Todos queremos vivir sabroso

En los años 90, el programa de hogares comunitarios se convirtió en la alternativa para que millones de mujeres pudieran salir a trabajar, mientras lideresas de la comunidad se hacían cargo de sus hijos. Estando yo al frente del ICBF Cundinamarca, algunos empresarios de flores acudieron a buscar integración público-privada para fortalecer la iniciativa, de manera que los niños de sus trabajadoras pudieran estar protegidos, pues ya crecía el fenómeno de las mujeres cabeza de familia. Fue la semilla que germinó en guarderías y jardines infantiles en las empresas, lo que ha permitido garantizar a miles de niños atención en sus primeros años de vida.

Durante el aislamiento obligatorio decretado en razón a la pandemia del covid-19, millones de familias que derivan sus ingresos de la economía informal (cerca del 50 % de la población) se quedaron sin opciones para atender su alimentación y demás necesidades básicas. Se produjo entonces una oleada de sentimientos humanos positivos, como la solidaridad, que movilizó a empresarios, trabajadores y a todo el que podía a apoyar a los más vulnerables. Los subsidios del Estado llegaron para garantizar los puestos de trabajo y para aliviar a quienes no tenían ingresos.

Se alzaron voces sobre la necesidad de revisar los modelos económicos y de encontrar canales de mayor entendimiento entre el sector privado y el público, por cuanto quedó demostrado que la productividad empresarial es garantía de ejercicio de derechos para la sociedad; pero también de encontrar cómo incluir a quienes por vulnerabilidad se quedan rezagados.

Lamentablemente, ese espíritu de compartir, de ayudar sin importar diferencias con el otro se refundió rápidamente. ¿Cómo explicar la guerra de Rusia contra Ucrania, o el terrorismo de grupos ilegales en nuestro país?

La pobreza, la desazón y la incertidumbre dejada por la pandemia fue alimentada por un discurso político polarizante que desató protestas violentas y se mantiene en la campaña presidencial. Tenemos que tomar decisión entre dos modelos económicos y políticos totalmente opuestos. Hemos llegado al riesgo de rupturas institucionales que pueden descuadernar la economía, desestabilizar las instituciones y traer consecuencias económicas y sociales que obligarán a una mayor intervención del Estado con limitación de la libertad económica, la inversión privada, mayor dependencia de subsidios, más controles del Gobierno y, con ello, restricciones a la democracia.

A veinte días de la primera vuelta presidencial, son los sectores de la sociedad civil los que tienen la vocería para explicar a las mayorías, ancladas en los sectores populares, los riesgos del cambio de modelo político y económico que acecha sobre Colombia.

Ahora bien, es necesario acudir nuevamente a los sentimientos de solidaridad y de ayuda mutua que se despertaron en los momentos del confinamiento por la pandemia. Tenemos una inflación del 9,23 % que golpea con mayor dureza a los más pobres y vulnerables; grupos que, según el Dane, tuvieron variación de 11,26 y 11,07 %. Es decir, en los próximos días volveremos a las cifras en las que muchos hogares solo logran una comida al día.

Una vez más, el empresariado y el Estado son llamados a unir fuerzas y a demostrar que el modelo de libertad económica, de respeto a la propiedad privada funciona; que podemos encontrar las estrategias necesarias para que Colombia deje de ser uno de los países más desiguales de América Latina. Que sí cabemos todos: inversionistas que legítimamente producen, trabajadores que tienen estabilidad, emprendedores e independientes que se suman a la generación de ingresos de manera formal y los más vulnerables, que son especialmente protegidos por el sistema.

Es esta visión de bienestar colectivo la que nos garantizará mantener la democracia, pues todos queremos vivir sabroso.

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

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