Linchamiento

Petro se acostumbró a linchar las instituciones. Por eso, no hay sorpresa con esa andanada lanzada contra el Congreso de la República. Su razón de ser como presidente no ha sido otra que la de desconocer el Estado social de derecho, el sector privado y la separación de poderes consagrados en la Constitución de 1991. 

(Le puede interesar: Desastre nacional).

Se ha lacerado por parte del presidente y de su gobierno a la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Recuerdo cómo en febrero de 2024 se asedió el Palacio de Justicia debido a declaraciones altisonantes del presidente. Esta acción se daba por la presión a la Corte Suprema para que se eligiera fiscal general de la Nación.

Muchos colombianos consideraron en aquel momento este acto como un recordatorio de lo que había hecho el grupo delincuencial M-19, cuando en alianza con el narcotráfico se tomaron el Palacio de Justicia, como lo determinó el Informe de la Verdad realizado por la misma Corte Suprema en el año 2010.

En esta ocasión, el linchamiento le tocó al Congreso de la República. Es así como Petro, ante la angustia por el fin de su gobierno, por la soledad en el poder y por la inminencia del fracaso de su proyecto político, decidió emprenderla contra el Legislativo. La razón: no comprender lo que significa la separación de poderes ni la autonomía del legislador de aprobar o no las reformas que presenta el Gobierno.

La furia fue inminente. No se aceptó en la Casa de Nariño que ocho senadores de la valiente Comisión Séptima hubieran radicado una ponencia de archivo contra la reforma laboral, que no resuelve el problema de informalidad que se encuentra en el 59 %, que no fomenta la productividad y que, según el mismo Banco de la República, haría perder 450.000 empleos.

Pero más allá del rechazo, el edificio nuevo del Congreso fue invadido por protestantes que amenazaron a los congresistas, como lo señaló el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Los ataques personales en las redes contra los congresistas arreciaron. Todo esto en medio de un irracional mensaje de Petro en el cual señaló: "La Comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia".

Que un presidente llame a la violencia es algo inédito e inisible. Petro se equivoca de razonamiento al pensar que el hecho de haber sido elegido jefe de Estado le da el derecho de pasar por encima de las instituciones. El Congreso tiene una legitimidad democrática mayor incluso que la del jefe de Estado y no es notario de ninguna otra autoridad conforme al artículo 150 de la carta política. Debe recordarse que el margen de configuración del legislador existe y ha sido reconocido por la misma Corte Constitucional.

Por lo pronto, el presidente anuncia una consulta popular porque considera que el pueblo debe decidir sobre las reformas de salud y laboral. Olvida que ni siquiera ese mecanismo de participación ciudadana sirve para aprobar proyectos de articulado. Además, la aprobación de la consulta debe pasar por el mismo Senado que él menoscaba.

Ante cualquier vicisitud, debemos respaldar al Congreso, las cortes, las autoridades electorales, las instituciones y la tridivisión de poderes. El éxito de los saboteadores del Estado está precisamente en enviarnos la señal de que debemos demolerlo todo para reconstruirlo. Ese fue el camino de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No caigamos en la trampa.