El terrorismo sigue ahí

Hay que reconocer que, no obstante la desmovilización de las Farc, las acciones y amenazas de terrorismo persisten, en especial por parte del Eln y las disidencias, sin dejar de lado lo que pueden hacer las diversas bandas criminales organizadas y los grupos delincuenciales que operan en el país y han aprendido a utilizar estas acciones para atacar a la Fuerza Pública, presionar el pago de extorsiones, saldar cuentas o para asesinar personas con explosivos de menor poder.

Luego de ser una modalidad exclusiva de las guerrillas en contra de las Fuerzas Armadas en medio del conflicto, el narcotráfico a comienzos de los 90, en especial el cartel de Medellín, convirtió los atentados terroristas en el mecanismo para oponerse a la extradición. A comienzos de este siglo las Farc, después del fallido proceso de paz del Caguán, trasladaron sus acciones terroristas a las ciudades, en especial a Bogotá, y el Eln ha mantenido en su historia acciones similares en contra de la Fuerza Pública e instalaciones estratégicas.

Aunque las acciones de terrorismo han disminuido en los últimos años, según las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, durante la última década, el 2012 fue el año en el que más hechos de terrorismo se registraron, con 987 casos; esta cifra cayó a 76 casos en 2017, después de los acuerdos de paz con las Farc, y a partir de 2018 volvió a crecer y se situó en 368 casos en 2020. Hasta noviembre de este año se han presentado 184 casos.

Independientemente del origen de los atentados, el Estado debe fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de inteligencia e investigación criminal para enfrentar este tipo de hechos, que por sus características de organización y sorpresa son muy difíciles de detectar y, en algunos casos, de evitar. En esta línea, en las grandes ciudades y municipios importantes del país se requiere que la inteligencia y la investigación criminal de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía, junto con las istraciones locales, trabajen en equipo no de manera coyuntural después de que suceden los hechos, sino permanentemente, porque las amenazas de terrorismo persisten.

Para complementar este trabajo se requiere una amplia participación de los ciudadanos para que denuncien hechos sospechosos e irregulares. Las comunidades, las organizaciones sociales y los ciudadanos en general, frente al terrorismo, deben constituirse en los oídos y ojos de las autoridades en todo el territorio nacional, y las autoridades deben atender de manera oportuna todas las denuncias que hagan los ciudadanos.

Hay que organizar a las comunidades. Una sociedad que tiene altos niveles de capital social, con amplias redes de organizaciones comunitarias y que trabajan con las autoridades de la mano, es una sociedad menos susceptible de sufrir hechos de terrorismo, violencia y delincuencia.

Finalmente, dado que el terrorismo sigue ahí, hay que preguntar: ¿están las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales preparadas y trabajando en equipo de manera permanente para prevenir y atender atentados terroristas? ¿Están coordinadas las agencias de inteligencia e investigación criminal de la Policía, FF. MM. y Fiscalía? Y ¿los ciudadanos estamos preparados y dispuestos a denunciar y apoyar a nuestras autoridades?

Toda la solidaridad y el apoyo ciudadano para nuestra Policía, las víctimas y sus familias.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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