¿Tiene derecho a la libertad la Primera Línea?

Los colombianos no salimos del asombro que produjeron las palabras del presidente Gustavo Petro, pronunciadas en Nariño, anunciando que antes de nochebuena estarán en libertad los integrantes de la Primera Línea, esos jóvenes que durante las protestas del año 2021 llevaron al país a una difícil situación de orden público, en un estallido social que paralizó a Colombia, dejando grandes pérdidas en la economía. Cientos de ciudadanos se han pronunciado contra una medida que lo que busca es premiar a quienes con actos vandálicos destruyeron la infraestructura de varias ciudades y, además, sometieron a la gente impidiéndoles la libre movilización y el llegar a tiempo a sus sitios de trabajo. Súmesele a esto los daños que produjeron en la propiedad privada y, también, en la industria y el comercio.

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En el acto de posesión como presidente de la república, Gustavo Petro le pidió al fiscal general de la Nación que dejara en libertad a quienes habían encabezado las protestas contra la reforma tributaria de Iván Duque. Eso fue, como dijeron algunos abogados, una muestra de autoritarismo, como lo fue ordenar que llevaran la espada del Libertador a la plaza que lleva su nombre. El primer mandatario no puede entrometerse en las decisiones del poder judicial y menos ordenar en un acto público que se tomen decisiones sobre temas que le competen a la justicia. Debe ser respetuoso de la independencia de esta rama del poder público. Como en ese momento no pudo cumplirles la promesa que la noche de su victoria en las urnas les hizo a quienes incendiaron el país, aprovechó la Ley de Paz Total para introducir un artículo que le permitiera hacer realidad su promesa.

Los colombianos no vemos con buenos ojos que unas personas que protagonizaron hechos que pusieron en peligro la integridad física de agentes del Estado y ciudadanos comunes recuperen su libertad. Quienes hoy esperan condenas en las cárceles están allí por orden de una autoridad competente, por haber atentado contra la vida, los bienes y la integridad de la ciudadanía, y por cometer delitos especificados en el código penal, como lo dijo el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hugo Alexander Ríos. No están allí simplemente por haber salido a protestar, ni por gritar arengas contra el Gobierno, ni por bloquear vías en las grandes ciudades. Están detenidos porque deben pagar por lo que hicieron. Una cosa es protestar y otra muy distinta recurrir al vandalismo.

¿Para el presidente Gustavo Petro no es delito que unos encapuchados incendien un CAI con policías adentro? ¿O que les echen candela a los articulados de TransMilenio? ¿O que destruyan las instalaciones de los paraderos del sistema? ¿O que amarren a un hombre en un árbol bajo la amenaza de que lo van a quemar con gasolina? ¿O que lancen papas bomba contra la autoridad poniendo en peligro sus vidas? En Colombia la protesta es libre, y debe ser permitida por el Gobierno, pero cuando los manifestantes recurren a la violencia lo que hacen deja de ser protesta para convertirse en amenaza contra la sociedad. Durante el paro nacional se dijo que los jóvenes que cometían estos desmanes eran seguidores del hoy presidente. Su deseo de sacarlos de la cárcel confirma que Petro aprobaba esos actos vandálicos.

El cambio que como candidato propuso Gustavo Petro no se logra premiando a los delincuentes, ni tratando de pasar por encima de la constitución, ni permitiéndoles a los guerrilleros “vivir sabroso” en sus campamentos, sin ser perseguidos por las fuerzas del Estado. El estallido social del 2021 demostró que fuerzas oscuras estaban detrás de toda esa violencia desatada. Quienes se aprovecharon del descontento ciudadano, la llamada Primera Línea, fueron delincuentes que quisieron pescar en rio revuelto. O si no, véase el expediente de Sergio Andrés Pastor González, alias 19, el hombre que sembró el terror en El Portal de las Américas. No solo amarró, amedrentó y amenazó con quemar vivo a un carpintero, sino que puso a vivir una verdadera pesadilla a los habitantes del sector.

Las pruebas que los jueces recogieron contra integrantes de la Primera Línea permitieron que fueran sindicados de delitos como terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, perturbación del transporte público y homicidio en grado de tentativa. Los ciudadanos que cruzaban por los sectores donde hicieron presencia fueron objetos de atracos, cobro de peajes, amedrentamientos, extorsiones y hasta torturas y secuestros, según un informe de la revista Semana. ¿Es justo que a quienes generaron terror y caos se les premie concediéndoles la libertad? ¿Y que además se les nombre gestores de paz? De ningún modo. “Nos vemos en la calle”, le dijeron al juez que dictó sentencia contra alias 19. ¿Se va a permitir que salgan a tomar venganza contra quienes testificaron en su contra?

JOSÉ MIGUEL ALZATE