Proceso de paz sí, ‘fast track’ no

Las propuestas realizadas por el Presidente ante la ONU son viables y pueden contribuir a la implementación del acuerdo de paz. Por ejemplo, la realización de obras que conecten a las regiones, la inversión en territorios y el cuidado de las tierras y la priorización de inversiones en municipios Pedt, son iniciativas importantes que pueden ser realizadas y NO requieren ninguna reforma legislativa sino, simplemente, la articulación interinstitucional.

Por otro lado, la idea de una especie de un Plan Marshall de inversiones productivas en lugares donde se produce hoja de coca puede ser desarrollada mediante el apoyo de la cooperación internacional y la empresa privada, y ayudaría a que regiones azotadas por la violencia puedan superar la crisis que sufren. Asimismo, la presentación de la selva amazónica a través del apoyo internacional es una iniciativa esencial para la protección del medio ambiente y puede implementarse a través de un sistema similar al usado con los bonos de carbono, pero a nivel internacional.

La siguiente propuesta: la ampliación del plazo de implementación del Acuerdo de Paz por siete años más, es absolutamente necesaria. Pese a que el Acuerdo Final fue suscrito en 2016, la demora en la expedición de la Ley Estatutaria de la JEP, hasta mediados de 2019, ha dificultado la compleja función de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de más de ocho millones de víctimas por hechos ocurridos en 50 años.

Si se mantienen los plazos legales, la JEP deberá culminar todas sus investigaciones en solo tres años, lo cual es imposible, pues de los once macrocasos abiertos apenas cuatro tienen imputaciones, y los tres más grandes se abrieron hace muy poco tiempo.

Asimismo, la reparación de las víctimas lleva menos de un 20 % de cumplimiento; el asesinato masivo de excombatientes (que va en más de 430 personas) y el desplazamiento de ellos de casi la mitad de los Etcr evidencia que la terminación de la vigencia de la aplicación de los puntos del acuerdo sería catastrófica frente a ellos y podría profundizar la situación inconstitucional de cosas, reconocida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU – 020 de 2022.

La última propuesta realizada por Petro, de crear un Sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto a través de un ‘fast track’ se parece a la propuesta del Gobierno sobre el metro subterráneo, y solo denota improvisación y desconocimiento. Es inviable, resulta totalmente irrealizable y genera el riesgo de perder el trabajo que han hecho justicia y paz en 18 años y la JEP en seis años, para embarcarse en un sistema incierto e insostenible institucionalmente.

Por ello, lo que debe destacarse de la propuesta es la necesidad de unificar criterios y simplificar procedimientos, pues no es legítimo que las víctimas tengan diversos derechos, de acuerdo al actor armado victimario. Ello solamente requiere del establecimiento de criterios básicos y reformas que perfectamente se pueden hacer por la vía legislativa ordinaria: 1. Integrar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el Acuerdo de Paz a la Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, la ARN, la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Ordinaria, para que no actúen como ruedas sueltas, como sucede actualmente; 2. Unificar las rutas de atención a las víctimas; 3. Simplificar los procedimientos de la JEP para que pueda dar resultados de manera más sencilla y; 4. Promulgar una ley de sometimiento realista para la desmovilización de los grupos organizados.

Todo esto no requiere ‘fast track’ en el Congreso ni asamblea nacional constituyente, solo voluntad política y eficiencia en su ejecución, y podría desatascar la implementación del Acuerdo de Paz. El ‘fast track’ no es del Legislativo sino del Ejecutivo, que se durmió en la ejecución de medidas para garantizar la paz.

LUIS FELIPE HENAO

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