Reducción de la pobreza: ¿subsidios o inclusión productiva?

Ofrecerles a todos los de la sociedad la oportunidad de tener una vida digna y de prosperar es una obligación de los gobiernos, la cual tiene réditos, no solo en materia económica, sino también en la estabilidad social del país.

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El mecanismo de política social a través del cual el Estado interviene para proteger a la población pobre y vulnerable son los subsidios. Estos se definen como las contribuciones financieras que el Gobierno hace en forma de transferencias monetarias directas, indirectas o en especie a algunos ciudadanos con el propósito de redistribuir los beneficios del crecimiento económico.

Si bien las cifras muestran que estos en el corto plazo son eficientes para aliviar la situación de pobreza de los hogares al garantizarles un nivel básico de ingresos, esta política deja muchas inquietudes.

Por un lado, más que una estrategia para reducir estructuralmente la pobreza, las transferencias monetarias son un amortiguador para evitar su incremento. La pandemia evidenció lo rápido que se pueden perder los avances logrados en reducción de la pobreza vía subsidios. Al ser esta una medida asistencialista y no una que transforma capacidades, las personas terminan siendo muy vulnerables a los choques económicos y pueden volver a caer fácilmente.

Por otro lado, la experiencia de Estados Unidos evidencia que cuando el monto de estas transferencias es cercano al salario mínimo, tiene un efecto negativo sobre la producción, ya que muchos no estarán dispuestos a trabajar por un dinero semejante al que reciben del Estado estando en casa.

Una inflación moderada, de igual forma, tiene un efecto positivo en atenuar la situación de pobreza de los hogares, ya que un incremento allí puede afectar su poder adquisitivo.

Ahora bien, en el largo plazo, la fórmula más efectiva para reducir la pobreza es la generación de empleo de calidad, y esta depende, finalmente, de la posibilidad de la inclusión productiva, la cual se relaciona más con el mercado laboral que con el crecimiento económico por sí mismo y requiere tanto de la iniciativa privada como de la intervención del Estado.

La capacidad de expansión del sector privado está sujeta a la inversión y la acumulación de capital físico y humano, al a los mercados y al carácter y determinación de unas personas con espíritu empresarial.

El crecimiento económico de los países, por su parte, depende de ciertas condiciones que los Estados deben ofrecer para fortalecer e incentivar la actividad productiva, como lo son: provisión de bienes y servicios públicos de calidad (infraestructura, educación, etc.), estabilidad política, seguridad física y jurídica, articulación entre los diferentes agentes de la sociedad y el resto del mundo, entre otros.

Para poner un ejemplo concreto: actualmente existe una desconexión importante entre las capacidades que demandan las empresas y las competencias básicas y blandas que está en capacidad de ofrecer el mercado laboral. Si bien algunas de estas falencias los privados las intentan corregir con su ejercicio de responsabilidad social, las soluciones estructurales dependen de la intervención del Estado en los temas de educación y formación laboral.

En momentos en que la discusión alrededor de un nuevo paradigma entre Estado y mercado cobra importancia, el propósito de la reducción de la pobreza muestra que se necesita de ambos. Lo cierto es que las soluciones asistencialistas, como las transferencias monetarias, mitigan, pero no resuelven el problema de la pobreza. Este, finalmente, se reduce de manera estructural con políticas que ayuden a la inclusión productiva.

JULIANA MEJÍA