La situación de EPM

Difícil la situación que se ha generado con la renuncia en pleno de la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Lo primero que hay que advertir es que, aunque se trata de una empresa municipal, con gran sentido de pertenencia en toda una región, su verdadera dimensión es nacional por ser la principal empresa de servicios públicos del país. En el caso de la energía, presta sus servicios a 5 millones y medio de hogares –desde Cúcuta hasta Armenia– que pronto serán 7 millones, cuando asuma los mercados de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. En ese momento tendrá el 35 % del mercado nacional.

La empresa requiere financiación para, entre otros objetivos, realizar inversiones por 3,2 billones de pesos durante los próximos cinco años en el Caribe, precisamente cuando la generación de recursos propios se verá afectada por los retrasos y sobrecostos en Hidroituango. Sobran las razones para buscar salidas al impase que causó la caída del precio de sus bonos y la rebaja en la calificación de Fitch.

El punto de fondo tiene que ver con el gobierno corporativo. En el mundo de hoy, los mercados financieros cada día le dan más peso a lo que hacen las empresas con el cuidado del ambiente al promover la reducción de emisiones de carbono, la responsabilidad social y, por último, el gobierno corporativo. EPM lo hace muy bien en los dos primeros frentes. En el último tiene varias tareas pendientes.

Se equivocan quienes pretenden atribuir esta crisis a una supuesta interferencia del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), cuyas empresas tienen, por cierto, un muy buen gobierno corporativo. Son istradas por profesionales que obligatoriamente se retiran a los 65 años –en medio de la plenitud de su gestión– para permitir un sano relevo en las organizaciones. Pero lo más importante es que sus juntas directivas están integradas por esos es profesionales y por una mayoría de independientes, que defienden las buenas prácticas empresariales.

Como parte del a la Ocde, Colombia tuvo que mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas del orden nacional. Un paso fundamental para eliminar la injerencia política en las decisiones fue retirar a los ministros de sus juntas directivas, que deben estar integradas mayoritariamente por independientes. Las propias juntas, apoyadas por firmas cazatalentos, y no el Presidente de la República o el ministro de Hacienda, eligen a los presidentes de las empresas. Así se procedió en el caso de Ecopetrol e ISA, para citar solo dos ejemplos recientes.

Las normas Ocde no impiden que los accionistas cambien las juntas directivas de las empresas. Eso fue lo que hizo el actual gobierno, por ejemplo, cuando en la primera asamblea general de accionistas de Ecopetrol cambió la junta directiva, prescindiendo de todos los que habían sido designados por el gobierno anterior, cuando se trataba de personas independientes de reconocida idoneidad.

Aunque se sacrificó innecesariamente una experiencia valiosa, nadie la criticó porque era parte de las reglas de juego en el contexto de una asamblea ordinaria de accionistas. Otra habría sido la reacción si se precipita una renuncia masiva y el Gobierno escoge una nueva junta de manera extraordinaria, como ocurrió ahora en EPM. Esto demuestra la importancia de contar con reglas y, sobre todo, respetarlas.

El gobierno corporativo de EPM se debe modernizar, en línea con los criterios de la Ocde. La empresa no puede ser un apéndice de la istración. Para ello se requiere una junta independiente que elija al gerente y a los demás cargos estratégicos. Así como ocurre en Bogotá, la junta no debe ser presidida por el alcalde.

Pero estas reformas tomarán un tiempo, y es necesario actuar rápido para restablecer el clima de confianza. Lo primero es dar garantías de un manejo empresarial y no político. Será necesaria la intervención del presidente Duque como amigable componedor, para que alrededor suyo, con la ayuda de la Ocde y de figuras nacionales que analicen el tema con serenidad, se llegue en pocas semanas a acuerdos básicos sobre las reformas de fondo y las medidas que debe adoptar la istración municipal de manera inmediata.

Mauricio Cárdenas