¿Una tributaria que sopla los vientos del cambio?

Tienen razón quienes dicen que emprendemos una batalla perdida de antemano al compararnos con muchos de los demás de la OCDE. Pero es que estos indicadores son útiles, no tanto a la hora de medir nuestra posición frente al resto, sino, más bien, para trazarnos un norte hacia dónde apuntar nuestra política pública. Y es precisamente por eso que una de las mejores herramientas con las que contamos para evaluar la reforma tributaria, recién sacada del horno por el gobierno que se estrena en el poder, es juzgarla en relación con algunos de estos indicadores.

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Empiezo señalando que la OCDE acaba de darle un espaldarazo a la reforma, una noticia que, por cierto, recibió muy poca cobertura mediática. En líneas generales, se trata de una reforma que le apunta a aumentar considerablemente el recaudo, lo cual resulta acertado si tenemos en cuenta las siguientes cifras. En el 2021, Colombia recaudó el 19.7% del PIB en impuestos, mientras que el promedio de la OCDE fue 33.8 % y el latinoamericano de 22.9 %. Esta reforma pretende aumentarlo en 25 billones, es decir un 2.1% adicional. Esto desacredita a quienes alegan que la reforma aumentaría excesivamente los impuestos. 

Además, considerando que estamos frente al peor déficit fiscal de los últimos años, ¿no es inviable mantener tan bajos niveles de recaudo? Es cierto que demasiados impuestos golpean la competitividad, pero ¿no nos hace, incluso, menos competitivos desatender el déficit fiscal? Y, ¿no nos hace, a la vez, menos competitivos preservar semejantes niveles de desigualdad, que impiden al grueso de la población formarse y acceder a créditos, dejando viva la llama que suele prender el fuego de los estallidos sociales? El gobierno especula que con la reforma se podrían llegar a reducir más de dos puntos en el índice del GINI, que está en 40, y disminuiría la pobreza en un 4 %.

Segundo, mientras que, según el promedio de la OCDE, las personas naturales aportan alrededor del 70 % de los impuestos, en Colombia lo hacen las empresas. Y, ¿no ayuda, justamente, a enmendar esto la reforma con aumentos en tarifas al patrimonio, dividendos, ganancias ocasionales, pensiones mayores a 10 millones y al 2 % de los salarios más altos de manera progresiva? Mejor dicho con esta reforma quienes más pagarían son las personas naturales que más ganan. ¿No es esta la progresividad que dicta la Constitución?

Por supuesto que a la reforma no le faltan problemas, uno de los principales siendo que, aunque aumenta los impuestos a las personas de mayores ingresos, no los compensa con una reducción a los de las empresas. Tras el gobierno de Duque, el impuesto de renta de las empresas quedó en 35 %, mientras que el promedio de la OCDE es del 22 % y el de los países más ricos de la región, 27 %. Mantenerlo así, dese luego, nos afecta en términos de competitividad.

La OCDE también le dio el visto bueno a los impuestos saludables y ambientales de la reforma. ¿No es hora de que nos valgamos de los impuestos para fomentar prácticas más saludables y la protección del medio ambiente, en lugar de que estos hagan lo contrario? Es lamentable que haya estímulos para empresas cuyo crecimiento esté atado a la mala salud de los colombianos y al detrimento del sistema de salud. A la vez, las sobretasas al petróleo y al carbón, junto con exenciones a las energías limpias son una mucho mejor herramienta que cesar los contratos de nuevas exploraciones para encaminarse en dirección de la transición energética. El gobierno debe apuntarle a lo primero, más que a lo segundo.

En definitiva, juzgada a la luz de estas cifras, se trata de una reforma que requiere muchas enmiendas, pero que le apunta a garantizar la responsabilidad fiscal, a reducir la desigualdad y la pobreza y a incentivar buenas prácticas saludables y ambientales, como bien señala el informe de la OCDE.

SANTIAGO VARGAS ACEVEDO