Médicos ‘made in’ Venezuela

He leído un documento titulado ‘Educación universitaria en Venezuela. Ponencia sobre educación médica’, gracias a la gentileza del profesor Rafael Muci-Mendoza, expresidente de la Academia Venezolana de Medicina y quien formó parte de la comisión redactora de dicho documento. Él es un destacado neurooftalmólogo, reconocido internacionalmente. Su trayectoria académica hace que sus conceptos sobre la educación médica en su país sean, sin duda, autorizados.

(También le puede interesar: Camino equivocado)

Uno de los capítulos está dedicado a la carrera de Medicina Integral Comunitaria (MIC), originada por médicos cubanos. Recuérdese que mediante convenio Castro-Chávez, a Venezuela llegaron millares de médicos cubanos para prestar atención asistencial primaria. Se calcula que en 2008 había 14.000 de ellos. Muchos vienen siendo profesores del programa MIC, sin tener la preparación adecuada. Son docentes improvisados de un pobre currículo académico.

El anterior preámbulo lo motiva la peregrina idea de Robert Daza, senador del Pacto Histórico, de que el título de Médico Integral Comunitario otorgado por el país vecino sea convalidado por el Ministerio de Educación de Colombia. Ante la evidencia de que la formación académica de los médicos integrales comunitarios es más que mediocre, la propuesta del senador Daza ha sido rechazada con vehemencia por las asociaciones médicas.

Se calcula que hay cerca de 1.300 médicos made in Venezuela que aspiran a ejercer en nuestro país. Seguramente no podrán hacerlo, pues el plan de estudios que cursaron no tiene ninguna equivalencia con ninguno de los relacionados con el campo de la salud. Siendo así, no les queda otra opción que iniciar sus estudios médicos aquí, o regresar a la república bolivariana. Es que la hipotética convalidación se constituiría en una licencia de corso.

El llamado “personal de salud o sanitario” es aquel encargado de velar por el bien más preciado de todo ser humano, la salud, y está compuesto por profesionales diferenciados, es decir que no todos poseen iguales capacidades técnicas para desempeñar su actividad. Ese personal actúa en equipo, al frente del cual figura el médico, en razón de que su formación es la de mayor jerarquía. Por eso quienes laboran a su lado se consideran como personal “paramédico”. Su responsabilidad en el manejo de los enfermos no es tanta como la de aquel.

El ejercicio médico es una actividad de primera clase que debe ser ejercida por hombres y mujeres, asimismo, de primera clase. Ese profesional de primera clase está obligado a llenar exigentes requisitos, esbozados desde la época de Hipócrates. En uno de los libros del Corpus Hippocraticum (legado de la Escuela Hipocrática) se lee que el médico debe ser un dechado de sabiduría y de virtudes tales como el desprendimiento, la modestia, la dignidad, juicio inteligente, lenguaje sentencioso, conocimiento de lo que es útil y necesario para preservar la salud, formación excelsa para tratar con éxito a sus pacientes, es decir, ser un virtuoso técnico. La posesión de tales requisitos hizo del médico una persona docta, un doctor. No obstante que en Colombia el artículo 31 del Decreto Ley 80 de 1980 puso fin a la “doctoritis”, la misma índole del quehacer médico hizo imposible acabar de un plumazo con algo tan arraigado en el sentimiento de las gentes y tan consubstancial con una profesión excepcional. Por eso, a pesar del decreto ley, al médico se le sigue llamando “doctor”.

A través de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), entidad orientadora de la formación médica, se ha venido ejerciendo una especie de veeduría de las escuelas adscritas a ella, lo cual ha permitido que la calidad técnica y ética de sus alumnos sea durante el ejercicio de la profesión prenda de garantía para la sociedad que va a usufructuar de sus servicios. En general, los médicos graduados en Colombia llenan los estándares internacionales que les permiten ingresar al grupo de los “médicos idóneos”.

Atención: en concepto de mi colega Muci-Mendoza, “la carrera de Medicina Integral Comunitaria ha sido un verdadero fiasco; fue una oferta engañosa, y aún sigue graduando tres mil personas al año”.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES