El modelo castro-chavista

El sistema de salud colombiano está al borde del abismo, y no es por azar. Esta crisis no es espontánea, sino la culminación de una estrategia deliberada del Gobierno para desmantelar el modelo vigente y sustituirlo por un sistema estatal ineficaz, reminiscente de los de Cuba y Venezuela. El Ejecutivo ha optado por asfixiar financieramente a las EPS, intervenirlas y generar caos como pretexto para imponer su modelo.

La táctica inicial ha sido estrangular financieramente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El Gobierno ha ralentizado los pagos, ignorado los costos reales de atención y ajustado la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por debajo de la inflación del sector. La Corte Constitucional advirtió en 2023 que no se habían girado 819.000 millones de pesos correspondientes a presupuestos máximos de 2022 y ordenó al Gobierno pagar la deuda.

En diciembre de 2024, la Corte reiteró que el Ejecutivo estaba incumpliendo y le exigió girar los recursos adeudados para 2024 y 2025. La respuesta del Ministerio de Salud ha sido ignorar los fallos, dilatar con recursos improcedentes y dejar al sistema al borde del colapso.

Esta táctica no es nueva. En Venezuela, el chavismo primero asfixió económicamente a clínicas y hospitales privados, luego los intervino y finalmente los nacionalizó. El resultado: desabastecimiento total y la migración masiva de médicos. En Cuba, el modelo de salud estatizado dejó a la población sin insumos, obligándola a depender de mercados negros o favores políticos para acceder a tratamientos básicos.

El segundo paso ha sido la toma progresiva del control de las EPS. Alegando problemas financieros –que el mismo Gobierno generó con su política de desfinanciación–, ha intervenido Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emssanar, Savia, Asmet Salud y SOS del Valle del Cauca. Con esto, el Ejecutivo ya maneja la salud de más de 25 millones de colombianos. Hoy, el Gobierno que culpa a las EPS por el colapso es el mismo que istra más de la mitad del sistema. La estrategia es idéntica a la aplicada por el chavismo con el sector productivo: primero genera la crisis, luego interviene y, finalmente, monopoliza el servicio. En Venezuela, las expropiaciones destruyeron la industria; en Colombia están siguiendo el mismo libreto con la salud.

El Presidente ha llegado a amenazar con allanar bodegas de medicamentos bajo la sospecha de “acaparamiento”, una medida abiertamente inconstitucional que solo puede ser ordenada por un juez. Esto recuerda la narrativa de Chávez, quien incitaba a las turbas a tomar supermercados, o de Maduro, que justificaba expropiaciones con acusaciones infundadas. Este discurso busca trasladar la culpa del desabastecimiento a los actores privados, cuando en realidad la crisis es consecuencia directa de la negligencia estatal. Mientras el Gobierno juega a la confrontación, las clínicas colapsan, los hospitales se quedan sin recursos y los pacientes mueren esperando atención.

El resultado de esta estrategia es predecible y devastador: un sistema de salud estatizado, burocratizado e ineficiente, donde los pacientes serán víctimas del populismo y la politiquería. Como en Venezuela y Cuba, los hospitales estarán desabastecidos, los médicos migrarán y la atención será un privilegio istrado por burócratas. La salud dejará de ser un derecho para convertirse en un favor del Estado.

Lo que está en juego es el futuro de la salud de todos los colombianos. Si el país permite que esta bomba explote, acabaremos en un sistema fallido, diseñado para el control político y no para la atención. Crearon una máquina de la muerte que nos tiene en la peor crisis del sector en 30 años.

LUIS FELIPE HENAO

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