‘Modus operandi’

“Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, adagio popular que permite comprender que la Colombia Humana no responde a las necesidades de los colombianos, sino a caprichos y fobias personales, igual que sucedió con la Bogotá Humana.

Ambas istraciones han tenido el mismo estilo de liderazgo: radical, caprichoso, destructivo y sin método para construir sobre lo construido.

Igual al esquema de aseo en Bogotá, sucedió con la licitación de los pasaportes en la Nación. El exalcalde de Bogotá, hoy presidente de Colombia, hace una década vulneró servicios y derechos ciudadanos, así como legítimas expectativas de empresarios, proveedores y concesionarios, debido a la ideologización de los asuntos técnicos y al desconocimiento olímpico del Estado de derecho.

Los bogotanos recordamos cuando de manera arbitraria el entonces alcalde amplió el objeto social de la Empresa de Acueducto de Bogotá, vía junta directiva y no por medio del Concejo, como debía realizarse, bajo la excusa de “atajar” a los operadores privados que prestaban el servicio de aseo, según él, “mafias privadas”, y decidió que Aguas Bogotá, empresa pública, asumiera la recolección, barrido, limpieza y disposición de la ciudad.

La improvisada e irresponsable medida desató un caos de residuos y roedores que llevó a una emergencia sanitaria sin precedentes en Bogotá. Ello ocasionó sanciones de la Procuraduría, declaratorias judiciales de ilegalidad y la orden al Distrito de la Corte Constitucional de cumplir la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio por violación de la libre competencia.

Igual sucede con la licitación de pasaportes. Con la excusa de brindar mayor transparencia y competencia de proveedores al proceso, sucedió lo contrario: luego de publicar los pliegos para la licitación y adelantar la convocatoria, se declaró desierta supuestamente por tener un único proponente habilitado, argumentando que querían evitar pliegos “sastre”, afectando seriamente la expedición de pasaportes. Nada valió explicar que la Ley 80 permite adjudicar si hay un solo proponente. El propósito laudable de promover más competencia se habría cumplido revisando los pliegos antes de publicarlos.

Gracias al estándar de seguridad de los pasaportes colombianos, reconocido a nivel internacional, según parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), en las últimas istraciones logramos la eliminación del requisito de visados para los colombianos en varios países del mundo y mejor trato en los aeropuertos, gracias a portar un documento confiable.

Resulta extraño el afán gubernamental por desconocer esta licitación que cumplió condiciones exigentes y elevadas, luego de una histórica relación contractual de 17 años. Tampoco deberían sorprenderse los nuevos oferentes, ya que las exigencias han sido acordes con estándares internacionales.

Como paliativo a la emergencia, la Cancillería prorrogó un año más el contrato vigente, bajo la figura de urgencia manifiesta. A pesar de ello, la empresa que cumplió todos los requisitos publicados demandó.

Desconociendo las sugerencias de la propia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del equipo jurídico de Cancillería, el Presidente y el ministro rechazaron la conciliación y ahora el Estado asume el riesgo de pagar una indemnización de $ 117.000 millones al único proponente habilitado en la licitación inicial. ¿Quién responderá a los colombianos por estas pérdidas?

Fin del I acto: igual que con el aseo de Bogotá, cuando el alcalde tuvo que acudir a los operadores privados para restablecer el servicio, en el caso de los pasaportes, el Presidente tuvo que prorrogar un año más el contrato con la misma firma a la que le declaró desierta la licitación. Luego de prorrogado, ahora la Nación tendrá que indemnizar porque no quisieron conciliar.

¡Señor Presidente, usted juró gobernar en el marco de la institucionalidad! ¡Hacerlo al margen de esta genera enormes costos!

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

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