Es cierto que Colombia necesita un nuevo código electoral que deje atrás las viejas e inaplicables normas de 1986. También, que el proyecto que se discute en el Congreso tiene elementos positivos que permitirán modernizar los escrutinios, garantizar mayor transparencia con la biometría y blindar en mejor forma los procedimientos electorales. Sin embargo, el afán con el que se pretende su aprobación, la oposición de sectores políticos y los serios cuestionamientos a su trámite deberían conducir a los autores de la iniciativa a una pausa y reflexión sobre las consecuencias para nuestra democracia de una aprobación navideña a los trancazos, a pupitrazos, que ocasione seguramente los mismos dolores de cabeza de la malograda reforma de la justicia del 2012.
No es, entonces, conveniente desechar en forma olímpica las críticas de importantes sectores de la oposición, del Procurador General de la Nación y de dirigentes y columnistas que no se pueden calificar de contradictores del Gobierno ni de la organización electoral. En un proyecto de más de 250 artículos, sin la revisión detallada y objetiva del texto, es imposible garantizar que no se encuentren micos y normas que afecten nuestra democracia. Por ello, lo sensato y prudente es no tirar a la basura el trabajo de los últimos dos meses, pero tampoco atropellar con su aprobación en diciembre. El Gobierno y el Registrador, en un acto que despejaría dudas de la opinión pública, deberían convocar a todas las fuerzas políticas a una mesa de trabajo en los meses de enero y febrero para revisar el código y buscar el más amplio consenso para la aprobación del proyecto en las sesiones que se inician el próximo mes de marzo.
En un proyecto
de más de 250 artículos, sin la revisión detallada
y objetiva del
texto, es imposible garantizar que no se encuentren micos y normas que afectan nuestra democracia
Además, por ser ley estatutaria, el código debe ir a revisión previa de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor y, en la medida en que el calendario electoral del 2022 se inicia un año antes de las elecciones, parece difícil que se pueda aplicar para las próximas elecciones de Congreso y presidente. Un acuerdo que defina desde ya con claridad que la nueva legislación solo se implementará en el 2023 traería tranquilidad a todos los actores políticos.
Más allá de las críticas al proyecto y a las actuaciones de la Registraduría Nacional, un alto en el camino es indispensable. No juguemos con candela con las reglas de juego electorales. Hace años, un veterano congresista conservador señalaba que “los micos salvan las reformas tributarias y hunden las reformas políticas y electorales”. Lo serio es blindar el nuevo código de los micos, y esa tarea no se cumple bien a las carreras.
Son muchas las voces que desde ya advierten que el código se convertirá en el instrumento de las mayorías afines al Gobierno para ganar las elecciones del 2022. Cierta, falsa o exagerada, esa afirmación hace un daño enorme al necesario clima de tranquilidad democrática que se requiere en estos tiempos de rabiosa radicalización política. Llegar a una competencia tan crispada en el 2022 sin ninguna confianza en las reglas de juego y en el propio árbitro constituye un riesgo evidente para nuestra democracia. Atropellar a los partidos de oposición en materia tan sensible y aprobar la iniciativa sin su apoyo sería una grave y peligrosa equivocación.
Finalmente, las normas contempladas en el código que se refieren a plazos, formas y procedimientos no producirán el necesario cambio en el sistema político que logre recuperar la confianza y credibilidad ciudadana en sus instituciones. No es con paños de agua tibia como se logrará una mejor política, más transparente y eficaz, que sirva a los ciudadanos y no a los políticos.
Modernizar los procedimientos es útil, pero no servirá de nada sin cambios de fondo en el sistema. Seguiremos en las mismas mientras subsista el perverso voto preferente, no contemos con una autoridad electoral independiente y autónoma con los dientes suficientes para combatir la corrupción electoral y no aseguremos la financiación estatal de las campañas para garantizar transparencia e igualdad a los candidatos. Si no se avanza en esas reformas de fondo, al final nada cambiará.
JUAN FERNANDO CRISTO