Cinco prioridades forestales para el gobierno Petro

La deforestación, catalogada como el más grave problema ambiental de Colombia, ha sido puesta en el centro de la agenda del Gobierno. El presidente Petro, desde su discurso de triunfo electoral y luego en diversos escenarios, entre ellos la Asamblea General de la ONU, la COP 27 y el reciente encuentro con el presidente Biden, ha reiterado la necesidad inaplazable de proteger la Amazonia, haciendo énfasis en que, para lograrlo, en el marco del cambio climático se requiere un mayor compromiso de la comunidad internacional.

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La complejidad de causas y agentes de la deforestación hace imprescindible que en lo nacional se adopte una visión integral de largo plazo y se desarrollen acciones que vayan más allá de lo meramente coercitivo. Ello demanda una gestión estatal renovada y fortalecida en por lo menos cinco frentes estratégicos: 1) Política pública y planificación; 2) Legislación y reglamentación; 3) Institucionalidad; 4) Financiación; 5) Participación. Y no es que el país carezca de instrumentos en estas materias. Es que lo que existe no se implementa, o se hace a medias, o no se cumple, o es obsoleto, o es erróneo, o es incompleto, o no funciona, o no se financia.

En este contexto, parecen haber tenido eco los planteamientos formulados tanto desde esta columna (‘Retos para el próximo gobierno’; 29 de mayo de 2022. http://bitly.ws/vg4a), como también por diversos actores del campo forestal y ambiental, en relación con la apremiante necesidad del Servicio Forestal Nacional.

En efecto, en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo se han aprobado ya en primer debate las facultades extraordinarias al Presidente de la República “para dar desarrollo al servicio nacional forestal” (sic), mediante la creación de una entidad que será responsable de formular e implementar planes, programas y proyectos de gobernanza, investigación y economía forestal y de la biodiversidad, restauración y control de la deforestación, mitigación y adaptación al cambio climático, para contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Si bien se contempla modificar y ajustar las competencias de las entidades del Sistema Nacional Ambiental en relación con las funciones del nuevo organismo que se cree, sería necesario, además, incluir alguna disposición para articular la institucionalidad del sector de agricultura y desarrollo rural.

En el proyecto de ley se establece también que la nueva entidad deberá apoyar la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF). Es de esperarse entonces que esto esta vez efectivamente se lleve a cabo con la nueva Agencia Nacional Forestal (esta debería ser su denominación y ojalá en el resto del trámite legislativo no se introduzcan micos que desnaturalicen la esencia forestal del servicio forestal), pues ya los gobiernos Uribe, Santos y Duque le pusieron conejo al país en esta materia (ver mi columna ‘Conejos silvestres’, 21 de noviembre de 2021. https://bit.ly/3YgBi0c). Por ello, el PNDF 2000-2025 prácticamente se extinguió mucho antes de que expirara su vigencia formal, en manos del responsable de su coordinación e implementación, el propio Ministerio de Ambiente.

Las otras prioridades estratégicas que el gobierno Petro debería implementar, si se quiere un cambio en la gestión forestal, son:

– Formulación de un proyecto de ley forestal, tarea establecida por la Política de Crecimiento Verde (PCV) de 2018, hasta ahora incumplida por los ministerios de Ambiente y de Agricultura.

– Formulación de una estrategia integral de financiación para la gestión forestal, también fijada por la PCV e igualmente sin cumplir por Minambiente, Minagricultura y el DNP.

– Creación del Consejo Nacional Forestal y reconocimiento formal de las Mesas Forestales Departamentales, como instancias de participación, articulación y concertación, requisitos indispensables de una buena gobernanza forestal.

JOSÉ MIGUEL OROZCO