La operación electoral Catatumbo

Mientras el Presidente pasea por el Medio Oriente, hablando de niños palestinos, ignora que en Colombia hay centenares de menores abandonados y con hambre en el ICBF. Su plan de perpetuarse en el poder sigue avanzando sin obstáculos, ejecutándose al pie de la letra. En las próximas elecciones, el mayor elector serán los grupos al margen de la ley, quienes están convencidos de que su negocio solo puede prosperar bajo el actual gobierno. Por ello, vemos a ‘pitufos’, “hombres Marlboro” y otros delincuentes actuar con creciente poder e impunidad.

La multiplicación de las disidencias, promovida por los procesos de paz del Gobierno, es la principal causa de la guerra en el Catatumbo, conflicto que inevitablemente se extenderá a otras regiones.

La característica distintiva de la denominada “paz total” ha sido la emisión de ceses al fuego sin condiciones claras. El primero, con el Eln, fue ordenado mediante el Decreto 2657 de 2022 y comenzó a implementarse el 1.º de enero de 2023. Posteriormente, se decretaron ceses con el ‘clan del Golfo’ (Decreto 2638 de 2022) y con las disidencias de las Farc desde octubre de 2023. Durante estos periodos, se ha permitido que dichos grupos amplíen su control territorial en más de 700 municipios de Colombia.

Las declaraciones del Comisionado de Paz, tras la captura de alias Araña, confirman la permisividad del Gobierno frente a las actividades ilícitas de estas estructuras armadas. En su intervención señaló, sin reparo alguno: “Todas las estructuras armadas viven de la ilegalidad, todas. Viven de negocios ilegales, y uno de ellos es el narcotráfico. No estamos ciegos; lo sabemos desde hace rato”. Estas palabras son una confesión velada de que el Gobierno no busca la paz, sino perpetuarse en el poder con la colaboración de estos grupos.

El crecimiento descontrolado de las disidencias ha llevado a la aparición de nuevos actores. De la ‘Nueva Marquetalia’ surgió la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; del ‘Estado Mayor Central’, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF); y del Eln, el frente Comuneros del Sur. Estas divisiones, incentivadas por los procesos de paz, han desencadenado luchas territoriales, como la que se vive en el Catatumbo, y otras que inevitablemente surgirán.

El Catatumbo ha sido históricamente controlado por el frente de Guerra Nororiental ‘Manuel Pérez’ del Eln, activo desde los años 80. La llegada de las disidencias de las Farc a este territorio ha generado un conflicto directo entre ambas estructuras.

Lo más alarmante es que esta fragmentación no se limita al Catatumbo. Las nuevas disidencias están irrumpiendo en regiones tradicionalmente dominadas por el Eln, como Casanare, Nariño, Cauca, Chocó y el sur del Tolima, buscando nuevos territorios para operar. Adicionalmente, los enfrentamientos no solo se dan entre las disidencias y el Eln, sino también entre las mismas disidencias, con disputas activas en Putumayo, Casanare y el sur del Valle del Cauca. En la costa Caribe, una lucha inminente entre disidencias y el ‘clan del Golfo’ por el control del narcotráfico amenaza con consecuencias devastadoras.

La crisis del Catatumbo ya ha dejado más de 100 asesinatos, 52.000 desplazamientos forzados, 32.000 personas confinadas y una crisis humanitaria sin precedentes. De continuar esta tendencia, veremos reproducirse “nuevos Catatumbos” en diferentes regiones de Colombia.

Lo anterior evidencia que es inconstitucional invocar el estado de conmoción interior, ya que esta crisis ha sido provocada, facilitada y profundizada por el propio Gobierno, que actúa como cómplice de la violación sistemática de derechos en el territorio.

LUIS FELIPE HENAO

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