La hora de las instituciones

Petro ha sido vacilante y contradictorio en su propuesta. Aún así, el único camino constitucional que tiene es el Congreso de la República, que mediante una ley habilitante, sujeta a revisión previa por la Corte Constitucional, podría convocar a la ciudadanía para aprobar una constituyente. Esta posibilidad está mediada por la acción o la intervención de las tres ramas del poder, lo que garantiza que no se preste para pervertir la democracia. Ya ha dicho nuestra Corte que el principio democrático, la alternancia en el poder y la división de poderes son pilares esenciales de nuestra carta, por lo cual sería inconstitucional cualquier intento de atornillar en el poder a un gobierno, de izquierdas o derechas, a la luz de la teoría de la sustitución de la Constitución.

Otra vía sería la convocatoria mediante un decreto extraordinario con fuerza de ley, alternativa a la que nadie le otorga futuro alguno, por el control obligatorio de la Corte Constitucional. Inclusive, podría presagiarse con buen éxito que –en un caso de estos– dicha corporación estrenaría su facultad de suspensión previa, por tratarse de un acto de manifiesta inconstitucionalidad, que podría generar efectos irremediables.

En solitario, Álvaro Leyva ha sostenido que la constituyente puede ser convocada con base en el preámbulo del Acuerdo de Paz de La Habana, donde se afirma que el Gobierno y la extinta guerrilla promoverían un acuerdo político nacional, para generar un nuevo orden político y social. Por grandes que sean los malabarismos interpretativos, de lo que se ha hecho gala en estos días, una cosa es una constituyente y otra muy distinta es la gestación de un consenso político, que –como siempre se dijo– promoviera reformas, por las vías ordinarias. Adicionalmente, todo ello solo procedía después de la refrendación del acuerdo, como allí se lee, lo que no ocurrió por decisión popular manifestada en plebiscito.

Esta semana surgió, inclusive, la tesis de que mediante un reglamento constitucional autónomo derivado del Acuerdo de Paz de La Habana, Petro podría saltarse la instancia del Congreso para avanzar en una constituyente y, de paso, el control de la Corte Constitucional, a quien se le ha confiado la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, porque entre nosotros el examen por inconstitucionalidad de los decretos del Gobierno le corresponde al Consejo de Estado. Empero, esta opción se construye sobre la base del poder normativo del Acuerdo de Paz, lo que no deja de ser inexacto, conceptual y fácticamente, al punto de que los acuerdos con las Farc han requerido reformas constitucionales y legislativas, tramitadas en el Congreso. De ser cierta la tesis de que el Acuerdo de Paz constituye un tratado “autoejecutable”, que forma parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, no habría sido indispensable ley alguna para poner en marcha la JEP o, en estos momentos, sería innecesario tramitar iniciativas sobre reforma agraria en el parlamento. Para todo ello bastaría un “decretico” presidencial, como el que se dictamina para la constituyente, lo que representa una enorme provocación frente al orden democrático.

Como se ve, en la hora presente cualquier intento de convocar una constituyente pasa por la acción o la intervención de otra rama del poder público, lo que constituye una garantía de que no estamos a las puertas de un abismo. Por ello, es la hora de las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, como lo ha sostenido el presidente Santos, no precisamente porque estén llamadas a gestar una ruptura constitucional, sino porque ellas conservan un extraordinario poder moral de persuasión –“moral suasion”–, para que todas las autoridades de la Nación actúen siempre en el marco estricto de la democracia.

Taponazo: Con los bolsillos vacíos, el Gobierno solo puede andar echando globitos.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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