Más allá de los problemas que se presentaron con el cese del fuego bilateral, vale la pena analizar las dificultades estructurales que tiene la negociación con el Eln para llegar a feliz término. En el documento ‘La ley del embudo. La paz con el Eln y los regateos del Gobierno’, Antonio García, primer comandante de esta organización, describe su visión sobre lo que sería un acuerdo de paz y cuáles han sido las diferencias con los gobiernos anteriores.
Hay tres palabras que definen las dificultades de fondo en esta negociación: trade-off, temporalidad y bilateralidad.
El trade-off es el intercambio que se da en una negociación, y, en este caso, no es claro. Lo único claro es que no se trata de armas por política, como ocurrió con las Farc, cuando al grupo armado se le ofreció la posibilidad de convertirse en un movimiento político que continúa “agitando sus ideas y luchas dentro del sistema democrático”.
El Eln aspira a que el puerto de llegada de la negociación trascienda la apertura democrática y sea la democratización de la sociedad en lo político, económico, social, cultural y militar. Para que esto ocurra, en su visión, el puerto de embarque debe ser la identificación de las causas que originaron el conflicto, porque de la definición de la enfermedad dependen el carácter y la profundidad de las soluciones. Este punto es definitivo, para ellos, porque de acabarse solamente la confrontación armada, sin transformaciones de fondo, esta seguiría inevitablemente reproduciéndose.
El tema de fondo aquí es la garantía del cumplimiento de los acuerdos, ya que, en la mirada del Eln, el Gobierno podría incumplirlos.
Asimismo, ellos plantean que la discusión de estas causas no se llevaría a cabo en una mesa de negociación bipartita, entre el Gobierno y el Eln, sino que se haría en un espacio de debate democrático con toda la sociedad. Si bien es valioso el papel que le dan a la existencia de una “sociedad organizada independiente del Estado”, que participe en la toma de decisiones y tenga incidencia en la determinación y el control de los gobiernos, también uno se pregunta si esta propuesta no equivale a sustituir lo que hace la democracia representativa con todas sus instancias elegidas a través del voto popular.
La segunda dificultad estructural es la temporalidad. En opinión del Eln, la propuesta de los gobiernos y procesos de paz anteriores es una negociación “en diferido”. En el presente, la guerrilla entrega las armas (que son lo que, en su opinión, les ha permitido mantenerse vivos y hacerse escuchar), pero el Gobierno solo promete, y es en el futuro cuando se llevan a cabo las discusiones y las transformaciones estructurales necesarias para la democratización del país. El tema de fondo aquí es la garantía del cumplimiento de los acuerdos, ya que, en la mirada del Eln, el Gobierno podría incumplirlos.
El tercer punto es la bilateralidad. Para ellos, las imposiciones unilaterales no son isibles, por cuanto en la negociación existen dos partes y lo que en la mesa “se define debe ser producto de un acuerdo”. Pero, además, y más importante aún, en la mesa “debe conversarse sobre los temas que son de interés de ambas partes” y su tratamiento ha de ser simétrico. Cuando se hable, por ejemplo, de las armas, habrán de considerarse “las armas de todos, no solo las del Eln”. Esto incluye, en su perspectiva, las del Estado.
Como se evidencia, las diferencias tanto en el puerto de embarque como en el puerto de llegada son muy profundas, y será muy difícil resolverlas apelando solamente a la razón. Aunque suene etéreo, en situaciones como estas, hay que apelar también al corazón.
En el entretanto, lo peor que podemos hacer es estancarnos en las conversaciones alrededor de los procedimientos y las formas.
JULIANA MEJÍA