividad privada. ¿A dónde habríamos llegado si les hubieran concedido supuestas “cláusulas de escape de gasto verde”?

No han valido las advertencias del Carf ante el Congreso sobre la gravedad del incumplimiento de la regla fiscal, y pronto veremos que hasta las ingenuas calificadoras de riesgo tendrán que revaluar el lánguido posicionamiento de los TES en lo que resta de esta istración. Ahora el financiamiento de ese elevado gasto público está ocurriendo a tasas de interés del 5 % real en los papeles ‘benchmark’, por agravamiento de la prima de riesgo país, y se tendrá que pagar el equivalente a 4,8 % del PIB en intereses durante 2025.

Y en lo que resta de esta istración tendremos una empinada cuesta fiscal. Al haberse agotado el expediente de nuevas reformas tributarias, la ley de competencias territoriales, requerida por la reforma constitucional de 2024, tiene el desafío de encontrar hasta 3 % del PIB de gasto público que pueda trasladar el Gobierno central a las regiones y así evitar déficits fiscales que bien podrían bordear el 10 % del PIB a partir del 2027.

Hemos sabido que el Ministerio del Interior trabaja en solitario dicha ley de competencias y parece inclinarse a utilizarla como mecanismo de redistribución territorial, en vez de focalizarse en afinar asignaciones por capitación que aseguren buena calidad educativa y atención en salud. Se escuchan planteamientos errados sobre abolir la preeminencia distributiva según población. Esto arriesga con terminar desviando recursos a “pueblos-blancos” desolados, como ocurre en España. El SGP es ante todo un mecanismo de pago eficiente por los servicios fundamentales, y dicha ley debe mejorar sus mecanismos poblaciones de distribución (combatiendo el ausentismo de maestros y tratamientos médicos fantasmas).

Y también el criterio de población debe tener preeminencia en la asignación de obras de infraestructura y alcantarillado. Ojalá lograran acometer la tarea técnica regional de las CAR, en lo cual fracasó rotundamente Santos, pues ellas continúan siendo fortines políticos (... tardan un año en responder razonables peticiones de la EAAB).

SERGIO CLAVIJO

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