La Universidad Nacional se quedó sola

Y aunque el nuevo rector ha sido claro, a través de varios medios que lo han entrevistado, en que no pide intervención militar en el campus universitario, las tergiversaciones no ayudan a solucionar la crisis por la cual atraviesa la UN, que se seguirá moviendo en tres escenarios: una posible reunión del Consejo Superior Universitario, los estrados judiciales y la protesta, que ojalá sea pacífica y no violenta y vandálica, como ha venido sucediendo.

En este último caso, hay que decir que la carta del señor rector Ismael Peña es clara al convocar a una reunión a los ministerios del Interior, Defensa, Educación, Secretaría de Seguridad de Bogotá, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital, frente a los hechos de violencia y de grandes riesgos que se vienen presentado dentro de la Universidad, en algunos casos protagonizados por grupos ajenos a la institución, como la primera línea.

Las respuestas, que en algunos casos tergiversaron su contenido, se orientaron a afirmar que ese era un problema que debería resolver la Universidad, alegando la supuesta “autonomía universitaria” que, según algunos, existe en este caso donde se presentan hechos violentos y delincuenciales dentro del campus universitario y desde el mismo hacia la ciudad en general.

Y aunque el rector en su carta no pide el ingreso de la fuerza pública al campus, en este caso nadie, absolutamente nadie de los que ponen la autonomía universitaria para no hacer nada frente a los hechos de violencia y delincuencia denunciados por el rector, ha mostrado la norma o ley que diga que las instituciones de seguridad y justicia no puedan actuar cuando en los campus universitarios se están cometiendo delitos. Es decir, que no pueden actuar cuando algunas personas están elaborando artefactos explosivos y otros caen muertos y heridos al manipular estos artefactos, o cuando se puso una alerta porque en el campus había un carro bomba, como ha sucedido en el pasado.

A quienes defienden la extraterritorialidad de los campus universitarios como parte de la autonomía universitaria, hay que preguntarles qué autoridades universitarias pueden realizar las labores de investigación criminal e inteligencia para enfrentar los hechos de violencia y delincuencia que se presentan en su interior. En este caso hay que reconocer que solo son las autoridades de seguridad y justicia las que tienen que responder frente a la comisión de delitos dentro de los campus.

Sin embargo, este poder de las autoridades legítimamente constituidas debe ser desarrollado con los instrumentos adecuados. Frente a estos hechos que alteran el normal funcionamiento de algunas universidades, la investigación criminal y la inteligencia son lo más adecuado y son la Policía y la Fiscalía las instituciones que deben asumir esta tarea, sin confundir intervención con ocupación.

Aquí se precisa del trabajo coordinado de las autoridades nacionales, municipales y universitarias, donde cada uno haga lo que le corresponde de la mejor manera y en el marco del Estado de derecho, respetando los derechos humanos.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ
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