¿Memoria o desmemoria en España?

Para ayudarme a salir del asombro que me causaba la tersura de la transición española de la dictadura a la democracia en España, a principios de los 80, un colega periodista me explicaba la ley de amnistía de 1977 en términos demoledoramente sencillos: “Los españoles decidimos dialogar en vez de darnos piñazos”.

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La resolución fue irable y, hasta ahora, ha servido para que los españoles gocen de una democracia parlamentaria vibrante, intensa, con acuerdos y desacuerdos, breves períodos de exuberancia y amenazas de ruptura, pero con estabilidad y alternancia en la gobernanza. El progreso ha sido enorme a pesar de las profundas divisiones ideológicas y regionales, como las que a diario surgen en los debates políticos entre conservadores y liberales, o nacionalistas y separatistas.

La convivencia civilizada, sin embargo, no ha evitado conflictos ocasionales. Tras dos años de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, España realizaba sus primeras elecciones libres desde los tiempos de la II República, cuando el Frente Popular ganó las elecciones de 1936.

Las tareas del nuevo gobierno, encabezado por Adolfo Suárez y respaldado por el rey Juan Carlos, eran delicadas y difíciles. Para facilitar la transición a la democracia, había que materializar acuerdos que resolvieran la grave situación económica del país, elaborar una nueva constitución política y abordar el complicado problema de las nacionalidades.

La solución del momento fue firmar pactos que incluyeran al Gobierno, la oposición, los sindicatos y las agrupaciones patronales, que abolieran las leyes fascistas de Franco, conciliaran los intereses de las nacionalidades regionales, primordialmente vascos y catalanes, y, sobre todo, permitieran instaurar una democracia parlamentaria donde todos cupieran.

Los pactos proponían la reconciliación nacional, ordenaban la libertad de los políticos encarcelados por la dictadura, indultaban a quienes se habían exilado, decretaban la nulidad de todo delito "cometido por autoridades, funcionarios y agentes del orden público" antes de 1976. En pocas palabras, ordenaban olvidar el pasado.

De entonces a la fecha, la convivencia civilizada no ha evitado el reclamo de sectores públicos y políticos de izquierda que consideran que los grupos de derecha más recalcitrantes han abusado de la inmunidad otorgada por la ley de la amnistía. Por ello, la izquierda en el Parlamento ha promovido dos leyes de Memoria Histórica, una en 2007 y otra que se discute ahora, que en su conjunto repudian el golpe de Estado de 1936; establecen que los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos, y exigen la actualización de los contenidos educativos para distinguir entre quienes impusieron sus ideas mediante la represión y quienes defendieron los valores democráticos.

El punto más delicado, sin duda, es declararles la nulidad de las condenas y sanciones de tribunales franquistas a quienes defendían la II República del golpe de Estado fascista, y nombrar a un fiscal especial que investigue las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Esto equivaldría a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977; y la derecha –el Partido Popular, Vox y Ciudadanos– se opone a cualquier revisión de la historia. La izquierda atribuye el surgimiento de Vox, el partido de extrema derecha semejante a la AfD alemana, la Liga Norte italiana o el Frente Nacional de Marine Le Pen, a esta versión ‘dulcificada’ del franquismo, y por ello hay que corregirla.

¿Usted qué piensa?

SERGIO MUÑOZ BATA